Colombia tiene la tarea de enfrentar y evitar actos de corrupción en las empresas y organizaciones, evidentes en desfalcos, colusiones, financiamientos ilícitos, lavado de activos, entre otros flagelos.
Una profesión protagonista de esta estructura son los contadores públicos. En Colombia existen unos 240.000 contadores públicos, según cifras de la Junta Central de Contadores, además 250.000 estudiantes, en 252 programas, de acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos de Colombia.
El primer desafío para estos profesionales es tener la capacidad de reaprender, es decir, después de haberse graduado deben seguir actualizándose en normas, conceptos, entre otros, indicó Pedro Luis Bohórquez, contador general de la Nación.
De ahí, la pertinencia del análisis de la Universidad Libre que indica que en los últimos cinco años 504 contadores han sido sancionados disciplinariamente por malos manejos y aplicación indebida de normas técnicas.
Las sanciones más comunes, de acuerdo con el estudio, son la suspensión del ejercicio profesional por tres meses a un año (90%); amonestaciones (6%); cancelación de la matrícula por faltas reincidentes (3%) y multas económicas (1%). Solo en 2017, la Junta Central de Contadores investigó a 1.200.
Con este antecedente, ayer, en el Club de Agentes de Policía en Bogotá, fue firmado el pacto por la transparencia y ética de los contadores públicos. “Nos comprometemos a no tolerar desviaciones, a evitar aceptar negocios que puedan dañar la objetividad y la buena reputación de la profesión”, puntualizó Flor Stella Quiroga, presidente del Colegio de Contadores de Colombia.
Un segundo reto para estos profesionales es convertirse en estrategas corporativos, tanto en el sector privado y público, dándole valor agregado a los negocios, facilitando la toma de decisiones. Evitar que se valgan del secreto profesional “para ocultar información en casos evidentes de malos manejos”, señaló Sara Avellaneda, profesora del programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre.
Y el tercer desafío es la falta de preparación de profesionales que distorsionan el mercado laboral porque se emplean por menos dinero o se prestan para acciones inadecuadas. El salario promedio de un recién graduado es de 1,7 millones de pesos y el rango se amplía hasta los 6 millones de pesos, según el análisis de la U. Libre.
“Esto exige una revisión de los currículos de los programas. Con mejor preparación académica, formación ética. Algunos no les gusta leer o no saben hablar bien. Se vuelven toderos y dejan de dimensionar las implicaciones sociales que tiene la profesión”, Quiroga .
