Desde febrero de este año entró en vigencia el Decreto 044. El sector extractivo colombiano ha manifestado en diferentes oportunidades su descontento porque este crea reservas naturales temporales y considera la suspensión de proyectos mineros que operen en esas zonas, como en Antioquia, lo que ocasionaría serios problemas económicos.
Así lo explicó la Asociación Colombiana de Minería en la mañana de este jueves 17 de octubre en rueda de prensa.
La preocupación del sector minero obedece a que el Decreto 044 señaló que, una vez una zona es declarada como reserva, se prohibirá la emisión de permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales en dicha área.
Uno de los puntos que más generó malestar fue el artículo cuatro. Dicho numeral establece que las áreas delimitadas pueden “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”.
De hecho, el Ministerio ya anunció una resolución que definirá una reserva temporal en Santander. Según la comunidad minera, podría ser de unas 78.000 hectáreas, lo que afectaría a unas 30.000 personas que viven del extractivismo en municipios como Vetas, California, Suratá, Matanza, Tona y Charta.
“Este no es un decreto que solo afecta a las compañías mineras, sino a todo un territorio”, dijo en rueda de prensa Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Por esa razón, el 16 de octubre, cientos de mineros santandereanos salieron a protestar en inmediaciones del Ministerio de Ambiente, en Bogotá.
El impacto del decreto 044 en Antioquia
Nariño advirtió que pronto podría salir una resolución para Antioquia, donde el impacto sería considerable si se tiene en cuenta que es una región que aporta el 70% del oro explotado del país.
De hecho, la minería paisa representa el 3,2% del PIB, y el 64% de las exportaciones del departamento son de minerales.
Según cálculos de la ACM, si se determinan áreas de reserva en Antioquia, se podrían perder alrededor de 2.000 empleos en proyectos mineros e inversiones por más de $6 billones, que jalonan los encadenamientos productivos.
El meollo del asunto es que el decreto no cuenta con estudios técnicos para definir una zona como reserva temporal, según la ACM.
Añadió: “El decreto no te dice en qué se faculta al Ministerio para reservar el área y suspender la actividad minera, mientras se hacen los estudios y se consulta a las comunidades y corporaciones autónomas”.
Eso se hará en un periodo prorrogable de 5 años. Luego el Ministerio determinará si las áreas son susceptibles de preservar ambientalmente. “Nos preguntamos por qué no hacen los estudios antes de suspender los trabajos 5, 10 o 20 años”.
Se sabe que hay varias demandas en curso contra el decreto. En abril de este año, la Procuraduría le solicitó al Consejo de Estado dejar sin efectos la medida en cuestión.
El ente, en cabeza de Margarita Cabello, pidió la suspensión porque, en su concepto, ya existe el Decreto 1374 de 2013, que delimita reservas de recursos naturales temporales y establece prohibiciones para el desarrollo de actividades mineras, es decir, que tiene el mismo fundamento legal del Decreto 044.
Genera incertidumbre para los inversores
La ACM argumentó que el decreto afecta a la inversión extranjera directa a raíz de la incertidumbre que supone para los inversores. A corte de agosto, esa inversión en Colombia para petróleo y minería se desplomó un 28% frente a los mismos meses del año pasado.
Agregó que la actividad económica para el sector minero está contraída en un 6,7% y que las exportaciones para el sector han caído.
Nariño señaló que la medida golpea no solo la inversión, sino la formalización, la generación de empleo y aumenta la ilegalidad en los departamentos.
Añadió que sostiene diálogos con el Gobierno, pero cuestionó no saber si son efectivos, porque “no ha cambiado nada”.
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