En medio del creciente debate por los altos costos de las tarifas eléctricas en la Costa Caribe y la reciente autorización por la Creg para que la Superservicios Públicos intervenga a la empresa Air-e, Acolgen, el gremio que agrupa a los generadores de energía en Colombia, salió al paso de las declaraciones del abogado Jaime Lombana, representante de la empresa comercializadora.
En varios medios de comunicación, Lombana criticó el manejo de las tarifas y señaló que las decisiones del gremio han afectado a los usuarios en la región. Incluso, dijo que la crisis financiera y operativa de Air-e es responsabilidad de los generadores.
“Lo que se ha venido presentando en los medios nacionales y regionales como una crónica de una crisis anunciada es el resultado de que durante meses los generadores han venido aplicando un sistema de venta de energía monopolístico llevándonos a precios de bolsa exorbitantes. Cualquier matemático simple sabe que no se puede mantener un negocio con esas condiciones”, expresó en micrófonos de La W.
Estas declaraciones de Lombana estuvieron precedidas por unas advertencias de Air-e, empresa de Alberto Ríos Velilla, encargada del servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira, al Gobierno nacional: los costos de la energía han alcanzado niveles insostenibles. Además, la compañía enfrenta una deuda millonaria y el aumento descontrolado de los precios en la bolsa energética agrava la situación.
La decisión del Ministerio de Minas y Energía se tomó luego de que Jaime Lombana, representante jurídico de Air-e, solicitara la intervención debido a la “falta de flujo de caja”. “Nadie puede mantener un negocio con un precio de $750 por kilovatio. Es un mercado insostenible, y ni Air-e ni el Gobierno han podido controlarlo”, afirmó
Qué dice Acolgen
En ese orden, Acolgen, mediante un comunicado, enfatizó su compromiso con la búsqueda de soluciones a la situación tarifaria en la Costa Caribe. El gremio recordó los esfuerzos conjuntos con el Gobierno y las empresas distribuidoras, como Air-e y Afinia, para ejecutar acciones concretas que alivien el costo de la energía para los usuarios. Un ejemplo de ello es el Pacto por la Justicia Tarifaria en 2023 y la renegociación de contratos durante el presente año.
Sin embargo, Acolgen destacó que, a pesar de estos esfuerzos, Air-e tomó una decisión que impactó directamente en los usuarios. “A diferencia de Afinia, Air-e decidió recuperar aceleradamente los saldos de la Opción Tarifaria en un plazo de un año, lo que resultó en un incremento de más de $260 por kilovatio hora para sus clientes”, señala el gremio.
Este ajuste, según Acolgen, es la principal razón por la que las tarifas en la Costa Caribe han aumentado más del doble en comparación con otras regiones del país.
Frente a las acusaciones de que Air-e no pudo adquirir energía a través de contratos y, por lo tanto, debió recurrir masivamente al mercado de energía en bolsa, Acolgen desmintió categóricamente.
Según datos de XM, operador del mercado eléctrico, la compra de energía en bolsa por parte de Air-e representó solo el 15% de su consumo en septiembre de 2023, y en 2024 este porcentaje se redujo al 8%.
Además, Acolgen defendió la transparencia del mercado de energía en bolsa, rechazando las acusaciones de manipulación de precios. “El comportamiento de los precios de la bolsa ha seguido los ciclos hidrológicos del país, reflejando la disminución de lluvias y el consecuente riesgo para los embalses”, explicó el gremio, destacando la importancia de cuidar las reservas de agua y aumentar la generación térmica en periodos de escasez.
¿Cómo se llegó a este punto?
Air-e le envió una carta al presidente Gustavo Petro diciéndole que le deben $1,8 billones. Este monto está relacionado con la facturación por el servicio de energía, la opción tarifaria y los subsidios para los estratos 1, 2 y 3. Según la empresa, estos recursos son fundamentales para seguir operando y cumplir con sus compromisos financieros.
El mayor problema radica en el incremento de los precios de la energía en la bolsa. En 2022, la empresa tuvo que asumir costos por $145 mil millones, pero esa cifra se disparó a $876 mil millones en 2023, de acuerdo con reporte de Air-e. Solo en septiembre de este año, Air-e pagó $211 mil millones en energía comprada en la bolsa, 1.000% más que en enero.
Bajo este panorama, se supo en medios y redes sociales que la compañía solo tendría plata para operar cinco días más, pero el empresario paisa Alberto Ríos Velilla, dueño de Air-e, le confirmó a EL COLOMBIANO que eso es impreciso, ya que los cinco días se refieren es el tiempo en que esperan una respuesta del Gobierno para llegar a unos acuerdos.
También expuso las razones de esta situación: “Las condiciones actuales del mercado, incluyendo los altos costos de generación y la volatilidad de la Bolsa de Energía, han puesto una presión considerable en la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras como se ha dado a conocer en los últimos meses”.
A renglón seguido, aclaró que sí están en conversaciones activas con el Gobierno Petro para encontrar una solución que permita garantizar la continuidad del servicio. “Se había mencionado que esperábamos un acuerdo de aquí al final de esta semana, es decir, en los próximos 5 días”.
Fuentes del sector aseguran que la situación de Air-e no es nueva. La empresa ya había advertido sobre la volatilidad del mercado energético y lo difícil que resulta comprar energía a precios razonables. Esto ha generado un aumento en las tarifas del servicio, afectando tanto a la compañía como a los usuarios, quienes se han quejado por los altos costos.
¿Quién tiene la razón?
Jorge Vergara Carbó, economista, magíster en Administración Pública, quien le ha hecho seguimiento a este caso, afirmó que, hoy, ocho años después de la intervención de Electricaribe, la historia parece repetirse con Air-e porque hay una presión para que se intervenga la empresa.
“Ríos Velilla y su abogado, Jaime Lombana, han desplegado maniobras para eludir responsabilidades, mientras buscan que el Gobierno asuma la deuda de la opción tarifaria y le inyecte recursos a la compañía”.
Incluso, dijo que desde abril del 2020 viene advirtiendo la mala jugada que hizo el gobierno de Iván Duque con la adjudicación a Air-e y Afinia para asumir el mercado energético del Caribe colombiano, como una forma de quitarse de encima el peso y pasárselo a privados.
“En 2020, expusimos cómo el sector eléctrico se encontraba en una crisis profunda, y afirmamos que la intervención de Electricaribe sería un error, sugiriendo que se debería esperar a que la empresa se declarara en quiebra. En lugar de ello, el gobierno decidió intervenir... Ahora, el mismo escenario se presenta con Air-e, y nuevamente el gobierno parece inclinado a intervenir, en lugar de esperar su quiebra. Los errores cometidos hace ocho años están a punto de repetirse, favoreciendo a empresarios que buscan socializar sus pérdidas mientras se apropian de las ganancias”, insistió el economista.
Con base en la información oficial de tarifas de la Superintendencia de Servicios Públicos para Air-e, desde 2021 hasta julio de 2024, considerando variables como las pérdidas de energía (PR), comercialización (C) y el costo unitario (CU), se infiere que el cálculo de lo facturado por Air-e en estos 43 meses se basa en el diferencial tarifario y los kilovatios a sus usuarios regulados.
Por lo tanto, desde enero de 2021 hasta julio de 2024, Air-e, que compró Electricaribe por $285.000 millones, ha recaudado $3,81 billones de los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena. Esto se debe a un régimen tarifario especial aprobado por el expresidente Iván Duque y los parlamentarios del Caribe en 2019, lo que aumentó en 20% el cargo por comercialización.
Entre los parlamentarios se encontraban Arturo Char, Efraín Cepeda, actual presidente del Senado; Mauricio Gómez, Carlos Meisel y José David Name.
Vergara Carbó agregó que, hasta julio de este año, excluyendo los tres primeros meses de 2020, Air-e ha facturado $3,81 billones por los sobrecostos que pagan los usuarios debido a las pérdidas de energía y los cargos de comercialización. Esta cifra es 46,5% mayor de lo que Alberto Ríos Velilla se comprometió a invertir cuando compró la empresa hace cinco años.
“Con este castigo, que ha sido consentido también por el actual gobierno que, si bien heredo este problema, en dos años de estar gobernando no ha sido capaz de eliminar ese régimen tarifario, y que en la práctica ha significado que los usuarios de Air-e le hemos pagado la supuesta inversión que ha debido hacer Air-e y Afinia, dado que la situación es muy parecida. El compromiso de Air-e es invertir del 2020 al 2025 la suma de $2,6 billones, y la de Afinia es de $3,2 billones”, detalló Vergara Carbó.
Además, según datos de la Superservicios y XM, Air-e ha recaudado $715.600 millones por opción tarifaria entre febrero y agosto de 2024.
Estos datos los confirmó Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, quien pidió una auditoría urgente para revisar las finanzas de Air-e, indicando que la empresa ya ha recaudado la mayor parte de los recursos de la opción tarifaria aprobada por el Gobierno. “Ya ha recaudado $720.000 millones de un total de $850.000 millones en menos de un año”.
En medio de esto, el Gobierno se comprometió a asumir la deuda de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, así como otorgar recursos de financiamiento a través de líneas de crédito con la banca pública a tasas de interés compensadas y con períodos de gracia de hasta 12 meses. Es decir, encargarse de la obligación de los $4,5 billones que le deben los usuarios a las comercializadoras, producto de los arreglos para mitigar el impacto de las tarifas durante la pandemia.
Pese a estos antecedentes el abogado Lombana insistió en que el detonante de la crisis son las generadoras de energía.
“Los usuarios pagan tarifas elevadas, pero el porcentaje de recaudación a la vez es muy bajo, hay un gran número de porcentaje de personas desplazadas que se asentaron y generan un problema profundo con variables (...) Quiero ser enfático en que la causa central de la crisis de Air-e es que responsabilidad de los generadores, si a ellos se les hubiera puesto un costo y unos controles sería diferente”.
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Peleas casadas entre comercializadoras y generadoras
No es la primera vez que entre comercializadoras y generadoras de energía se sacan chispas y culparse entre ellas sobre la responsabilidad de la crisis del sector de energía de Colombia.
En meses pasados, desde EL COLOMBIANO, se explicó que las altas tarifas en la Costa Caribe se deben a muchos factores, como el calor, la ineficiencia de los electrodomésticos, el cobro del alumbrado público, las inversiones que no hizo Electricaribe en su momento y que hoy deben asumir los demás comercializadores y a la abultada deuda de la opción tarifaria.
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Sin embargo, en esta presión al alza, los comercializadores están decididos a culpabilizar a los generadores de energía, quienes también se han sentido atacados y se empeñan en mostrar la ineficiencia de los comercializadores.
Y lo que más preocupa es que la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) no ha podido salir de su situación de interinidad, por lo tanto, no podría tomar decisiones como en estos momentos de crisis del sector energético en la Costa.
Hace tres meses, Santiago Posso, gerente general de Air-e, le dijo a esta redacción que “los comercializadores de energía emergen como los rostros visibles ante los consumidores, sin embargo, recae sobre ellos una carga desproporcionada. Mientras tanto, otros eslabones de la cadena apenas asumen riesgos mínimos en muchos casos inexistentes”.
Por eso, enfatizó en que los comercializadores son a los que les toca llevar toda la carga.
“Los generadores y transmisores, por ejemplo, gozan de una estabilidad financiera casi inalterable, porque sus costos y utilidades permanecen inmunes a las fluctuaciones del mercado. Son los comercializadores y distribuidores quienes, desde su estructura financiera, sostienen al usuario final asumiendo los riesgos de impago y enfrentando las inclemencias externas que puedan afectar la capacidad de pago de los consumidores”.
En este sentido, el exministro Acosta recalcó que, a partir de este mes, si se llega a limitar el suministro de energía—es decir, que una empresa distribuidora no le pague al generador—esto llevaría a una intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, lo que pondría en serio riesgo el servicio de energía para los usuarios.
Para el exministro Acosta, esta situación no es una sorpresa. A inicios de este año, Air-e ya había informado a las empresas generadoras que no podía cumplir con sus pagos debido a problemas de solvencia.
“En ese momento, el ministro de Minas y Energía intervino rápidamente, pidiendo una resolución que facilitó a las empresas el acceso a una línea de crédito con Findeter, lo que les permitió solventar su problema de liquidez”, recordó Acosta.
Los comercializadores también alegan que “algunos generadores en pleno Fenómeno del Niño prefirieron vender el 50% aproximadamente de su generación en bolsa, logrando con eso presionar el precio hacia arriba y especular”. A lo cual los generadores respondieron que ellos sacaron a subasta la energía y quienes la compraron allí lograron contratarla y no se vieron sometidos al vaivén de la bolsa.
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¿Y la intervención?
Hasta ahora se conoce que el Ministerio de Minas y Energía confirmó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) dio luz verde para intervenir a Air-e. La solicitud fue hecha por la misma empresa desde su área jurídica, alegando que solo tiene caja para operar durante cinco días más.
Además, Air-e buscaba esta intervención para poder seguir garantizando el servicio a sus usuarios sin interrupciones. Por lo momento queda por ver en qué términos se llevará a cabo la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos y cómo impactará a los usuarios.
“Hoy, tal como lo advertimos en 2020, Air-e está a punto de colapsar. Se repite la misma historia de corrupción y malas decisiones que llevaron a la quiebra de Electricaribe. El gobierno le ha regalado el mercado del Caribe a un consorcio sin músculo financiero ni experiencia técnica, y estamos condenados a ver cómo este ciclo de fracaso e intervención continúa”, concluyó el economista Vergara.
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