Esta decisión se tomó luego de que Jaime Lombana, representante jurídico de Air-e, solicitara la intervención debido a la “falta de flujo de caja”.
La empresa Air-e, de Alberto Ríos Velilla, encargada del servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha lanzado una seria advertencia al Gobierno nacional: los costos de la energía han alcanzado niveles insostenibles.
Además, la compañía enfrenta una deuda millonaria y el aumento descontrolado de los precios en la bolsa energética agrava la situación.
En respuesta a esta alerta, el Ministerio de Minas y Energía le reveló a EL COLOMBIANO que la Comisión de Regulación de Energía (Creg) definió la intervención de Air-e, luego de la solicitud de esta empresa para mantener el servicio y cumplirle a los usuarios.
A su vez, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, durante el debate de control en la Comisión Sexta del Senado, aseguró que se ha dado luz verde para intervenir a Air-e.
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“Hoy en la Creg aprobamos la intervención de Air-e. Este gobierno tiene la responsabilidad de asegurar la continuidad del servicio, y no permitiremos que el mercado siga tomando control sobre los derechos de los ciudadanos”, expresó Camacho frente a los congresistas.
Esta decisión se tomó luego de que Jaime Lombana, representante jurídico de Air-e, solicitara la intervención debido a la “falta de flujo de caja”. “Nadie puede mantener un negocio con un precio de $750 por kilovatio. Es un mercado insostenible, y ni Air-e ni el Gobierno han podido controlarlo”, afirmó Lombana.
El ministro Camacho agregó que “toda la presión ha recaído sobre la gente”, y por eso “debemos tomar medidas más contundentes mientras se expiden las resoluciones, que están muy cerca, para evitar el apagón del que tanto se ha hablado, el cual no vamos a permitir”.
Por eso, subrayó que “la intervención es el único camino posible”, ya que “cada vez que estamos cerca de una solución, nos demandan o impugnan nuestras decisiones administrativas. Incluso, como mencioné públicamente, un excomisionado de la Creg me ha demandado por las decisiones que estamos tomando”.
Además, advirtió que las acciones se implementarán “a lo largo de toda la cadena”, ya que “buscamos justicia tarifaria y entendemos que cada día es crucial”.
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La carta de Air-e
También esta redacción conoció que Air-e le envió una carta al presidente Gustavo Petro diciéndole que le deben $1,8 billones. Este monto está relacionado con la facturación por el servicio de energía, la opción tarifaria y los subsidios para los estratos 1, 2 y 3. Según la empresa, estos recursos son fundamentales para seguir operando y cumplir con sus compromisos financieros.
El mayor problema radica en el incremento de los precios de la energía en la bolsa. En 2022, la empresa tuvo que asumir costos por $145 mil millones, pero esa cifra se disparó a $876 mil millones en 2023, de acuerdo con reporte de Air-e. Solo en septiembre de este año, Air-e pagó $211 mil millones en energía comprada en la bolsa, 1.000% más que en enero.
Bajo este panorama, se supo en medios y redes sociales que la compañía solo tendría plata para operar cinco días más, pero el empresario paisa Alberto Ríos Velilla, dueño de Air-e, le confirmó a EL COLOMBIANO que eso es impreciso, ya que los cinco días se refieren es el tiempo en que esperan una respuesta del Gobierno para llegar a unos acuerdos.
También expuso las razones de esta situación: “Las condiciones actuales del mercado, incluyendo los altos costos de generación y la volatilidad de la Bolsa de Energía, han puesto una presión considerable en la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras como se ha dado a conocer en los últimos meses”.
A renglón seguido, aclaró que sí están en conversaciones activas con el Gobierno Petro para encontrar una solución que permita garantizar la continuidad del servicio. “Se había mencionado que esperábamos un acuerdo de aquí al final de esta semana, es decir, en los próximos 5 días”.
Fuentes del sector aseguran que la situación de Air-e no es nueva. La empresa ya había advertido sobre la volatilidad del mercado energético y lo difícil que resulta comprar energía a precios razonables. Esto ha generado un aumento en las tarifas del servicio, afectando tanto a la compañía como a los usuarios, quienes se han quejado por los altos costos.
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En ese orden, la prestación del servicio de energía a 2,5 millones de usuarios pende de un hilo en tres departamentos de la Costa Caribe (La Guajira, Atlántico y Magdalena), ya que los demás son atendidos por Afinia, del Grupo EPM, desde hace cuatro años, luego de la intervención de Electricaribe.
Además, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) emitió una circular con la que convoca para este lunes 16 de septiembre una audiencia pública sobre las tarifas de energía eléctrica en la región Caribe.
El llamado del Gobierno
Ante la gravedad de la situación, Air-e le ha pedido al Gobierno nacional que tome el control temporal de la empresa para garantizar el suministro de energía.
También se conoció que el pasado 30 de agosto, hubo una reunión de urgencia entre representantes de Air-e y el presidente Gustavo Petro para discutir posibles soluciones. Entre los primeros acuerdos está que el Gobierno asumiría la administración temporal de la empresa para implementar medidas que estabilicen el servicio en la región.
Ante esta situación, expertos en energía, como el exministro Amylkar Acosta, advirtieron que los problemas financieros podrían empeorar si no se toman acciones rápidas.
Acosta señaló que el retraso en el pago de subsidios a los estratos más bajos ha puesto a las empresas en una situación crítica, que podría afectar el suministro de energía. “Esto está abocando a las empresas a una situación de dificultad financiera, que puede derivar en una situación de limitación de suministro de energía”.
Por su parte, Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, pidió una auditoría urgente para revisar las finanzas de Air-e, indicando que la empresa ya ha recaudado la mayor parte de los recursos de la opción tarifaria aprobada por el Gobierno. “Ya ha recaudado $720.000 millones de un total de $850.000 millones en menos de un año”, indicó Alarcón a El Heraldo.
Problemas tras problemas
En meses pasados, desde EL COLOMBIANO, se explicó que las altas tarifas en la Costa Caribe se deben a muchos factores, como el calor, la ineficiencia de los electrodomésticos, el cobro del alumbrado público, las inversiones que no hizo Electricaribe en su momento y que hoy deben asumir los demás comercializadores y a la abultada deuda de la opción tarifaria.
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Sin embargo, en esta presión al alza, los comercializadores están decididos a culpabilizar a los generadores de energía, quienes también se han sentido atacados y se empeñan en mostrar la ineficiencia de los comercializadores.
Y lo que más preocupa es que la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) no ha podido salir de su situación de interinidad, por lo tanto, no podría tomar decisiones como en estos momentos de crisis del sector energético en la Costa.
Hace tres meses, Santiago Posso, gerente general de Air-e, le dijo a esta redacción que “los comercializadores de energía emergen como los rostros visibles ante los consumidores, sin embargo, recae sobre ellos una carga desproporcionada. Mientras tanto, otros eslabones de la cadena apenas asumen riesgos mínimos en muchos casos inexistentes”.
Por eso, enfatizó en que los comercializadores son a los que les toca llevar toda la carga.
“Los generadores y transmisores, por ejemplo, gozan de una estabilidad financiera casi inalterable, porque sus costos y utilidades permanecen inmunes a las fluctuaciones del mercado. Son los comercializadores y distribuidores quienes, desde su estructura financiera, sostienen al usuario final asumiendo los riesgos de impago y enfrentando las inclemencias externas que puedan afectar la capacidad de pago de los consumidores”.
En este sentido, el exministro Acosta recalcó que, a partir de este mes, si se llega a limitar el suministro de energía—es decir, que una empresa distribuidora no le pague al generador—esto llevaría a una intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, lo que pondría en serio riesgo el servicio de energía para los usuarios.
Para el exministro Acosta, esta situación no es una sorpresa. A inicios de este año, Air-e ya había informado a las empresas generadoras que no podía cumplir con sus pagos debido a problemas de solvencia.
“En ese momento, el ministro de Minas y Energía intervino rápidamente, pidiendo una resolución que facilitó a las empresas el acceso a una línea de crédito con Findeter, lo que les permitió solventar su problema de liquidez”, recordó Acosta.
Los comercializadores también alegan que “algunos generadores en pleno Fenómeno del Niño prefirieron vender el 50% aproximadamente de su generación en bolsa, logrando con eso presionar el precio hacia arriba y especular”. A lo cual los generadores respondieron que ellos sacaron a subasta la energía y quienes la compraron allí lograron contratarla y no se vieron sometidos al vaivén de la bolsa.
En medio de esto, el Gobierno se comprometió a asumir la deuda de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, así como otorgar recursos de financiamiento a través de líneas de crédito con la banca pública a tasas de interés compensadas y con períodos de gracia de hasta 12 meses. Es decir, encargarse de la obligación de los $4,5 billones que le deben los usuarios a las comercializadoras, producto de los arreglos para mitigar el impacto de las tarifas durante la pandemia.
Acusan a Ríos
En medio de la polémica, la revista Cambio reveló una investigación que señala que Air-e habría comprado energía a una empresa del conglomerado de Alberto Ríos Velilla (Air-e Generador) al doble del precio de mercado, a través de una subasta supuestamente manipulada.
De acuerdo con el reportaje, Air-e Generador fue el único participante en una licitación para un contrato de suministro de energía por dos años (del 1° de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2026). El precio pactado por kilovatio fue de $689, mientras que otras empresas lo venden a un promedio de $311.
Ríos respondió a Cambio asegurando que Air-e realizó tres convocatorias con las mismas condiciones en 2023, pero los generadores de energía no participaron, lo que llevó a que se declararan desiertas.
“En ningún momento se limitó la competencia”, afirmó Ríos, destacando que durante 2022 y 2023, Air-e ofertó la compra de 110.283 GWh, pero solo logró adquirir el 3% porque no recibió ofertas. Según él, el problema es que los generadores no venden energía a mercados de población vulnerable.
A pesar de las acusaciones cruzadas entre generadores y comercializadores, los usuarios son los más afectados, con tarifas tan altas que ya no pueden pagar.
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