La medida ha sido respaldada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. También la acompañó Jorge Eduardo Londoño, director de la entidad educativa.
Cerca de 445.000 estudiantes en etapa de prácticas profesionales se verían beneficiados en caso de que se apruebe la reforma Laboral que se discute en el Congreso. Esa es la cantidad de personas que se estima que en la actualidad tienen contrato de aprendizaje del Sena con alguna empresa, pero no reciben ninguna clase de remuneración económica por esa labor.
Aunque hay algunas empresas que le pagan un salario mínimo (incluso algunas un poco más), y la seguridad social a los aprendices que contratan, la mayoría no lo hacen. Sin embargo, eso podría cambiar en caso de que el Congreso apruebe el proyecto.
Entre los 73 artículos que se han aprobado en la primera discusión en la Cámara de Representantes, hay uno con el cual se pretende formalizar los contratos de aprendizaje que firman los aprendices y convertirlo en un contrato laboral a término fijo.
Esas medidas obligarían a todas las empresas del país a pagarles a los practicantes que tengan un salario mínimo y prestaciones sociales como salud y cotización ante los fondos de pensión. También deberían recibir el auxilio de transporte, que no llega a los aprendices que reciben sueldo en este momento.
La iniciativa fue respaldada por Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. Ella señaló que los aprendices son importantes en las empresas y que es necesario que sean contratados bajo buenas condiciones laborales. “No solo se reconoce el trabajo de los aprendices del Sena, sino que también se habla de la monetización”, aseguró sobre el proyecto.
Por su parte, el director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Jorge Eduardo Londoño, manifestó que cada vez se está más cerca de que el contrato de los aprendices sea uno laboral a término fijo. Eso también les permitiría que las prácticas que hagan cuenten como experiencia laboral.
Además, en la reforma se plantea que sería importante que todas las empresas contraten aprendices. De hecho, las que no lo hagan se expondrían a pagar multas de hasta 1.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que en este momento equivale a poco más de 2.3 millones de pesos, por cada aprendiz que dejen de contratar.
