La reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro estuvo en revisión de la Contraloría General de la República, que lanzó varias inquietudes. Con el proyecto, todos los colombianos pasarían a cotizar en Colpensiones sobre la base de hasta 3 salarios mínimos, y se crearían varios pilares, entre ellos uno para quienes no alcanzan a jubilarse.
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Para el ente de control, una de las grandes limitaciones del texto es la no inclusión de los regímenes especiales y exceptuados.
Esto, en el entendido de que “se llevan una importante asignación presupuestal equivalente al 39,3% del total de recursos del Presupuesto Nacional destinados a pensiones, es decir que de cada $100, se destina $40 a este tipo de regímenes, cubriendo el 17% de los pensionados del país”.
Sobre el pilar solidario, su reparo es que está disociado de la realidad del mercado laboral y es un subsidio de carácter asistencialista que estaría administrado por el Ministerio del Trabajo. En criterio de la entidad, el Gobierno ignora que hay entidades más idóneas y de experiencia para manejar dicho pilar.
En cuanto a los 3 salarios mínimos como tope para estar en Colpensiones, menciona que si bien reducirán los subsidios a las altas pensiones, de todas formas “se seguirían erogando recursos importantes por parte del Estado a un amplio número de ciudadanos que serán subsidiados”.
En otro de los apartados describe cómo “la reforma pensional, al igual que la laboral, no cuenta con políticas específicas para mejorar la afiliación y cotización de la ciudadanía en las regiones, pues en 23 de los 32 departamentos de Colombia los porcentajes de pensionados de su población son inferiores al 10%, lo que marca la brecha entre la discusión por los derechos y la materialización de estos en la realidad nacional”.
Así mismo hace llamados sobre las proyecciones de lo que costará el sistema una vez entre en vigencia la reforma, y advierte que la cantidad de afiliados empezaría a disminuir desde el 2036.
Por todo lo anterior, recomienda una revisión a Colpensiones, que recibirá casi 20 millones de personas más, principalmente a su capacidad operativa, administrativa y tecnológica en temas como las solicitudes relacionadas con historias laborales.
También insiste en la necesidad de evaluar a fondo el umbral para estar en Colpensiones (si deben ser 3 salarios mínimos o menos), así como la continuidad de las rentas vitalicias y dar mayor precisión sobre el “nivel de gasto público requerido en relación al acceso de los beneficiarios a cada uno de los pilares”.
