Durante el consejo de ministros de este lunes 7 de abril, el presidente Gustavo Petro y su gabinete abordaban las tarifas de energía en Colombia. En el espacio, tanto el Jefe de Estado como su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzaron duros ataques contra el sistema energético, EPM y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. También dejaron varios mensajes contradictorios sobre los proyectos renovables en el Caribe, y los embalses, por ejemplo.
Podría interesarle: EDP Renewables dice adiós a Colombia tras subastar maquinaria de sus proyectos eólicos
“Lo primero, es que el próximo 20 de julio se cumplen 30 años de este modelo (energético), que ha operado (...) en el marco de un modelo neoliberal (...) y tiene que cambiar y tiene que revisarse porque ha estado de espalda a los usuarios”, dijo Palma.
Según Palma, “el sistema no ve al usuario como un cliente”. Criticó que “apagar no es un derecho y es absolutamente lamentable lo que ha hecho Afinia”.
Palma recordó que Afinia es propiedad de EPM y aseveró que “el dueño de EPM prácticamente es Fico (el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez)” a quien acusó de líder de la oposición y de “apagar barrios completos”.
El sistema eléctrico que Petro quiere cambiar ha sido confiable por 30 años
No obstante, tanto el presidente como su ministro evitaban hablar de que, a pesar de desafíos como las sequías, los accidentes en centrales y en general el cambio climático, el país ha mantenido un sistema eléctrico confiable.
De hecho, Colombia es el único país que no ha tenido racionamientos en los últimos 30 años, esto al tiempo que no tiene los precios más altos, son precios apenas sobre el promedio de la región.
Encuentre: Gobierno adeuda $2,84 billones en subsidios de energía y gas: riesgo de cortes en varias regiones
El concepto de “seguridad energética” se ha reforzado con un marco regulatorio robusto que promueve la inversión en infraestructura gracias a las 6 subastas de energía firme bajo un esquema que técnicamente se llama cargo por confiabilidad, y consiste en una remuneración que se les paga a los generadores por garantizar la disponibilidad de energía.
Afinia y EPM esperan que les paguen deudas
Sobre Afinia, vale recordar que EPM invirtió $2,7 billones en cuatro años de operación de esa filial en el Caribe.
“Si comparamos esas inversiones con las que hicieron otras empresas en los últimos diez años, casi que las triplicamos, esas empresas invirtieron unos 900.000 millones de pesos”, destacó John Maya, gerente de EPM.
La cuestión que ha entorpecido la eficiencia de esa compañía obedece a dos situaciones: lo que recoge la empresa de recaudo y las pérdidas que supone.
Lea también: Generadores térmicos piden intervención de Superservicios por deudas de Air-e
De manera sencilla, Maya manifestó que mientras la empresa invierte $100 en compra de energía, solo recupera 78 pesos y pierde el restante.
El gerente sostuvo que hay seis municipios que llevan más de cinco años sin pagar el servicio a la empresa. Afinia buscó acuerdos de pago; sin embargo, siguieron incumpliendo. “Ya empezamos a tomar acciones”, sentenció Maya.
Una gran parte de esas acreencias corresponde al pendiente del Gobierno por concepto de subsidios en las tarifas de energía para estratos 1, 2 y 3. El saldo pendiente para Afinia es de $650.000 millones. Y para el Grupo EPM es de $1,2 billones.
Gobierno no dice nada sobre pago de deudas por subsidios
Volviendo al consejo de ministros, Edwin Palma evitó hablar de cómo será el pago de los $7,5 billones que el gobierno adeuda a empresas del sector energético por subsidios y otros conceptos.
“Vemos cómo cada día se apropian más recursos del Presupuesto General de la Nación, porque se han bajado las contribuciones de estratos 4, 5 y 6, algunos industriales y comerciales”, continuó.
Siga leyendo: Con duros mensajes en botellas contra Jorge Carrillo arrancó la asamblea de accionistas de ISA
El ministro habló de problemas como “estratificación”, el “robo de energía” o las deudas de “alcaldías y gobernaciones”, sin ahondar en la responsabilidad que le cae al gobierno.
Sobre la opción tarifaria, mencionó que fue un “invento” adoptado por el entonces gobierno de Iván Duque, que “además le dejo la deuda a los usuarios”. También insistió en que esa deuda no se pudo honrar porque se cayó la ley de financiamiento o reforma tributaria el año pasado.
En general, el Gobierno Nacional evitó achacarse responsabilidades y más bien apuntó contra empresas y gobiernos pasados.
Petro se olvida de las trabas a proyectos renovables
En el consejo de ministros se le escuchó decir al Presidente: “cómo es posible que el Caribe con tanto sol no tenga energía eléctrica, cómo es que el Pacífico junto al mar y con una cordillera tan alta como la occidental, cerca del mar, no tenga energía eléctrica y no hay embalses”.
No obstante, su comentario se olvida de las trabas que las empresas están enfrentando. Prueba de ello es que Colombia cerró 2024 con 33 nuevas plantas solares en operación, la mitad de lo proyectado
Además, según una encuesta de percepción de Ser Colombia, el 47% de las empresas no logró concretar sus inversiones en 2024, y atribuyen este resultado a tres causas principales. La primera de ellas son los retrasos en la obtención de permisos ambientales y técnicos necesarios para la declaración del Ready to Build (estado que da paso a la construcción) de los proyectos, incluyendo licencias ambientales, consultas previas, conexiones y trámites con operadores de red.
La segunda son las demoras para la adjudicación de puntos de conexión; y la tercera es la incertidumbre en la seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para la inversión en el país.
Otras causas mencionadas incluyen la dificultad de acuerdos operacionales por la superposición de proyectos con contratos de hidrocarburos; la falta de infraestructura eléctrica para las conexiones, y las barreras que enfrentan los actores para aprovechar los beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2014 (que regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional).
El rechazo a las hidroeléctricas
Otro cuestionamiento de Gustavo Petro fue que “todos los embalses están alrededor de Medellín y de Bogotá, y como es el mismo tema climático todos se secan al mismo tiempo, cuando debió haber embalses en la zona más lluviosa de Colombia”.
No obstante, el propio Petro ha sido un fuerte crítico del modelo de generación vía hidroeléctricas. “Lo que está pasando hoy es que ligaron la tarifa de la generación eléctrica por agua al gas. Esto sucede en bolsa, entonces las empresas hidroeléctricas ganan como si produjeran energía con base al gas. Pablo Escobar palidecería ante este negocio”, subrayó en agosto del año pasado.
En su momento, Acolgen, el gremio de las generadoras de energía, aseveró: “No estamos de acuerdo con tales afirmaciones, las cuales no representan el trabajo arduo y constante que durante tantas décadas han realizado las empresas con hidroeléctricas, las cuales han sido fundamentales para garantizar la seguridad y soberanía energéticas en Colombia”.
Los gremios del sector defienden que las hidroeléctricas son la mejor opción para garantizar una energía firme para el país. Ya que su operación es más económica que las termoeléctricas, su construcción es menos costosa que las plantas nucleares y suministran energía a gran escala, además, de producir bajas emisiones de gases contaminantes que contribuyen al efecto invernadero.
Son razones para comprender por qué normalmente la generación eléctrica del país depende en alrededor del 70% de las hidroeléctricas. Regiones del país no lo han pensado dos veces para levantar sus proyectos: centrales hidroeléctricas como Guavio, Urrá, Salvajina, Chivor, Calima, Alto Chicamocha, Hidromiel, Hidrosogamoso, Peñol-Guatapé, Ituango, San Carlos, Betania, El Quimbo. Son cerca de 30 en Colombia.
¿Doble vara con los manejos?
Si bien en el consejo se cuestionó el manejo de Afinia, paradójicamente ni Petro, ni Palma se refirieron a la polémica desatada por el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de ISA.
Esto último, aun cuando firmas cazatalentos especializadas advirtieron que no cumplía con los requisitos para tan importante función y lo dejaron entre los últimos evaluados.
Al final, por presunta orden del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, Carrillo terminó metido en la baraja final y siendo elegido presidente, gracias a los votos de los miembros de la petrolera en junta de ISA.
Un hecho ampliamente cuestionado incluso por accionistas de la empresa, quienes en la asamblea realizada hace unas semanas llamaron la atención sobre la forma en que se ha estado afectando el gobierno corporativo.
