La todavía ministra de Ambiente sostuvo que se trata del decreto 044 de 2024, que busca proteger áreas de las actividades extractivas.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, reveló que el Consejo de Estado frenó una medida cautelar interpuesta contra del Decreto 044 de 2024, que crea zonas de reservas temporales para protegerlas de actividades mineras.
La jefe de cartera, que presentó su renuncia irrevocable en plena crisis ministerial, celebró la decisión judicial y dijo que con este decreto se fortalece el ejercicio del sector ambiental en la protección de los recursos hídricos.
“Este decreto, en un esfuerzo conjunto con las autoridades del sector minero energético, busca garantizar una gestión integral y responsable del agua frente a la actividad minera”, apuntó en su cuenta de X.
Lo cierto es que el sector extractivo ha manifestado en diferentes oportunidades que ese decreto considera la suspensión de proyectos mineros que operen en esas zonas, como en Antioquia, lo que ocasionaría serios problemas económicos.
Según cálculos de la Asociación Colombiana de Minería, si se determinan áreas de reserva en Antioquia, se podrían perder alrededor de 2.000 empleos en proyectos mineros e inversiones por más de $6 billones, que jalonan los encadenamientos productivos.
La ACM advirtió el impacto sería considerable si se tiene en cuenta que es una región antioqueña aporta el 70% del oro explotado del país. De hecho, la minería paisa representa el 3,2% del PIB, y el 64% de las exportaciones del departamento son de minerales.
La ACM ya ha manifestado que ese decreto afecta a la inversión extranjera directa a raíz de la incertidumbre que supone para los inversores. A corte de agosto, esa inversión en Colombia para petróleo y minería se desplomó un 28% frente a los mismos meses del año pasado.
Por otra parte, Luis Fernando Barrera Martínez, presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (APMC), mencionó en su momento que el Gobierno Nacional no tomó en cuenta ninguno de los comentarios y sugerencias de los gremios sobre dicho decreto, anterior a su oficialización.
El líder gremial dejó ver su malestar, pues en su concepto, el decreto incluye medidas que golpearán a las compañías extractivas que cumplen con todos los requisitos legales, mientras que no cuenta con acciones claras para controlar la actividad informal, y que no se trata de un problema menor, pues obedece al 80% de la extracción de los recursos naturales, según cálculos de APMC.
Además, varios sectores mineros, como en Santander, se han llevado protestas en contra de ese decreto por afectar las actividades económicas de los trabajadores.
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