Según la secretaria del Tesoro, esto podría ocurrir el próximo mes.
Estados Unidos podría incurrir en un impago de su deuda a principios de junio, dijo a comienzos de esta semana la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, mientras los políticos forcejean por el aumento del límite del endeudamiento del gobierno.
El presidente Joe Biden, los republicanos y la economía de Estados Unidos entraron luego de esa advertencia en rumbo de colisión, pues la Casa Blanca remarcó que no negociará la ampliación del límite de la deuda del gobierno.
Pero, ¿cuál sería la consecuencia de un default o impago? El gobierno estaría impedido para pagar todo, desde los programas sociales hasta el ejército y, en lo que sería un golpe catastrófico a los mercados financieros mundiales, la deuda nacional.
Los líderes del Congreso fueron invitados a reunirse con Biden el próximo martes, pues los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, insisten en que extenderán el límite de la deuda si el presidente Joe Biden primero accede a realizar recortes en el presupuesto federal. La Casa Blanca ha dicho reiteradamente que no.
Esta posibilidad viene mencionándose desde comienzos de este año, y esto también significaría que el país, por ley, no pueda emitir más bonos para financiarse y, a menos que se llegue a un acuerdo con la oposición.
“De no logralo la superpotencia entraría oficialmente en default técnico, una situación con pocos precedentes en la historia reciente y que puede traer consecuencias de calado para un país cuya deuda ya supone el 129% de su PIB”, llamaba la atención en marzo El Economista de España.
Y es que si un país incumple sus deudas, se dice que cae en default. Lo que significa, en otros términos, que el gobierno es incapaz de pagar la cantidad debida a sus prestamistas. Esto puede ocurrir cuando los países son incapaces de cumplir con sus obligaciones para financiar sus presupuestos nacionales o devolver los préstamos de bancos, empresas o particulares extranjeros.
Según el portal Economía3, el default o la suspensión de pagos es un término comúnmente utilizado en el sector financiero para referirse a una situación en la que un deudor no cumple con sus obligaciones legales con sus acreedores según lo establecido en un contrato de deuda.
Los impagos pueden producirse en diferentes tipos de deuda, como bonos, hipotecas o préstamos. En términos económicos internacionales, el término «default» se utiliza a menudo para referirse al impago de la deuda pública de un país. En otras palabras, cuando un país decide no pagar su deuda externa.
Entre las consecuencias posibles del impago figuran algunas de corte internacional, obviamente económicas y políticas, así como para sus ciudadanos. La primera de ellas, es que el país puede quedar excluido de los mercados financieros internacionales, siendo rechazado para cualquier tipo de crédito. Y en algunos casos en los que logre acceder a créditos deberá pagar exorbitantes sumas solo en intereses. También estará sujeto a sufrir embargos y expropiaciones de sus activos en el exterior. En conclusión, el país se verá excluido de la economía internacional. ¿Le podría ocurrir esto a Estados Unidos?
“Es un deber constitucional del Congreso evitar el default”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jeane-Pierre. “Dado el poco tiempo que tiene ahora el Congreso, está claro que el único camino práctico para evitar el default es que el Congreso suspenda incondicionalmente el límite del endeudamiento”, estimó.
Además, el impago puede provocar una alta inflación e incluso hiperinflación, lo que puede ser perjudicial para la economía interna. Todo esto puede provocar la pérdida de confianza de los inversores y la fuga de capitales para futuras inversiones. Por último, es posible que los inversores no quieran comprar ningún producto financiero de ese país por temor a que se produzca otro impago en el futuro. Por último, el gobierno también perderá su credibilidad tanto a nivel nacional como internacional.
Joe Biden, precisamente, ya vivió una situación similar en 2011, entonces como vicepresidente de Barack Obama. Los republicanos se hicieron en las legislativas de 2010 con el control de la Cámara Baja, aupados por una ola contra el gasto gubernamental liderada por el llamado ‘Tea Party’. Su objetivo era conseguir que Obama aceptara recortes para compensar los 831.000 millones del plan de estímulo aprobado en 2009 para frenar los efectos de la crisis financiera.
