El Gobierno de Gustavo Petro ha hecho toda una apuesta por brindar contratos a las comunidades colombianas. De hecho, programas como Comunidades Conectadas y Comunidades Energéticas, así como el nuevo Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), dan cuenta del empoderamiento de organizaciones populares y Juntas de Acción Comunal (JAC) en la contratación estatal.
Si bien el Gobierno argumenta que es una forma de empoderar a las comunidades y de democratizar los diferentes sectores, los analistas y expertos en los campos de infraestructura, tecnología y comunicaciones y energía, tienen sus reparos al respecto.
Por el contrario, el presidente Gustavo Petro defendió que su idea es que el sector infraestructura deje de pensar que ese campo solo se trata de carreteras, pues considera que deben ser también sedes educativas, conectividad de fibra óptica e infraestructuras de transición energética, que le apunten a la nueva era de descarbonización.
Lo cierto es que su plan ya está en marcha, por ejemplo, el 15 de noviembre el Ministerio de Transporte anunció el reemplazó del Invías (Instituto Nacional de Vías) por el Invir (Instituto Nacional de Vías Regionales). Esa nueva entidad será la encargada de entregar los contratos a las organizaciones sociales o colectivos locales en cada municipio para adelantar la construcción de las vías terciarias.
Dicho decreto detalla que esa nueva entidad tendrá las facultades para la construcción, mejoramiento y conservación de vías y caminos veredales en todo el país. Apenas se conoció la decisión del Gobierno de otorgar ese contrato a organizaciones de acción comunal y populares, se generó malestar en el Congreso y en algunos gremios económicos ya que aseguraron que se abrió la puerta a la contratación directa en la construcción de esas vías terciarias, que representan entre 69% y 71% de las carreteras en Colombia.
Sobre esa preocupación, Cristina Vásquez, socia de infraestructura y derecho público de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz, sostuvo que el Invir se creó gracias a facultades extraordinarias que se aprobaron en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que aprovechó el presidente Petro para apuntarle al fortalecimiento de los caminos vecinales con contratos a las comunidades sin límite de cuantía y con modalidad directa.
“Esa contratación no atendería adecuadamente a los principios de la contratación estatal, porque la selección de los contratistas no respondería a los principios de transparencia, idoneidad, economía, selección objetiva y libre concurrencia, sino que se va a dejar al arbitrio del Invir”, dijo.
Otra reconocida firma de abogados con experiencia en el campo prefirió reservar el nombre y coincidió en que existen muchos riesgos con relación a las contrataciones directas con las comunidades, pues estas no tienen la experiencia ni contarían con las pólizas de seguros para amparar las construcciones. Hay dudas sobre quién respondería al Estado si los contratos no salen bien.
La intención del Gobierno más allá de empoderar a la comunidad es responder a las necesidades de las regiones más apartadas que enfrentan dificultades ante el mal estado de las carreteras destapadas y que empeoran sus condiciones ante las intensas lluvias.
Y es que según cifras del Invías, la red terciaria en el país es de unos 142.284 kilómetros y solo el 10% de esos caminos está en buen estado para ser recorridos. De hecho, uno de los argumentos del ministro de Transporte, William Camargo, es que las Junta de Acción Comunal se han visto en la obligación de atender las vías por su cuenta.
“Han hecho unos 140.000 kilómetros, pareciera que la palabra equidad no aplicara con ellos, mientras hemos visto como los contratos se siniestran por mala asignación y manejo de recursos”, sentenció el alto funcionario.
La abogada Cristina Vásquez reconoció que “en efecto las JAC han tenido que ejecutar en muchas ocasiones las obras con recursos propios y ahora lo harán con plata del Estado”, sin embargo, se debe tener en cuenta que no se conoce con certeza si dichas organizaciones cuentan con experiencia para administrar estos recursos y si disponen de la capacidad corporativa para ejecutarlos.
Añadió que otro punto positivo es que son las comunidades veredales las que tienen mayor certeza de las obras que necesitan, además porque enfrentan dificultades a diario para desplazarse y transportar sus productos agrícolas.
“El Invías tenía un manual de especificaciones técnicas, ojalá el Invir también lo tenga para que las comunidades puedan construir vías de buena calidad y que no se deterioren prematuramente y se pierda la inversión”, anotó.
Una propuesta para llenar ese vacío técnico la hizo Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). Sostuvo que el proceso debería contar con el apoyo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que ya cuentan con experiencia en la ejecución de contratos. El líder gremial explicó que el país cuenta con cerca de 68.000 pymes de ingeniería con la suficiente capacidad para participar en la construcción de esas vías veredales.
“Las pymes deben estrechar lazo con las comunidades y avanzar de la mano hacia el reto de los caminos veredales. Sería conducente, además, una veeduría, eminentemente técnica de la Sociedad Colombiana de Ingenieros”, comentó.
¿Y en energía?
Lo cierto, es que pese a los cuestionamientos, el Gobierno Nacional avanza firme en sus proyectos con las JAC.
A principios de este año, Gustavo Petro llamó a la acción comunal del país a construir una red de generación eléctrica en la que los usuarios sean propietarios del servicio público. Se trata de Comunidades Energéticas, que el Ministerio de Minas y Energía define como una posibilidad para que los usuarios de servicios energéticos puedan constituir comunidades y generar, comercializar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.
El programa ya cuenta con 1.609 postulaciones de interesados. De hecho, ya hay proyectos que avanzan con recursos por $2.000 millones en Jamundí (Valle del Cauca) y también $12.000 millones en Buenaventura.
Para la gerente de Erco Power, Adriana Paola Ascencio Riveros, la ventaja que tiene una comunidad energética es que es un habilitador de la penetración de energías renovables dentro de los mercados energéticos.
Esto porque cuenta con incentivos regulatorios, mayor facilidad en permisos de conexión y, a su vez, hay una participación colectiva y un beneficio de las comunidades para participar en el mercado. Resaltó que esta iniciativa no solo avanza en Colombia, sino que muchas naciones están viendo con buenos ojos las comunidades energéticas y como una puerta hacia una transición energética mucho más masiva.
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Sin embargo, Ascencio Riveros advirtió que se trata de una apuesta reciente que genera desconfianza en el mercado.
Comunidades conectadas
En su momento hubo críticas por la idea del presidente sobre que no se necesita un gran empresario para conectar un barrio a internet. Razón por la que está tarea podía ser asumida por residentes de la misma comunidad. Hoy, la propuesta opera con el nombre de Comunidades Conectadas y fue anunciada en julio por el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.
El programa busca llevar el servicio de internet por medio de las JAC y organizaciones similares a las zonas apartadas de Colombia. La inversión es de $80.000 millones y tiene como meta conectar a 74 municipios.
David Luna, senador y exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del gobierno de Juan Manuel Santos, ve con malos ojos la iniciativa y asegura que Petro se equivocó.
“Tender una red de fibra óptica es una labor que requiere tecnicismo, tender una red de microondas necesita experiencia, por ende, es fundamental aprovechar las compañías de telecomunicaciones locales que existen en los municipios del país y que perfectamente pueden realizar la tarea”, cuestionó.
Pronosticó que entregarle ese oficio a las JAC acarreará consecuencias para la conectividad . “Van a tener una esperanza, pero no cuentan con la capacidad para hacerlo”.
El exministro TIC propuso nuevas alternativas, por ejemplo, avanzar en la red de satélites bajos que hoy está a menor precio y prestando mejores servicios en Colombia. Considera que es una mejor opción para conectar a toda la ciudadanía que falta por el servicio.
