Con una caída de 79.000 empleos hasta agosto y amenazas a los subsidios del programa Mi Casa Ya, el sector de la construcción en Colombia atraviesa serios problemas.
La situación laboral en el sector de la construcción en Colombia está en una encrucijada. De acuerdo con Camacol, hasta agosto de este año ya se perdieron 79.000 puestos de trabajo, de los cuales la mayoría pertenecen a obreros y operarios que ganan un salario mínimo.
Pero eso es solo el comienzo de un panorama aún más sombrío: de aquí a diciembre, se estima que podrían desaparecer más de 200.000 empleos en la construcción.
La causa de esta crisis se debe a una combinación de factores que afectan directamente a la industria. Uno de ellos es la posible reducción en los subsidios del programa Mi Casa Ya para el 2025, que bajaría su alcance a solo 20.500 subsidios, lejos de los 50.000 que se esperaban.
A esto se le suma que una parte de estos subsidios ya están comprometidos, lo que hace temer una cancelación de ventas de viviendas a punto de terminarse. “Esta limitación en los subsidios afecta la venta de vivienda social, que es un motor clave en la construcción”, explica Guillermo Herrera, presidente de Camacol.
Pero eso no es todo. La industria también está lidiando con el impacto de los nuevos aranceles al acero proveniente de Perú y China. Materiales como el alambrón y la barra de construcción, que antes eran opciones accesibles, ahora están sujetos a impuestos que encarecen la construcción de viviendas.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sugiere que estas medidas, conocidas como el ‘Pacto por el acero’, terminan beneficiando más a los competidores externos que al mercado laboral colombiano.
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El impacto directo no solo se ve en los empleos, sino en el modelo de vivienda de interés social (VIS), que ha sido tradicionalmente un puntal de la industria.
Este año, Camacol prevé que las ventas de unidades VIS apenas alcancen las 55.000, una cifra que representa la mitad de lo que se vendió a comienzos de 2023. En cuanto a las nuevas construcciones, las estimaciones hablan de cerca de 100.000 unidades, niveles que no se veían desde 2011.
La combinación de estos factores podría traducirse en un impacto profundo en la economía y en la vida de miles de familias que dependen de la construcción.
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