Ahora bien, vale la pena señalar que en el Presupuesto General de la Nación para 2025 el Gobierno Nacional contempla un plan de austeridad, que permitiría sanear las cuentas fiscales.
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“El plan de austeridad del gasto del PGN 2025 busca impulsar una gestión pública eficiente y trasparente dirigida a acotar el crecimiento del gasto operacional sin afectar la capacidad institucional de las entidades del PGN para cumplir sus funciones, en especial las relativas a la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía. No se trata de gastar más sino de gastar mejor”, explicó el Ministerio de Hacienda en el texto.
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Uno de los puntos que trata el documento es obtener un mecanismo de ahorros operacionales, que permita al Ejecutivo “ampliar el margen de maniobra para elevar los gastos en formación de capital de forma sostenible, sin generar presiones de endeudamiento superiores a la capacidad de pago de la Nación”.
Todo este esfuerzo se enmarca dentro de la Ley 2155 de 2021, que obliga al Gobierno a obtener durante el periodo 2022-2032 un ahorro promedio anual de $1,9 billones a precios de 2022.
“En consecuencia, el ahorro logrado en 2023 y 2024 se debe promediar con los ahorros proyectados para años posteriores, de tal modo que se cumpla la meta anual antes mencionada” se lee en el documento.
De esta forma, para la vigencia del próximo año y, con base en el Decreto 199 de 2024, de austeridad por parte del Gobierno Petro, las entidades que conforman el PGN para el próximo año deben formular y ejecutar un plan propio de austeridad, con reducción de las transferencias corrientes que no puede ser inferior a 5%.
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“Cada entidad del PGN debe especificar la reducción de las transferencias corrientes en un monto no inferior al 5% anual, salvo las de rango constitucional, las correspondientes al Sistema General de Participaciones - SGP, así como las destinadas al pago del Sistema de Seguridad Social, los aportes a las Instituciones de Educación Superior Públicas y el cumplimiento de fallos judiciales, que forman parte del Plan de Austeridad”, puntualizó el texto.
Entre las medidas en las que deben reducir gastos las entidades están “racionalizar la adquisición de bienes inmuebles, tiquetes aéreos, la adquisición de vehículos y gastos de publicidad y papelería”.
La norma de austeridad también le obliga a las entidades a “priorizar la virtualidad en las reuniones de los funcionarios; así como limitar la compra de vehículos oficiales, únicamente cuando estos tengan más de seis años de antigüedad y su necesidad esté plenamente justificada”.
