“Colpensiones está preparada para recibir a millones de colombianos”. Con esta sentencia, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, hacía la rendición de cuentas de la entidad del 2023 el pasado 21 de marzo, en la que prometía que la administradora pública está preparada para asumir el reto de recibir a los 18 millones de colombianos que saldrían de los fondos privados, con la aprobación de la reforma pensional.
No obstante, un mes después, en un documento de 5 páginas, la Procuraduría General de la Nación sentenció que Colpensiones no está técnica ni administrativamente preparada para implementar un nuevo modelo pensional, según lo planeado.
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Entre los argumentos del órgano de control se destacan los riesgos operacionales y problemas de seguridad digital, por la falta de renovación del servicio de soporte, mantenimiento y actualización de software.
Así como procesos desactualizados relacionados con atención al cliente, asesoramiento, reconocimiento de derechos de pensión, gestión de registros laborales, manejo de pagos de pensiones, asuntos legales y médicos, entre otros.
Por estas razones, la Procuraduría advirtió que podrían surgir problemas con la información y los datos de los trámites realizados por los afiliados y pensionados. Además, la demora en operaciones y la antigüedad del sistema podrían aumentar el riesgo de fraudes o disminuir la eficiencia en la respuesta a los pensionados.
Luego, el pasado 5 de junio, la Procuraduría insistió en que Colpensiones no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas, “teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos, la ausencia de presupuestos, los tiempos que hay para la elaboración de contratos y los periodos de prueba necesarios, entre otros aspectos”, detalló el órgano de control.
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Incluso, William Rodríguez, el presidente del sindicato de Colpensiones, que está en huelga en este momento, enfatizó que esta entidad no está preparada para la transformación que se propone con el nuevo sistema.
Pero Dussán, ante medios de comunicación, ha reiterado que su entidad sí está preparada. Incluso, mencionó que tiene un contrato con ETB de Bogotá, Telefónica de España e Indra, así como un equipo de 126 ingenieros tecnológicos para tener todo listo.
Sacó pecho en su transformación digital porque dispuso el trámite de traslado de régimen electrónico, y logró 83.606 solicitudes en 2023. A su vez, el número de afiliaciones electrónicas efectivas ascendió a 66.387 a finales de 2023, lo que representó un alza de 15% frente a 2022. Estas cifras se dieron en medio de logros para la entidad con un superávit de $605.898 millones durante 2023, equivalente a un incremento de $264.798 millones (78%) respecto al 2022.
Según los datos más recientes, con corte a abril de 2024, Colpensiones tienen 6,83 millones de afiliados, de ese total, el 42,89% cotizó el último mes, es decir, son activos cotizantes; y el 69,7% lo hizo sobre 1 salario mínimo. A su vez, el número de personas pensionadas ascendió a 1,68 millones.
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Por lo tanto, uno de los puntos críticos que se le cuestiona a Dussán es la modernización tecnológica de Colpensiones, tras las denuncias del sindicato, que alerta del uso de métodos obsoletos, como hojas de Excel.
La insistencia de esta preparación es porque la reforma se implementará a mediados del próximo año, con un período de transición de dos años para que los nuevos usuarios decidan dónde quieren cotizar. A lo que Dussán subrayó que la colaboración con los fondos privados y el uso de tecnologías avanzadas harán este proceso más fácil.
Analistas pensionales, como Kevin Hartmann, insistieron en que la Cámara de Representantes no atendió la alerta de la Procuraduría, al igual que el Senado que la ignoró, antes de aprobar la vigencia para el 1 de julio de 2025, teniendo en cuenta que Colpensiones recibirá cerca del 80% de los afiliados de los fondos privados.
En ese orden, Colpensiones pasará de 6,83 millones a 22,12 millones de afiliados.
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Un panorama desalentador
Siguiendo la misma línea de la Procuraduría y el sindicato de Colpensiones, el abogado Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight y magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, sostuvo que Colpensiones, la entidad encargada de administrar el nuevo sistema, no está preparada para la monumental tarea que se le ha asignado.
Cuervo enfatizó en que Colpensiones deberá gestionar a más 20 millones de personas, incluyendo no solo a los afiliados y pensionados, sino también a los beneficiarios de subsidios para adultos mayores, como lo contempla el pilar solidario.
Esta cifra abrumadora contrasta con la capacidad actual de la entidad, que recientemente salió de un estado de cosas inconstitucional decretado por la Corte Constitucional hace más de una década. Esta crisis previa fue un claro indicativo de las limitaciones de Colpensiones para manejar grandes cargas administrativas.
Por eso, el abogado señaló que la reciente reforma, que busca implementar cambios significativos en el sistema pensional, está motivada por intereses políticos y electorales, más que por una planificación técnica adecuada.
Según Cuervo, la prisa del Gobierno por aprobar la reforma y empezar a entregar subsidios el próximo año, tiene como trasfondo las elecciones de 2026. Esto, según él, explica la aprobación en bloque y elusión del debate detallado en la Cámara de Representantes y el Senado.
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“La falta de capacidad técnica, administrativa y financiera de Colpensiones pone en riesgo la viabilidad del sistema. Nada haría pensar que una entidad que tardó 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social pueda ahora, en tan solo un año, asumir la administración de 20 millones de personas”.
Qué pasará con Colpensiones
Para Zuly Duque, consultora de Centro Jurídico Internacional, abogada, conciliadora judicial y extrajudicial en derecho y equidad, área del derecho Laboral y Civil, esta reforma marca un antes y un después en el sistema de pensiones tal como lo conocemos hoy.
“Es un cambio muy brusco a lo que estábamos acostumbrados millones de colombianos. Colpensiones deberá reinventar la administración y ejecución de los aportes realizados”, afirmó.
Colpensiones tiene hasta julio del próximo año para afinar detalles y adaptarse a la nueva legislación. “Debe aprovechar este tiempo para desarrollar políticas internas y proyectos que aborden la reforma de manera minuciosa. Es fundamental identificar fortalezas y debilidades para implementar políticas de prevención y lograr resultados positivos”, explicó la abogada.
Por su parte, Iván Camilo Jiménez, profesor e investigador del Observatorio Laboral de la Javeriana, destacó que Colpensiones seguirá realizando las tareas que ya domina.
“Va a administrar el tema de BEPS, el régimen contributivo, las cotizaciones a 2,3 salarios y el reconocimiento de pensiones”. Además, recordó que la entidad ya tiene experiencia en conmutación pensional, citando el ejemplo con la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).
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Sin embargo, la magnitud de la nueva carga administrativa es una preocupación real. “Colpensiones pasará a ser el principal reconocedor de pensiones del país, lo que incrementará significativamente la cantidad de pensiones a su cargo. Esto va a suponer un aumento en la carga administrativa y operativa muy relevante, lo que podría traer ciertas dificultades”, explicó Jiménez.
Sobre este tema, EL COLOMBIANO consultó a un trabajador y un exadministrativo de Colpensiones, los dos coincidieron en que, en este momento, la entidad no tiene las capacidades para asumir la carga que le impondrá el nuevo sistema, a menos que hagan inversiones en tecnología, planta física y más trabajadores.
“Hoy la entidad no está preparada para la llegada de 18 millones de afiliados, para un total de 24 millones porque la capacidad en infraestructura instalada solo es para los 6 millones de cotizantes y afiliados que tiene actualmente, es decir, las oficinas y el talento humano no está preparado”, insistió Carlos Buriticá, exgerente de Colpensiones en Manizales.
Calculó que para saber cuánto necesita la entidad hay que multiplicar los afiliados actuales por cuatro y así deducir lo que requiere en instalaciones, tecnología, bases de datos y contratación.
En la actualidad, Colpensiones tiene una planta de 1.200 funcionarios y con contratistas llega a los 2.500.
“Sí o sí tiene que actualizarse el robot que tiene la base de datos, ampliar o hacer más oficinas porque solo están diseñadas para 300 casos por día cada una, si con las que hay se presentan filas, imagínese con 24 millones de afiliados, eso representará una demanda alta en el incremento de trámites”, puntualizó Buriticá.
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Reconoció que el componente tecnológico de Colpensiones requiere muchas mejoras porque sí presenta fallas que se subsanan en la marcha. A su vez, enfatizó en que tendrá que invertir en compra de mobiliario de oficinas y equipos de tecnología.
“Para saber cuánta plata se necesita hay que multiplicar por tres el costo de la operación de Colpensiones que tiene el Presupuesto General de la Nación. Incluso por dos, si el nuevo robot es potente”.
Con base en las transferencias del presupuesto a Colpensiones que suman $153.714 millones para el 2024, las operaciones de la entidad en el nuevo sistema subirían a los $461.142 millones, como lo planteó Buriticá.
Y para conocer bien el rol de Colpensiones en este nuevo sistema es importante la creación del fondo pensional administrado por el Banco de la República.
“Se necesita que se decrete cuanto antes para determinar el manejo de los ahorros de millones de colombianos. Esto es lo que tiene en vilo a todo el pueblo colombiano”. Esto lo dijo la abogada Duque para referirse también al manejo que le dará Colpensiones a esta situación.
Duque insistió en que, aunque Colpensiones tiene la disposición y capacidad para enfrentar este reto, es crucial que en este año se dediquen a desarrollar políticas que determinen los factores favorables y desfavorables de la reforma. “Frente a los puntos menos favorables, es necesario que se presenten propuestas de solución”.
En esto coincidió el académico Jiménez, quien señaló que la rapidez con la que se pretende implementar el nuevo sistema es un factor en contra.
“La vigencia debería empezar en 2026 para dar dos años de preparación, pero parece que va a entrar en vigor en un año. Esto va a requerir un incremento significativo en la plantilla de personal y recursos, además de personal técnico especializado. Por ejemplo, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, no tiene experiencia en pensiones ni finanzas, lo que puede ser un obstáculo”.
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Esto lo afirmó porque una cosa es ser trabajador y otra es saber de pensiones, porque las pensiones hacen parte del sector de la seguridad social. Por eso, “tendrá problemas porque le faltará mucho personal y se enfrentará a una carga administrativa y operativa muy pesada. Este reto no solo afecta a Colpensiones, sino a todos los actores del sistema, ya que un cambio estructural tan grande en solo un año es muy difícil de manejar”.
Finalmente, la situación se complica aún más, según el abogado Cuervo, con la nueva configuración del sistema pensional, donde Colpensiones se convierte prácticamente en el único actor significativo.
“Los fondos de pensiones privados se reducirán a manejar los recursos de una pequeña fracción de la población, aquellos que ganan más de 2,3 salarios mínimos. Este cambio responde a un deseo filosófico y político del gobierno de concentrar toda la administración del sistema en una entidad pública”, concluyó Cuervo.
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