El pacto entre Chiquita Brands y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) era simple pero devastador: tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada.
Según la investigación “La sombra oscura del banano. Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado”, realizada por Fucude y la corporación Opción Legal, este acuerdo, documentado y entregado a la Comisión de la Verdad, facilitó la expansión del modelo paramilitar en Colombia, conectando a la multinacional con crímenes atroces en Urabá y Magdalena medio.
Le puede interesar: ¿Qué es Chiquita Brands, la empresa que debe indemnizar a víctimas de paramilitares en Colombia?
Según el informe, la primera reunión entre ejecutivos de Chiquita y Carlos Castaño, jefe de las AUC, se produjo a finales de 1996 o principios de 1997 en Medellín. En ese encuentro, se acordó que la compañía pagaría a las AUC a cambio de que estas protegieran sus operaciones y reprimieran cualquier tipo de protesta laboral por parte de los trabajadores bananeros.
Los pagos de Chiquita a las AUC se realizaban a través de un “elaborado sistema de organizaciones intermediarias” y se registraban en los libros contables de la empresa como “pagos de seguridad” o “servicios de seguridad”.
A pesar de que las AUC fueron clasificadas como una organización terrorista por el gobierno de Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos, Chiquita continuó pagándoles durante siete años.
Lea también: Chiquita Brands: los detalles de la condena contra la compañía que financió a paras y a la guerrilla en Urabá
Este negocio no fue fruto del desconocimiento. Los directivos de Chiquita sabían perfectamente de la relación entre las Convivir, cooperativas de vigilancia y seguridad, y los paramilitares. La Comisión de la Verdad explica en su volumen “No Matarás” cómo las Convivir fueron centrales en consolidar las relaciones entre los empresarios bananeros y los grupos paramilitares, tanto en Urabá como en el sur de Córdoba.
No solo se trataba de acciones contrainsurgentes; la violencia se extendió a los trabajadores de la industria bananera, reduciendo la protesta social y las huelgas a su mínima expresión.
Estos detalles se cuentan porque, en un fallo histórico, el Tribunal del Distrito Sur de Florida declaró este lunes a la multinacional bananera Chiquita Brands International responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar responsable de miles de asesinatos, desapariciones y otros crímenes atroces durante el conflicto armado colombiano.
La decisión del tribunal se basó en la evidencia presentada durante el juicio, que demostró que Chiquita Brands pagó a las AUC más de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004 a cambio de protección para sus operaciones en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia.
Lea también: Esta es la historia de Chiquita Brands: la bananera que financió al paramilitarismo
Más detalles de la relación entre la compañía y paramilitares
El informe insistió en que Chiquita registraba estos pagos bajo los rótulos de “pagos de seguridad” o “servicios de seguridad” en sus libros contables. Estos pagos continuaron incluso cuando las AUC fueron clasificadas como una organización terrorista extranjera por Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos.
Un sistema de organizaciones intermediarias ocultaba estos pagos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó este accionar de “moralmente repugnante”, destacando cómo la empresa financiaba a los terroristas que mataban a colombianos inocentes.
Las consecuencias de la financiación de Chiquita al paramilitarismo fueron devastadoras. Las AUC utilizaron el dinero de la empresa para financiar sus actividades criminales, que incluyeron asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas y desplazamiento forzado.
En Urabá, en particular, las AUC cometieron algunos de sus crímenes más atroces, con el objetivo de eliminar cualquier tipo de oposición a la industria bananera.
Le puede interesar: Chiquita Brands apelará veredicto que la declara responsable de financiar el paramilitarismo
A lo largo del proceso, Chiquita Brands intentó presentarse como víctima de extorsión por parte de los paramilitares. Sin embargo, las investigaciones concluyeron que los paramilitares estaban brindando un servicio de protección a la multinacional. Esta hipótesis de extorsión quedó descartada por el número de pagos (10 en total), la prolongación de la práctica (7 años) y las políticas de pago establecidas por la empresa. Además, Chiquita nunca denunció a las AUC ante las autoridades nacionales o internacionales.
La llegada de Chiquita a la región coincidió con la prohibición de huelgas y la “disciplina” de los trabajadores bananeros por parte de los paramilitares. Con el dominio del territorio por grupos alzados en armas y la reactivación de la industria bananera, la orden era clara: prohibir los paros. “¿La orden cuál era? Prohibir que los obreros de las bananeras hicieran paro. Y así se logró”, señaló el exparamilitar Hébert Veloza, conocido como HH, en su testimonio.
Además de controlar la protesta social, el objetivo de Carlos Castaño era someter a los grupos paramilitares de Urabá para tener control total de la zona, garantizando así el tráfico de cocaína y el comercio ilegal de armas. El informe detalla que Chiquita prestó su infraestructura y autorizó el uso de sus puertos privados para el ingreso de fusiles de los paramilitares. También se menciona que la empresa permitió el escondite de droga en los contenedores de banano, aunque Chiquita ha negado estas acusaciones.
La violencia en cifras y el juicio en Estados Unidos
Las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica son impactantes: las acciones violentas de los grupos paramilitares aumentaron de 178 en 1994 a 419 en 1995 en los departamentos de Chocó y Antioquia. Los homicidios también se dispararon, alcanzando más de 1.200 en 1996. Urabá se convirtió en la región más violenta de Colombia.
A su vez, este lunes, el Tribunal del Distrito Sur de Florida declaró responsable a Chiquita Brands por las consecuencias de sus relaciones con las AUC. El tribunal ordenó a la empresa pagar una millonaria indemnización a un primer grupo de víctimas, quienes probaron que sus seres queridos fueron asesinados por los paramilitares en el momento en que Chiquita los financiaba.
El fallo del Tribunal del Distrito Sur de Florida es un primer paso importante hacia la justicia para las víctimas del paramilitarismo en Colombia.
Le puede interesar: Así se gestó el pago de Chiquita Brands a los paramilitares
La decisión del tribunal ordena a Chiquita Brands pagar una indemnización a un grupo de ocho víctimas cuyos familiares fueron asesinados por las AUC durante el período en que la empresa financió al grupo paramilitar.
Finalmente, Chiquita Brands, una empresa multinacional dedicada a la distribución de plátanos, dejó de operar en Colombia debido a su implicación en financiar grupos armados durante el conflicto. En 2007, la compañía admitió haber pagado a paramilitares colombianos y aceptó una multa de 25 millones de dólares por hacer pagos a una organización terrorista.
Además, documentos descalificados revelan que Chiquita Brands también tuvo relaciones de pagos con guerrillas de izquierda como el Eln, las Farc y el Epl hasta su desmovilización en 1991. La empresa, que cerró sus operaciones en 2004, enfrentó acusaciones por su papel en masacres perpetradas por grupos armados en el Urabá y la región del Magdalena.
En resumen, a pesar de ser una de sus operaciones más rentables, la filial de Chiquita Brands en Colombia cesó labores en 2004 tras el descubrimiento de su involucramiento con los grupos paramilitares. “Realizamos pagos para proteger a nuestros empleados”, argumentó la compañía durante el proceso.
