En el último año, Colombia ha experimentado modificaciones en la metodología para calcular el Interés Bancario Corriente (IBC), base principal para la determinación de la tasa de usura.
Hay que recordar que la tasa de usura es el límite máximo que las entidades financieras pueden cobrar por un crédito. En el caso de Colombia, la tasa de usura se define como 1,5 veces el interés bancario corriente (IBC).
Estas modificaciones, implementadas por la Superintendencia Financiera, han resultado en una reducción acelerada de la tasa de usura, impactando notablemente el acceso al crédito formal. Y en la práctica funciona como un control de precios del mercado de crédito. Tal como lo sugiere la teoría económica, estos controles desincentivan la oferta de crédito.
Esta advertencia la dio a conocer esta semana el Centro de Estudios Económicos Anif, en su informe semanal titulado Cambios en la tasa de usura: ¿más colombianos en el gota a gota?
El documento precisó que, desde marzo de 2023, se eliminaron las tasas específicas para microcrédito, sustituyéndolas por cinco nuevas modalidades de crédito productivo tanto urbano como rural. Además, en julio del mismo año, se cambió el cálculo de la tasa de crédito de consumo y ordinario a un promedio ponderado por monto desembolsado, en lugar de un promedio simple. Este ajuste metodológico continuó con la inclusión de nuevos desembolsos en abril de 2024.
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Por lo tanto, estas modificaciones, según Anif, han tenido efectos profundos en el mercado financiero. La tasa de usura ha disminuido 5,58 puntos porcentuales más de lo que se hubiera esperado sin estos cambios, afectando el crecimiento de la cartera de consumo.
Tenga en cuenta que, de acuerdo con la Superintendencia Financiera, la tasa de usura para mayo es de 31,53%, una reducción en comparación de la que había en abril, que era de 33,09%. Así, la tasa máxima que le pueden cobrar a la hora de solicitar un crédito continúa cediendo.
Con base en estos porcentajes, actualmente, los bancos están desembolsando créditos de consumo con una tasa promedio de 21,78%, según las estadísticas que recopila la Superfinanciera. Hasta mediados de abril se habían dado 9,42 millones de desembolsos por un monto de $3,53 billones. Mientras que las tasas promedio de los bancos el año pasado era de 28,99% para esta misma modalidad.
Retomando el análisis de Anif, cada punto porcentual de reducción en la tasa de usura puede reducir el crecimiento de la cartera de consumo entre 0,26 y 1,1 puntos porcentuales. Esto significa que la cartera de consumo habría podido crecer entre 1,5 y 6,1 puntos porcentuales adicionales sin la modificación metodológica.
Es así como este tanque de pensamiento económico reveló que una consecuencia directa de esta reducción es la exclusión de un segmento de la población del sistema financiero formal. Aquellos con mayor riesgo, que son a menudo los más vulnerables, han visto limitado su acceso al crédito, obligándolos a recurrir al mercado informal del “gota a gota”.
“Este mercado, caracterizado por tasas de interés extremadamente altas y prácticas de cobro coercitivas, ha visto un aumento en la demanda debido a la falta de alternativas formales”, se lee en el informe.
Además, dijo Anif, se ha observado una disminución en el número de tarjetas de crédito activas. Desde la implementación de los cambios en julio de 2023, el número de tarjetas vigentes ha caído de 15,3 millones a 14,4 millones en marzo de 2024, una reducción del 5,9%.
La situación plantea un desafío significativo para las autoridades financieras, dijo Anif. Si bien la intención de los cambios en la tasa de usura es proteger a los consumidores de tasas excesivas, es crucial considerar sus efectos adversos sobre la inclusión financiera y el acceso al crédito.
“Un equilibrio cuidadoso es necesario para evitar marginar a sectores vulnerables de la población y fomentar una economía más inclusiva y dinámica”.
En conclusión, el informe de Anif indicó que, mientras la reducción de la tasa de usura tiene como objetivo proteger a los consumidores, los cambios recientes han demostrado que también pueden limitar el acceso al crédito y empujar a más colombianos hacia opciones de financiamiento peligrosas e informales. Es fundamental que las futuras políticas consideren estos efectos para promover un acceso equitativo y seguro al crédito formal en Colombia.
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