Puerto Carreño, un municipio en el oriente del departamento de Vichada, se quedó sin energía eléctrica por la falta de flujo de caja para continuar operando. La electrificadora local sostuvo que el problema financiero obedece a que el Gobierno Nacional no giró el respectivo subsidio de tarifas, pero, más allá de ser un caso aislado, sugieren que se trata de una debilidad financiera en las empresas distribuidoras y que podría acarrear casos similares en otras regiones.
La situación en Puerto Carreño es tal que unos 40.000 habitantes de esa municipalidad cumplen casi 24 horas sin electricidad. La Gobernación de Vichada manifestó que la coyuntura obedece a la falta de recursos del Gobierno Nacional, sin embargo, sostuvo que ya se viene trabajando en una solución.
De hecho, el propio Ejecutivo sostuvo que hará el desembolso de $3.000 millones a la empresa Electro Vichada para garantizar la continuidad del suministro de energía.
Causas del apagón en Puerto Carreño, Vichada
Adicional a esa situación, Electro Vichada argumentó que tuvo que soportar la generación de diésel con recursos propios que se generan del recaudo del suministro del servicio público. Ante la falta de los giros, Terpel no despachará más combustible para esa empresa hasta no solventar la obligación pendiente, y Refoenergy suspendió la generación de energía a base de biomasa por la falta de dinero, lo que ocasionó el actual corte de energía.
¿Cuál es la importancia de los subsidios?
Y es que estos subsidios resultan fundamentales para el funcionamiento de la energía eléctrica en Colombia. Estas ayudas son un soporte para las tarifas de los estratos 1, 2 y 3 en Colombia. Parte de esos auxilios son alimentados por una contribución cercana del 20% que proviene de estratos 5 y 6 (el estrato 4 no paga) y el restante lo pone el Estado.
Para Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, la demora en los pagos es una situación preocupante porque las empresas distribuidoras deben aplicar el subsidio a los usuarios en las facturas, es decir, hacen el descuento correspondiente, pero las compañías no están recibiendo la reintegración del dinero por parte del Gobierno, lo que ocasiona un faltante en la caja que se deriva en atrasos con sus proveedores y, por ende, un posible quiebre en su funcionamiento.
“En Vichada se llegó al extremo en que la deuda le afectó la caja, no tienen flujo y liquidez para cubrir con sus obligaciones operativas, pero una situación similar se presentó con la empresa Air-e, que no tenía con qué pagar la energía que le suministraban los generadores y llegó a su intervención. Estos dos casos son la punta del iceberg de una crisis financiera muy profunda que tienen todas las empresas distribuidoras del país”, advirtió.
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Según el exministro, es cuestión de tiempo que más empresas entren en crisis financiera si el Gobierno sigue demorando los pagos. La cuestión es que la afirmación de Acosta no se trata de algo nuevo. Incluso, XM, compañía que se encarga de coordinar el suministro de energía eléctrica en Colombia, dijo desde octubre de 2023 sobre una posible crisis para las comercializadoras de energía en el país.
Ese informe daba cuenta de que 36 compañías energéticas, el 38,7% del suministro energético en Colombia, podrían enfrentar problemas financieros por diferentes razones, como la inflación, el precio en bolsa y el desembolso de subsidios.
Varios creen que la premisa correcta es que el problema energético en Puerto Carreño es una “muerte anunciada”. Así lo describió Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), en conversación con EL COLOMBIANO.
El líder gremial contó que le envió una carta el año pasado a los ministerios de Minas y Hacienda previniendo que la falta del desembolso en auxilios iba a ocasionar situaciones iguales a la ocurrida recientemente en Puerto Carreño. Y agregó: “Es muy complicado ver que nos están cobrando que no pasó la reforma tributaria (de $12 billones), como si fuera algo que no se pudiera contener de otra forma”, cuestionó.
De acuerdo con Andesco, la deuda pendiente del mandato de Gustavo Petro en términos de subsidios de energía asciende a los $2,7 billones, y para el gas el pendiente es de unos $540.000 millones.
El meollo del asunto es que el gremio proyecta que, si el Gobierno no se pone al día con esos pagos, entonces podrían haber apagones por la insolvencia en empresas pequeñas que están en “cuidados intensivos” en regiones como el Putumayo, Vaupés, Guainía, del Chocó y en la Costa.
Ante la situación, el gremio tiene tres peticiones puntuales: que el Gobierno cumpla con la Ley 142 que ordena el desembolso de los subsidios ya entregados. “Si el Gobierno decide en un futuro no pagar esas ayudas, entonces tendrá que decirle a los colombianos que se les va a incrementar la tarifa a los estratos populares”.
Otro pedido es que el Ejecutivo priorice el presupuesto porque consideran que sin esas ayudas no se podrá evitar un apagón financiero de estas empresas. La tercera consiste en que el presidente Petro cumpla su promesa de asumir la deuda de la opción tarifaria, que es de unos $4,5 billones.
Demora en los subsidios de gas
Y es que parece que la falta en esas obligaciones no es una coincidencia. Recientemente, la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova) manifestó preocupación por el no pago de $54.000 millones correspondientes a los subsidios para el consumo de cilindros de gas para estratos 1 (50%) y 2 (40%) en Colombia.
Según Gasnova, el Ministerio de Hacienda todavía no ha girado los recursos y, de no hacerse el pago, se afectarían cerca de 675.000 personas pertenecientes a los estratos 1 y 2 en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, San Andrés Islas y los municipios del Macizo colombiano en el Cauca.
Alejandro Martínez, presidente de ese gremio, lamentó la situación y pidió al Gobierno tomar cartas en el asunto en la mayor brevedad posible tanto en los pagos de energía como en los de gas. Agregó que ya están expedidas las resoluciones de pago hasta octubre del año pasado, pero hasta el momento no se ha visto la plata.
Por ahora, es claro que hay una preocupación latente que ya tuvo un primer detonante. Advierten que no se trata de un caso aislado en el país, sino la muestra de la debilidad financiera de empresas del sistema energético por la demora en pagos.
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