La próxima semana comenzaría el alza del precio del diésel en Colombia, como lo anunció recientemente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como una medida para ajustar las cuentas del Gobierno Petro por la crisis fiscal que atraviesa.
Esta primera subida solamente aplicaría a los grandes consumidores, es decir, impactaría más o menos a 235 agentes que hoy consumen en el país por lo menos 20.000 galones de diésel al mes.
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La razón por la que tomó Bonilla este ajuste es porque el actual recorte de $20 billones del presupuesto nacional, que se hará quitando 5,6% por ministerio, amerita subir el precio de este combustible para no tocar el presupuesto. Y al no haber esos recursos para asumir el déficit, se acude a subir el precio para cerrar la brecha.
En esta primera fase, según el ministro Bonilla, se aumentará el valor del galón de Acpm para las grandes empresas consumidoras de este combustible en el país. Es decir, aquellas que pertenecen a los sectores petrolero, carbonífero, mineros y en el agro, especialmente para las compañías de caña de azúcar, que lo usan para abastecer sus trenes cañeros.
“En el 2022, el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) terminó con un déficit de $37 billones, que si no se resolvía en términos de cerrar las brechas de precios se tenía que resolver con el presupuesto, así quedó planteado”, precisó Bonilla.
Es decir, esta subida impactará de inmediato a las empresas que consumen más de 20 mil galones de diésel. “Ellas van a entrar a tener un precio actualizado”. En la actualidad, el precio promedio del galón del diésel es de $9.315. Su última alza se dio a mediados de abril debido a factores técnicos, principalmente al aumento del precio del etanol y biodiésel. La subida fue de $97.
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Sobre esto, la Asociación de Transportadores de Carga advirtió que esos consumidores de más de 20 mil galones de diésel tienen una fuerte incidencia en la actividad económica. “Por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) está dentro de este escenario”, dijo Ánderson Quiceno Sierra, director de la Asociación de Transportadores de Carga ATC, a medios regionales.
Por eso, el dirigente gremial espera cómo será el decreto por el Ministerio de Hacienda para calcular el verdadero impacto, “y saber si dentro de ese decreto también caen empresas de carga que tengan entre 8 y 10 vehículos dentro de las flotas”.
Esta alza se da por el déficit que persiste en Colombia por cuenta del subsidio del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc), en especial con el diésel, que ha permanecido estable desde pandemia. “Desde enero de 2020, e incluso antes de la pandemia, los precios de los combustibles quedaron congelados, eso quiere decir que desde hace cuatro años y cinco meses, no se toca el precio del diésel”, dijo Bonilla.
En ese orden, el faltante para cerrar dicho déficit es del diésel, “que es un poco más complicado”, ya que el de gasolina ya se cerró en los primeros tres meses del 2024. Según MinHacienda, el déficit en 2023 fue de $15,2 billones y con lo que se está haciendo este año cerraría en $12 billones.
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A renglón seguido, Sergio Cabrales, docente de la Universidad de Los Andes y experto en energía e hidrocarburos, precisó que, en Colombia, el precio del diésel debe subir alrededor de $3.900 por galón para evitar que el Fondo de Estabilización de Combustibles (Fepc) siga subsidiándolo, como lo plantea el ministro de Hacienda. “Esto representa un aumento de cerca del 40% con respecto al precio actual del galón de diésel”.
Además, el mismo ministro Bonilla ya sacó papel y lápiz con el impacto en la inflación y la estimó en 1,4 puntos más en el IPC del país en lo que falta del 2024. También se conoció que van a excluir del alza de este combustible a aquellas empresas que prestan servicios de vehículos de pasajeros en transporte masivo y a aquellas que transportan alimentos.
¿Cuál será el impacto en la industria?
El jefe de la cartera de Hacienda reconoció que, si hay problemas de caja en el país, hay que pensar en medidas dolorosas sobre “cómo ajustamos el déficit, eso no le gusta a nadie”. En este sentido, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, coincidió en que cualquier medida que se tome para disminuir o eliminar el subsidio al diésel, desde el punto de vista energético, social, económico y fiscal, es correcta.
“Esta es una medida que impactaría a actividades comerciales e industriales, que a partir de su expedición pagarían el producto a precio internacional y que impactaría a la pequeña y mediana industria, sector agroindustrial y algunas actividades de los sectores minero y petrolero, dado que la gran minería que consume combustibles ya lo paga a precio internacional”, explicó el experto.
Según sus cuentas, es una medida que impacta aproximadamente el 12% de la demanda de diésel del país, que está alrededor de los 145.000 barriles por día (un poco más de 6 millones de galones por día), es decir, sobre los 17.400 mil barriles por día en promedio (731.000 galeones por día).
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“Eso lo positivo, lo que puede ser un poco complicado es su control y que muchos de esos clientes dejen de consumir a través de sus distribuidores mayoristas, que son los que hoy los abastecen directamente y se empiecen abastecer de otros agentes como los comercializadores industriales y las mismas estaciones de servicio para evitar el pago de dicho precio internacional y que implicará controles y análisis adicionales de parte de la institucionalidad del país”, advirtió Vera.
Por otra parte, hace poco la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el informe económico ‘Sector de combustibles líquidos en Colombia: Evolución 2023 y perspectivas 2024–2033’. Entre sus principales conclusiones se encontró con que la distribución de combustibles líquidos generó $8,5 billones de aportes fiscales al país en 2023.
El gremio de hidrocarburos también reveló que, en 2023, el consumo de combustibles líquidos en el país experimentó un crecimiento moderado del 0,3%, en respuesta a la reducción del 2,5% en el consumo de gasolinas, mientras que se observaron aumentos del 3% y 2% en diésel y jet, respectivamente.
En este comportamiento influyeron el incremento del 48% en el precio de la gasolina corriente tras el desmonte del subsidio, la estabilidad en el precio del diésel, el aumento del transporte terrestre de carga y pasajeros, la necesidad de activar plantas de generación térmica, y la salida de aerolíneas de bajo costo del mercado.
Para 2024-2033, la ACP proyectó un crecimiento anual del mercado de combustibles del 1,8%, anticipando una recuperación en la senda de crecimiento económico sostenible a partir de 2024, y mayor adopción de tecnologías de bajas y cero emisiones. De esta manera, la gasolina crecería por el orden del 2% anual, el diésel también lo hará al 2% anual y el jet (combustible de aviación) al 4%.
El gremio estimó que la participación de los vehículos a gasolina y diésel continuaría siendo alta en 2032, alrededor del 90%, aun con un crecimiento importante en la entrada de vehículos eléctricos, con una participación del 12% de las ventas anuales 2024 – 2032.
Retomando a Vera, desde su concepto, esta medida correcta, así sea compleja en su impacto para algunos sectores, pero debería ir acompañada de iniciar los ajustes en el precio del diésel para uso automotor, de tal forma que el efecto sea mayor y realmente significativo en disminución de un subsidio que hoy le cuesta al país del orden de $1 billón por mes, por principio de igualdad y evitar otros problemas de posible desvío o ilicitud alrededor de la medida.
Asimismo, para el dirigente gremial Quiceno, las medidas sobre el combustible y, sobre todo, el tema del orden público, requieren “asamblea permanente en determinado momento a fin de evitar todo este tipo de situaciones”, es decir, estar en una reunión constante para evitar problemas.
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Agregó que lo que pasa es que el asunto del combustible es muy importante en esta época legislativa y políticamente relevante. “Todos estos temas que afectan al consumidor final son un gran problema que el Gobierno tiene que analizar con mucho cuidado”.
A pesar de estos ajustes de precio, la ACP prevé que en 2024 los agentes de la cadena alcancen una inversión total de $3,3 billones (12% superior a la registrada en 2023); que se destinará a ampliación de poliductos, ampliaciones de capacidad y adecuaciones en plantas de abasto y estaciones de servicio, transformaciones digitales, investigación y desarrollo para producción combustibles sostenibles, autogeneración solar, puntos de carga para vehículos eléctricos y estaciones de servicio de gas natural y GLP, y procesos de certificación carbono neutro.
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