El precio de los alimentos en Colombia se está moderando y la inflación comienza a enfriarse. Pero, ante las coyunturas climáticas, políticas y económicas que resultan cada día, cuando un dolor se alivia, empiezan a aparecer molestias por otro lado.
La tarifa por el servicio de energía muy posiblemente se encarecerá en la segunda mitad del 2023. Al menos esa fue la conclusión que los expertos dejaron en el Congreso de la Asociación Nacional de las Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), en donde además apareció nuevamente el fantasma del apagón.
Camilo Sánchez, presidente de la mencionada agremiación, manifestó que en el país se logró quebrar la tendencia de los precios galopantes en la electricidad. Y según el Dane, en el reporte de inflación para mayo, el valor de la energía aumentó 18.07% versus el mismo mes del año pasado, mientras que en abril ese incremento anualizado había sido de 19,49%.
En parte, esa desaceleración en los precios de la electricidad, según el líder gremial, obedece al Pacto por la Justicia Tarifaria, una iniciativa que promovió la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en octubre del año pasado, para disminuir el valor de las facturas a la que se unieron 82 empresas.
Para el momento en que se selló el acuerdo, los pagos estaban asfixiando a las familias más vulnerables del país y estaban clavando el dedo en la llaga de la inflación, pues los precios de la electricidad alcanzaban un descomunal aumento anualizado de 28,53%.
Pese a los esfuerzos que han hecho los prestadores del servicio, El Niño puede reversar lo que se ha logrado. Por ende, con la idea de proyectar que tanto le pegarán las tarifas al bolsillo de la gente, la atención de expertos y medios se durante el Congreso de Andesco se concentró en analizar el escenario que vendrá en el segundo semestre.
El Niño está confirmado
A pesar de que en mayo el presidente Gustavo Petro señaló que hablar de un eventual Fenómeno de El Niño era apresurado, el viceministro de Energía, Cristian Díaz, hizo notar que las agencias internacionales ya confirmaron que esto será una realidad y, en consecuencia, nuevamente asoman los temores entre ciudadanos y gremios frente a un posible racionamiento de energía, como el que ocurrió en 1992.
Es bien sabido que, después de la sequía que se vivió hace 31 años, acontecieron otras que el país administró gracias al aprendizaje que dejó el apagón en el gobierno de César Gaviria. Sin embargo, en el preludio de El Niño que llegará este año, hay una realidad adversa: varios proyectos de energías renovables —que debían entregarse para respaldar el parque generador— no entrarán en operación a tiempo.
El viceministro señaló que “los veranos en el país serán entre diciembre y marzo del año siguiente” y aseguró que “no hay riesgo de desabastecimiento”. Según el funcionario, “los escenarios que está haciendo XM como operador del Sistema Interconectado Nacional, muestran que, efectivamente, el sistema está preparado para afrontar un escenario de contingencia, que es un escenario de bajas condiciones hidrológicas, que para este caso hace el símil con el escenario 2015-2016”.
Como se prevé que los embalses mermarán, lógicamente las centrales hidroeléctricas no podrán atender la demanda, por eso, a Díaz le lanzaron la pregunta del millón: ¿subirán las facturas?
“Puede que se vea un incremento porque la tarifa tiene un componente de generación y la generación tienen dos subcomponentes (contratos y bolsa) y dado que los proyectos no han entrado en los últimos años, no tenemos suficiente energía para contratos”, expuso.
“Entonces — añadió— al tener una exposición al precio de bolsa, si este último sube por las condiciones del Fenómeno de El Niño, puede que parte de ello se vea reflejado en los incrementos tarifarios”.
El contratiempo es que el kilovatio/hora en el bolsa energética ha tenido variaciones sustanciales al alza en los últimos meses. De acuerdo con XM, en mayo, osciló en $575 y subió 149% si se le compara con abril y superó los precios más altos que se habían registrado en lo corrido de este año ($533).
En ese sentido, Díaz defendió que “en este mismo momento, el precio de la energía en bolsa no está disparado”, aunque reconoció que “sí hubo un incremento unas semanas atrás por un fenómeno seco que se vivió en el país y llevó a un mayor uso del recurso hídrico”.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, reconoció que la energía generada en las hidroeléctricas bajará, “eso significa que será necesario recurrir a otras fuentes de generación, y la energía térmica es más cara”.
“¿En qué estamos trabajando? En que otras alternativas de energía puedan entrar a funcionar simultáneamente con El Niño. Hay plantas solares que ya están listas para entrar, pero por supuesto que se van a impactar los precios”, agregó.
Una subida contagiosa
El costo de la energía es transversal, toda vez no hay ningún otro renglón de la economía que sea capaz de operar sin ella y su incremento puede transmitirse a los precios finales de los demás productos.
En ese orden de ideas, Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, apuntó que el peso de la energía en la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es menos del 3%. Por ello, desde su óptica, el incremento de las tarifas “va a afectar el bolsillo, pero desde el punto de vista del impacto a la inflación, todavía tenemos cierta tranquilidad”.
No obstante, enfatizó en que el valor de la electricidad sigue arriba de la inflación global nacional (12,36%), “eso trae problemas que seguramente se pueden agravar con el tema de El Niño”.
Piden mejorar la focalización de los subsidios a las facturas de energía en el país
El presidente Gustavo Petro fue el encargado de abrir la puerta a una potencial reforma en la ley de los servicios públicos. Y aunque gremios y expertos advirtieron que esa actualización al marco normativo no debe orientarse hacia la exclusión del sector privado en la provisión de energía y agua, sí están de acuerdo en que el punto vital es la asignación de los subsidios.
“Los mínimos vitales deben ser para las personas que no tienen los recursos, no es abrir una compuerta para la fuga de recursos del Estado, hay que saber focalizarlos y hay que llegarle al que no puede pagar, pero hay que denunciar al que se cuele, porque eso es quitarle la plata al que realmente la necesita”, comentó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
En ese punto estuvo de acuerdo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien comentó que “hay una focalización que no es progresiva, apenas el 20% de los subsidios le está llegando al 20% más pobre del país, hay que rediseñar le mecanismo de focalización y el problema actualmente está atado a los estratos socioeconómicos”.
“La herramienta de focalización por excelencia que es el Sisbén, eso permite que una persona de altos ingresos que está en una vivienda de estrato 2 y 3 no pueda recibir un subsidio, pero permite mantener los subsidios a personas de bajos ingresos que están en esos estratos. Aquí el tema es combinar los dos mecanismos, estrato socioeconómico y Sisbén y se tiene que hacer de manera gradual, no tiene que ser de inmediato, es imposible hacerlo de manera inmediata, pero sí se debe replantear en 3 o cuatro años para que los recursos lleguen a los más pobres”, añadió el especialista y llamó la atención en que también es necesario que el Estado cumpla con estos pagos a las empresas.
Las empresas comercializadoras en jaque por la plata que debe el estado y los usuarios
Durante la crisis socioeconómica que desató la pandemia en 2020, el gobierno de Iván Duque aprobó una opción tarifaria para que el valor de la factura energética permaneciera estable y se pudiera diferir el pago en el futuro. Sin embargo, en 2021 se desató la crisis inflacionaria que ha tenido a los hogares con el poder adquisitivo disminuido y, en esas condiciones, las electrificadoras optaron por no cargar en los cobros la porción que fue diferida hace tres años. Y en ese coctel fatal, la demora en el desembolso de los subsidios por parte del Estado complica el panorama.
Según Camilo Manzur, presidente de Asocodis, gremio que agrupa a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía, hoy ese sector está asfixiado.
“Hoy tenemos unas grandes dificultades financieras, existen $6,4 billones que no ha sido posible recuperar. ¿De dónde esa suma? Del déficit de subsidios, de la opción tarifaria, de la deuda de usuarios constitucionalmente protegidos (hospitales, estaciones de policía e instituciones educativas). De esos 6,4 billones, la opción tarifaria representa 4,6”, dijo.
El líder gremial dejó en claro que, con la llegada de El Niño, la situación se puede agravar porque, de continuar la exposición actual que el país tiene a los precios en la bolsa, el saldo rojo puede llegar $9,4 billones en diciembre y dejar a las compañías al borde de la bancarrota. En ese sentido, la pregunta es: ¿quién atendería entonces a los 16 millones de usuarios a los que esas compañías les llevan la electricidad?
Por ello, Manzur pidió que con la adición presupuestal que aprobó el Congreso ($16,5 billones), se apropien los recursos para subsanar el hueco que tienen actualmente las electrificadoras y no sea necesario cargar la deuda en las facturas.
¿No se estatizarán los servicios?
El presidente Petro intentó tomarse las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aduciendo que las tarifas energéticas estaban afectando a los usuarios. Desde allí, el gobierno ha dejado ver su interés de poner en el centro de la provisión de servicios al Estado.
Las empresas pidieron no ser excluidas y no cambiar el rigor técnico por criterios políticos que pueden llevar a un apagón, como en 1992 cuando los servicios carecían de un marco estricto. Ante ello, Darío Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, manifestó que la idea del gobierno no consiste en estatizar los servicios públicos sino en democratizarlos.
