Colombia actualmente se enfrenta a una situación compleja en cuanto a la producción de energía y gas, pues no habría suficiente oferta para atender el crecimiento de la demanda en el mediano y largo plazo.
Según gremios del sector, desde 2010 el país ha perdido más de la mitad de sus reservas de gas, y muchos proyectos de energía presentan retrasos. Esto, mientras el consumo de electricidad de los colombianos está creciendo más de lo proyectado.
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De hecho, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) estima que hoy el consumo real de electricidad está creciendo por encima del 5% anual, es decir, el doble de lo proyectado.
Sobre esta situación y los retos que se vienen, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), habló con EL COLOMBIANO.
Son varios los gremios que están alertando sobre el déficit de gas que sufrirá el país desde el próximo año, ¿cuáles serían las opciones para enfrentar estos faltantes?
“La gran problemática que tenemos hoy en día es que estamos viendo faltantes tanto de gas como de energía a partir del 2025 hacia adelante. Entonces, la situación es crítica porque el próximo año comenzaremos a ver déficits del orden de 50 millones de pies cúbicos, que vienen siendo un 4% o 5% del total de lo que producimos y lo que consumimos en el país.
Sobre las medidas, además de lo que ha mencionado el ministro de Minas y Energía sobre la posibilidad de una mayor producción de gas, consideramos que se debe tener mayor facilidad para importar gas desde la regasificación de Cartagena. Esta planta fue construida para entregar 400 millones de pies cúbicos de gas día para las térmicas Tebsa, Termocandelaria y Prime Energía (antigua TermoFlores); y durante el fenómeno de El Niño aumentó su capacidad a 450 millones de pies cúbicos día, como parte de las medidas temporales adoptadas por el Ministerio.
Desde el lado de energía, estamos viendo huecos o déficits porque la subasta de cargo por confiabilidad, que se hizo recientemente, vinculó únicamente renovables y esa energía no alcanza para abastecer toda la demanda a partir del 2028. Por eso se requiere hacer una segunda subasta de expansión, donde se invite a los agentes, tanto existentes como nuevos en el mercado, a que construyan plantas, pero estas no pueden ser solo de renovables, también debe haber generación térmica e hidráulica.
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Tenemos cerca de 600 megavatios térmicos que están atentos a las señales de expansión”.
El Gobierno ha dicho que el potencial de gas offshore (costa afuera) puede darle tranquilidad al país, ¿este sería suficiente?
“El problema es que las fuentes de producción offshore son más costosas. Pasarse solo a estas puede provocar un aumento en las tarifas del orden del 20% o 25%.
Tanto el gas como la eólica offshore son fuentes energéticas mucho más costosas. Sacar gas en tierra es una cosa y otra muy distinta es perforar columnas de agua de 3.000 metros de profundidad para comenzar a taladrar.
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El mensaje al Gobierno es que no se pueden descartar las fuentes convencionales de gas, ni podemos dejar de hacer exploración o de utilizar fuentes como el fracking”.
Ustedes también están pidiendo revisar marco tarifario de energía...
“La fórmula tarifaria, que es el costo unitario de prestación de servicio, es bastante flexible. Los diferentes componentes, como la generación, la comercialización y la transmisión, están previstas para que se puedan hacer ajustes, ni siquiera con cambios regulatorios, sino simplemente con el mismo accionar del mercado.
Pero esto no quiere decir que no haya necesidad de ajustar la fórmula como tal, porque el esquema tarifario que tenemos es de hace más de 10 años. La Creg también tiene que revisar esto y mirar cómo se van a remunerar los diferentes eslabones de la cadena”.
Siete empresas del sector llegaron a un acuerdo con el Gobierno para bajar las tarifas de energía entre un 4 y 20 %, ¿cómo va eso?
“Con ese acuerdo lo que se busca es decirle a las empresas distribuidoras y comercializadoras como, ‘mire, yo como Nación tengo disponible esos $2,7 billones, pídame plata prestada y le doy una gabela de seis meses mientras tramito una ley para condonar la deuda’. Entonces, el compromiso de las empresas es que, tan pronto se desembolsen los recursos, le quitan a los usuarios ese componente de la tarifa.
El problema que estamos viendo con esto es que nos falta un paso, que es que se tramite una ley en el Congreso que sostenga que la deuda de las empresas con Findeter se condona y que la Nación lo asume. Pero eso no se ha dado.
El compromiso de las empresas está, pero la demora para que las tarifas de los usuarios bajen es la velocidad con la que se desembolsen esos recursos”.
¿Cuáles son las expectativas frente a la reforma a los servicios públicos?
“Hasta el momento han salido muchos borradores, pero todavía no tenemos una posición porque no se ha radicado todavía ante el Congreso. Lo que hemos visto es que el Gobierno quiere ajustar la ley para modificar el esquema tarifario. Y lo que nosotros decimos es que no se necesita una ley para hacer ese tipo de ajustes. Lo que se necesita es una Creg empoderada y funcionando, para que tomen decisiones desde el punto de vista tarifario.
