Las pequeñas y medianas distribuidoras de gasolina que tiene Colombia, que son el 70% de las cerca de 6.000 en operación, estarían en riesgo de quiebra con el nuevo reglamento técnico del Gobierno Nacional que comenzó a regir el pasado 30 de marzo y busca dar mayor seguridad a las operaciones de combustibles.
Así lo afirmó la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo), gremio que advirtió que si bien no se opone a tener estándares más altos para la prestación de esos servicios, las adaptaciones y mejoramientos que exige el nuevo reglamento implicarían nuevas inversiones a cargo de los distribuidores minoristas de combustibles, que superarían los $200 millones por estación.
Por esta razón Fendipetróleo ha hecho una serie de reclamos al Gobierno Nacional, solicitándole la suspensión inmediata de dicho reglamento; sin embargo, indicó que no ha recibido respuesta alguna.
EL COLOMBIANO consultó con el Ministerio de Minas y Energía y este respondió que “el proceso de expedición del reglamento ha preservado las instancias de socialización oportuna y análisis técnicos requeridos”.
Por lo cual, la cartera apuntó que “no puede afirmarse que es una medida implementada de forma súbita, repentina o desconocida por los agentes del mercado de distribución de combustibles (...) Este ministerio ha valorado el impacto de los costos que serían nuevos, bajo el supuesto que del 100% de los requisitos objeto de regulación tan solo el 7% son realmente nuevos”.
Las diferencias
El Gobierno ha trabajado en la construcción y expedición del nuevo reglamento desde 2014. El objetivo es que las estaciones de servicios del país se ajusten a los nuevos requerimientos técnicos internacionales así como a buenas prácticas ambientales.
Si bien este documento estaba definido para junio de 2021, MinEnergía amplió ocho meses la entrada en vigencia de los requisitos, plazo que finalizó el pasado 30 de marzo.
Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo, comentó a este diario que la preocupación del gremio radica en que los costos de operación de las estaciones de servicio de por sí ya han aumentado, por lo que exigirles nuevas inversiones para sus instalaciones obligaría a muchas de ellas a cerrar.
“Ya se han impuesto una serie de nuevas obligaciones que han incurrido en más gastos como la facturación electrónica. También están los requerimientos de parte de las autoridades ambientales y otros costos adicionales, como el incremento del salario mínimo y de los servicios públicos”, anotó Vélez.
Sin embargo, para MinEnergía la gran mayoría de los costos de mantenimiento exigidos por el reglamento no son nuevos y hacen parte de la operación normal y actual de las estaciones de servicio, por lo que, afirmó, en las estaciones “ya han debido ser incorporados como buenas prácticas”.
