En la bahía de Cispatá atraca una embarcación que se destaca de las demás por dos cosas: por el color negro intenso que absorbe los rayos del sol en esa playa del Golfo de Morrosquillo que se llena de paisas en puentes y vacaciones, y porque entre quienes la utilizan con frecuencia están personajes relacionados con el equipo de Daniel Quintero.
De hecho, fuentes ligadas con La Alpujarra indican que entre los usuarios más asiduos de este yate figuran los exsecretarios Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, pero sobre todo el exconcejal Albert Corredor, que aunque marcó distancia con el círculo cercano de Quintero en la etapa final de las pasadas elecciones, fue por mucho tiempo un aliado incondicional y amigo de su equipo político.
El lujo de tener un yate a su disposición contrasta con el pasado humilde, por lo menos de Restrepo y Ramírez, teniendo en cuenta que el primero creció en un sector popular de Itagüí y es hijo de un funcionario de bajo perfil, en tanto que el segundo se ha ufanado de haber surgido de las barriadas de la zona nororiente de la ciudad.
El comentario de que se habría conformado una especie de club o sociedad entre la alta burocracia quinterista para disfrutar de un privilegio del que no goza ningún empleado público se había convertido en un secreto a voces en los pasillos de La Alpujarra.
En el compromiso de uso estaría turnarse para darle altura a cumpleaños y otro tipo de celebraciones especiales o agasajos. De suerte que allí por ejemplo a Juan Pablo Ramírez lo vieron navegando en enero pasado con un grupo de amigos; Albert Corredor estuvo con sus hijos y su esposa recorriendo las cercanías del golfo de Morrosquillo y, más recientemente, el puente del 11 de noviembre, vieron a Esteban Restrepo con los colaboradores más cercanos de la campaña que lo dio como perdedor en las elecciones del 29 de octubre para la Gobernación.
Las fuentes afirman que el yate (porque se considera yate a una embarcación de más de 11 metros de eslora y esta tiene 12,5) fue adquirido en marzo de 2022. Restrepo, Corredor e incluso el propio Quintero habrían aportado una cantidad de dinero para la compra y desembolsarían un monto permanente que sufrague el costoso mantenimiento que incluye tener un hangar disponible, un sitio en un embarcadero desde el cual salir y un piloto cada que se ofrezca un paseo para aprovechar los paradisíacos paisajes del mar Caribe. En esta aventura de nuevos ricos habrían estado asociados con un particular al que llaman Juan 500.
EL COLOMBIANO verificó los datos entregados por las fuentes, visitó la zona, y encontró que la historia tiene asidero real. Con el nombre y la matrícula entregada por un conocedor, este medio halló la embarcación y descubrió que la lancha de recreo, cuyo nombre es Atenea III, está registrada en la Dimar (Dirección General Marítima y Portuaria) a nombre de un contratista que ha sido señalado por recibir un trato preferencial de la alcaldía de Quintero.
Adicionalmente, en su cuenta de Instagram, Corredor tiene imágenes en compañía de su esposa e hijos navegando sosegado abordo de esa nave (ver foto). El video fue subido el 14 de julio pasado, pero hay versiones de que está lejos de haber sido la única vez que este político ha hecho uso de la embarcación.
Muchas de estas lanchas se fabrican sobre medida, en Internet se encuentra modelos similares, que de segunda mano valen más de 1.500 millones de pesos. Tiene 12,5 metros de eslora (largo) por 2,95 de manga (ancho) y una capacidad de carga de 10 toneladas. Los tres motores de 223 caballos de fuerza cada uno la habilitan para que quienes van en ella no se asusten con el oleaje caribeño o para que no cualquiera los alcance. Puede albergar a 18 pasajeros más los dos tripulantes encargados de llevar la nave a buen puerto.
En el registro de Dimar también aparece que la propietaria de la lancha es la empresa Alianza Terrestre, con nit 830.087.371-2. Ese dato es clave porque corresponde a la firma que durante la administración Quintero le han adjudicado el jugoso contrato para movilizar a los funcionarios de la Alcaldía, dentro de una unión temporal llamada UT SAV 2022, con la cooperativa Sertrans. El contrato que firmaron fue de $17.696 millones y ha tenido adiciones.
Sin embargo, ahí no paran los beneficios que Alianza Terrestre ha obtenido de la administración Quintero. De hecho, en los cuatro años, según la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría de Medellín, sus contratos con la alcaldía de Medellín y dependencias del conglomerado distrital totalizan más de 26.500 millones de pesos. Y eso sin contar que ahí no figura el contrato global de transporte mencionado con el Municipio.
Y un dato aún más interesante: al revisar actas de junta de la empresa se evidencia que quien ha estado encargado de que todo marche sobre ruedas con este contrato es Juan Carlos Herrera, un hombre muy allegado a Esteban Restrepo, el exsecretario de Gobierno que por buen tiempo llevó la batuta de la contratación en la alcaldía.
Como si fuera poco, en las bases de datos de contratación aparece Alianza Terrestre facturando $12.438 millones por un contrato con la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá (Metro) firmado el 28 de agosto de 2023. Por su parte, su socia Sertrans ha facturado a nombre propio $101.500 millones en contratos con EPM y dependencias de la Alcaldía de Medellín desde el año 2013, aunque es pertinente aclarar que solo uno de estos, por poco más $225 millones (marzo de 2021) corresponde a la administración Quintero.
Esta última es una compañía que ya ha sido mencionada dentro de una posible triangulación de contratos en los que apareció una de las principales donantes a la campaña de Daniel Quintero para la alcaldía.
En una investigación publicada en octubre de 2021, EL COLOMBIANO demostró que una empresa afiliada a Sertrans, Tourtransporte, tenía los mismos directivos que Celeste Inversiones, una firma fantasmal que le desembolsó $35,5 millones a la campaña de Quintero en 2019, equivalentes al 10% de todos los aportes hechos por particulares.
El perfil de Alianza Terrestre en la web la muestra como una empresa de transporte urbano y rural fundada el 27 de octubre de 2014 en Medellín, pero ya existía en Bogotá desde 2001 bajo el nombre de Setransvel Ltda y llama poderosamente la atención que recientemente volvieron a cambiar para Santa Marta su domicilio principal, dejando una sucursal en la capital antioqueña.
Sus socios actuales son Mauricio Arias Ramírez y Edison Aristizábal Alzate, a quienes al parecer les ha ido muy bien, a juzgar por los reportes. En 2021 la firma aumentó sus ingresos en un 88,3% neto y casi 30% los activos, algo que coincide justamente con esa relación con la Alcaldía de Medellín. Según ese mismo reporte, tiene solo 9 empleados de manera directa que coordinan la parte administrativa, pues normalmente muchas empresas de su tipo trabajan con firmas aliadas para los negocios y la operación.
En diciembre de 2022 la Superintendencia de Transporte abrió una investigación en contra de Alianza Terrestre porque presuntamente prestaba servicios “sin contar con los requisitos y documentos que son exigidos por la normatividad que regula el sector transporte, como lo es el Formato Único de Extracto del Contrato (FUEC)”.
¿Pliegos a la medida?
Las suspicacias por el jugoso contrato de transporte con el Municipio de Medellín, que le dieron a Alianza Terrestre, que aparece en papeles como la dueña del yate en cuestión, comenzaron desde la misma época en que salieron los pliegos de condiciones de la licitación y no han cesado en el transcurso de la ejecución.
El concejal Alfredo Ramos (Centro Democrático) llamó la atención acerca de que si bien sacaron un concurso público, establecía una condición difícil de cumplir y era que “al menos el 25% del parque automotor ofertado opere híbrido: gas natural, diésel o gasolina” y que “al menos el 30% del total del parque automotor ofertado opere con tecnología eléctrica y/o eléctrico VEAE (híbrido eléctrico-gasolina)”.
En este caso, significaba disponer de más de 40 vehículos híbridos, algo que para ese momento en el mercado solo podían cumplir Sertrans y Alianza Terrestre. Si alguna otra firma hubiera querido comprar ese tipo de vehículos para competir resultaba casi imposible porque debido a la pandemia la producción de esos carros, que se hace principalmente en China, se ralentizo.
A los órganos de control llegó además la versión de que Miguel Quintero, el hermano mayor del alcalde, se habría asociado con un exempleado de un concesionario de la ciudad para garantizar que los autos híbridos que se vendían fueran contratados por el Municipio. Y que el contrato del transporte con aportantes a su campaña se habría tramitado desde antes de que Daniel Quintero ascendiera al piso 12 de La Alpujarra.
Un elemento adicional que intrigó a Ramos fue que esos mismos híbridos que usaron para acreditarse en Medellín los utilizaron con el mismo fin en otros municipios del Valle de Aburrá, donde igualmente contrataron, y hasta en el Área Metropolitana.
“Si en algún momento Medellín necesitara la totalidad de ellos funcionando, no les podrían cumplir”, expresó en su momento el corporado, y añadió que “con ese requisito se ganan la licitación”. Y lo más paradójico es que a la hora de ejecutar el contrato los vehículos híbridos poco se utilizan porque facturan alrededor del 25% más por hora laborada que los tradicionales.
En los últimos dos años, han sido reiterativos los escándalos en los que se han visto inmiscuidos los carros contratados a la UT SAV 2022 por el irregular manejo de parte de funcionarios de alto nivel.
Esteban Restrepo, por ejemplo, fuera del auto oficial para desplazarse él, contaba con uno de estos carros blancos para diligencias y según pudo corroborar este diario en las planillas de uso, servían para llevar y traer a miembros de su familia, incluso después de dejar de ser funcionario del Distrito. Entre los recorridos frecuentes estaba la casa donde recogían a su tía Oliva para que fuera a asearle el apartamento en El Poblado. También habría itinerarios con su novia Ana Patricia Jaramillo y con su papá, Fredy Arturo Restrepo, como pasajero.
Pero no fue el único caso de presunto abuso. También hay registros y fotos en las que se aprecia que Alethia Arango usaba estos carros pagados con plata del erario para madrugar al gimnasio en un lapso que se desempeñó como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, cuando el reglamento habla expresamente de que funcionarios con ese rango solo pueden usar el transporte oficial para actos del servicio.
Igualmente, en temporada electoral, este año, se documentaron quejas en que los carros de la UT SAV 2022 eran vistos alrededor de las campañas del movimiento Independientes, el partido de Quintero que tenía como candidatos a Esteban Restrepo a la Alcaldía de Medellín y a Juan Carlos Upegui a la Gobernación de Antioquia.
En los tres casos se trata de posibles irregularidades que habrían sido cometidas con mayor facilidad porque el transporte era operado por una firma que tendría vínculos estrechos de vieja data con “la casa” Quintero y las explicaciones de los directivos serían cruciales para establecer posibles responsables.
Ahora, también lo serían para conocer quién es el dueño real del yate que estarían gozando Quintero, sus alfiles y su exaliado Corredor; sin embargo, no han contestado el llamado de EL COLOMBIANO.
