Como si se tratara de un campo de batalla, un grupo de aproximadamente 300 aficionados se tomó los alrededores del estadio Atanasio Girardot durante la madrugada de este domingo. Se trató de una confrontación llena de machetes y navajas en la que murieron dos personas y otras 14 resultaron heridas.
Según los primeros reportes oficiales, la confrontación se produjo hacia la 1:30 de la madrugada, cuando barristas tanto de Atlético Nacional como del Deportivo Independiente Medellín se cruzaron entre las carreras 70 y 74 con calle 48, a la altura del barrio Estadio.
En varios videos quedaron captadas crudas escenas en las que se ve cómo las víctimas mortales quedaron tendidas en plena vía pública y sus cuerpos fueron arrastrados por la turba, siendo incluso despojados de sus ropas y pertenencias mientras de fondo se escuchaban las sirenas de la Policía.
“Los ciudadanos que perdieron la vida fueron atacados con armas cortopunzantes y objetos contundentes”, detalló el coronel Henry Bello Cubides, comandante Operativo y de Seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Las dos personas asesinadas son Anderson Steven Jaramillo Cañaveral, de 34 años, y Alejandro Gallego Torres, 25 años.
Mientras el primer hombre fue encontrado con varias heridas en su tórax y el abdomen, al parecer causadas con un machete; el segundo fue encontrado con tres heridas en su tórax y otra en su rodilla, ocasionadas también con arma blanca.
Ambos barristas eran conocidos con los apodos de “Hormiga” (Medellín) y “Zoombie” (Nacional).
Mientras Jaramillo Cañaveral, “Hormiga”, es recordado por sus amigos del barrio El Salvador como un apasionado por los animales y una persona siempre dispuesta ayudar con una sonrisa, Gallego Torres, “Zombie”, también dejó un vacío entre sus amigos del municipio de Entrerríos.
Las autoridades investigan como ambos aficionados habrían quedado envueltos en la confrontación y fallecido posteriormente.
Choques se veían venir
Pese a que mucho antes de comenzar el partido las autoridades anunciaron un robusto dispositivo de seguridad, que incluyó el despliegue de tres anillos compuestos por un total de 740 policías (apoyados además por las cámaras de seguridad de la Alcaldía instaladas en el estadio), el ambiente estaba caldeado desde días atrás.
“Este será un clásico normal, un partido normal, las condiciones entre las barras y las directivas están muy bien. Todas las condiciones respecto al partido son normales. Vivan y disfruten el fútbol en paz, vayan en familia. Medellín de nuevo va a ser un gran ejemplo”, había expresado el pasado viernes 28 de abril el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.
Poco antes de iniciar el partido, en el que ya se auguraba una afluencia de por lo menos 40.000 espectadores, comenzaron a registrarse algunos roces entre los aficionados de ambos equipos.
En un video ciudadano grabado en horas de la tarde del pasado sábado, quedó captado el momento en el que dos hinchas que vestían camisetas del Deportivo Independiente Medellín se desplazaban en una moto en dirección al estadio cuando fueron atacados por un grupo de hinchas del equipo rival con un machete.
Así mismo, a través de grupos y chats que han venido haciéndose públicos, múltiples integrantes de las barras de ambos equipos se estaban alertando de que el ambiente estaba caldeado, sobre todo luego de la realización de una mesa de convivencia previa al partido en la que no se lograron acuerdos entre esas organizaciones.
Durante el desarrollo del partido, tal como lo pudo registrar el equipo gráfico de este diario, se registraron múltiples fricciones en las tribunas de ambos lados.
Aunque hacia el final del encuentro las autoridades insistieron en que la jornada había transcurrido en calma, el despliegue no fue suficiente para controlar los desmanes que posteriormente se desataron y en los que se investiga la presunta participación de líderes de ambos bandos.
Dentro de los indicios que las autoridades revisan están una serie de audios que se hicieron públicos este domingo en los que saldrían salpicados algunos líderes de las barras del Independiente Medellín, por presuntamente ordenar hostigar a un grupo de barristas de Nacional que estaban concentrados en el sector de la 70. La Policía aún no corrobora la autenticidad de esas versiones.
En medio de esos señalamientos cruzados, tanto las barras de Medellín como de Nacional rechazaron estar implicadas en las agresiones y pidieron a las autoridades individualizar a los implicados.
Por el lado de “Los Chatarrerox”, esa organización publicó por ejemplo un pronunciamiento en el que amenazó con acciones legales a quienes los acusaban de estar en la pelea, al tiempo que cuestionaron duramente el deterioro en los procesos de conveniencia que se vienen realizando en la ciudad.
“Los últimos hechos ocurridos en nuestra ciudad dejan en evidencia que los supuestos procesos de convivencia en el fútbol no garantizan el bienestar al interior del estadio, ni fuera de este, y no ocurrirá mientras desde la administración, actualmente en cabeza del alcalde Daniel Quintero, se justifique y secunde las malas acciones de algunas barras y no se impongan sanciones acordes a ellas”, expresó esa organización.
“Aclaramos que ninguno de nuestros integrantes participó o estuvo relacionado con esta riña e invitamos a los responsables de estos lamentables hechos tengan la suficiente gallardía de asumir las responsabilidades sobre las acciones de sus integrantes, en lugar de estar intentando evadirlas mediante el señalamiento a la nuestra”, añadieron.
Un proceso en crisis
Más allá de este cruce de versiones, el pronunciamiento de “Los Chatarrerox” pone sobre la mesa lo que para varias voces consultadas es el eje central de la discusión: la agonía en los procesos de convivencia que el gobierno local viene adelantando desde hace más de una década y que pareciera haberse desmoronado.
Según advirtieron varios expertos, para entender la dimensión de lo ocurrido hay que remontarse a 2014, cuando la Alcaldía prohibió el ingreso de las barras locales al estadio por hechos violentos y determinó que durante los clásicos solo podían entrar al espectáculo los aficionados del equipo que hiciera las veces de local.
Durante ese año, uno de los enfrentamientos que se volvió un punto de inflexión ocurrió durante la madrugada del lunes 28 de julio, cuando un bus en el que viajaba un grupo de hinchas de Nacional fue incinerado en el municipio de La Pintada.
Según se conoció entonces, pese a llevar al menos 32 personas abordo, el vehículo fue atacado por hinchas de Medellín, dejando como saldo dos niñas y un joven con quemaduras de gravedad y otros tres hinchas con heridas de arma blanca.
Andrés Tobón Villada, quien se desempeñó como secretario de Seguridad durante el cuatrienio anterior, fue una de las voces que calificó como un retroceso el suceso de este domingo y recordó que luego de esa drástica suspensión de 2014 la ciudad volcó sus esfuerzos en fortalecer unas mesas de convivencia con las que se buscaba erradicar la violencia.
En total, recordó, fueron más de dos años en los que los aficionados de ambos equipos tuvieron restringido acudir en simultáneo al estadio, una prohibición que se levantó el 20 de marzo de 2016 y que entonces fue calificada como un precedente para que las riñas fueran desapareciendo.
Aunque estos procesos han estado llenos de altibajos, por ejemplo en 2017, apenas un año después del levantamiento de la suspensión, aficionados de ambos bandos protagonizaron enfrentamientos en las tribunas que fueron disuadidos por la Policía antimotines, el caos no había vuelto a tomar las dimensiones de este domingo.
Con esa óptica, Tobón Villada resalta que los hechos ocurridos el pasado 16 de abril de este año, cuando barristas del Atlético Nacional invadieron el campo de juego y obligaron a suspender el partido entre ese equipo y el América de Cali, es clave.
En una jornada que dejó 89 personas heridas, incluyendo 39 policías, trascendió que uno de los detonantes de esos disturbios fue una serie de fricciones que venían sosteniendo las directivas de Nacional con la barra Los Del Sur, agudizado luego de que a estos últimos les suspendieran los privilegios para asegurar 400 boletas de cortesía y perdieran un contrato de logística en la tribuna sur.
Tras ese enfrentamiento, uno de los hechos que para muchos marcó un antes y un después fue la intervención del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el conflicto, en la que atribuyó la mayor parte de la responsabilidad del caos a las directivas del club.
En medio de esa situación, otro punto que se sumó al debate público fueron los millonarios contratos que la administración distrital ha firmado con varios líderes de la barra del Nacional, como por ejemplo Andrés Felipe Ospina, conocido como “Pipe Bandido”.
Este último, pese a haber tenido una sanción disciplinaria para ingresar al estadio Atanasio Girardot durante tres meses, ha firmado contratos con la Alcaldía por $37.698.266.
Estos presuntos conflictos de interés, sumado a un discurso que fue visto como divisorio, son interpretados como un golpe a la legitimidad del gobierno local en su labor de garantizar los procesos de convivencia en los estadios.
En resumen, el exsecretario Tobón planteó que el show político que se instaló durante ese conflicto dio al traste con más de una década de procesos para construir confianza.
“Había un equipo que permanentemente estaba al frente de la convivencia todos los días del año. Un partido de fútbol dura 90 minutos, pero el proceso de cultura fútbol es lo que realmente tienen que atender una Alcaldía. No se trata de planear un partido y hacer que haya suficiente Policía, sino tener procesos de conversación abiertos”, dijo el exsecretario.
“En los últimos días evidentemente hemos tenido muchas dificultades alrededor del buen comportamiento en el estadio y no hemos observado seriedad en el manejo de este asunto por parte de la administración distrital. Cuando esa percepción se genera, es previsible que se presenten hechos como los de ayer”, dijo.
Por su parte, Mateo Escobar Valencia, coordinador de cultura de fútbol entre 2016 y 2019, consideró que los episodios del domingo dan cuenta de la desconexión y el abandono en esos procesos.
Según argumenta, la zona en la que se produjo la batalla entre hinchas este domingo (las carreras 70 y 74) ha sido identificada desde hace muchos años como un sitio de alto riesgo para esos choques.
Además de las vidas perdidas, el excoordinador alertó que lo ocurrido debe tratarse con suma delicadeza, ya que podría volverse un detonante de más agresiones durante los próximos meses y hasta años.
En respuesta a la polémica generada este fin de semana, el alcalde Daniel Quintero publicó varios trinos anunciando una recompensa para dar con los implicados en la riña (ver Para Saber Más).
“No quedará ninguno libre. Quienes participaron en la riña no son hinchas, son asesinos. No es el estadio sino la cárcel lo que les espera. Tenemos suficiente material probatorio, videos y testimonios. La fiscalía ha delegado un fiscal especializado. Se suman 15 agentes de la policía judicial y una recompensa de hasta 200 millones por información”, dijo el alcalde a través de su cuenta de Twitter.
Más allá de los resultados judiciales, para múltiples sectores la pregunta es qué pasa con los procesos de convivencia con las barras que avanzan desde hace más de una década, que ahora parecen haberse devuelto al pasado.
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muertos y 14 heridos dejaron los desmanes del domingo a las afueras del Atanasio Giradot.
