Luego de un extenso debate, el Concejo de Medellín dio su visto bueno para que EPM se salga del negocio de las telecomunicaciones y venda sus acciones en UNE.
Con una votación de 16 votos a favor y solamente 5 en contra, EPM quedó con luz verde para iniciar los trámites de ese proceso de enajenación, que se espera se concrete el próximo año por un valor de al menos $1,6 billones, de acuerdo con la contabilidad presentada por EPM en semanas recientes.
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Pese a que en la sesión el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ratificó contar con una sólida coalición de gobierno que logró sacar adelante la iniciativa con un aplastante margen, el debate no estuvo exento de polémica.
Tal como estaba programado, la sesión comenzó hacia las 9:00 a.m. de este miércoles y, como ha venido ocurriendo desde que el proyecto empezó a ser discutido formalmente desde el pasado 14 de agosto, el recinto del Concejo volvió a llenarse de manifestantes que lanzaron arengas y exhibieron pancartas apoyando u oponiéndose a la transacción.
El primero en intervenir fue el concejal Luis Guillermo Vélez, quien en su condición de coordinador de ponentes no solo ratificó su defensa del proyecto, sino que subió de entrada la temperatura del debate señalando a quienes se han opuesto a la enajenación tener una visión totalitaria del Estado y de defender el patrimonio público “hasta la quiebra”.
Luego de hacer un repaso por la historia de EPM, Vélez señaló que la compañía estuvo en gran riesgo durante el cuatrienio anterior, cuando estuvo envuelta en denuncias de malos manejos por parte del exalcalde Daniel Quintero.
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“No nos den lecciones de interés público, ustedes lo único que saben es cosas de su interés corrupto”, expresó el concejal del Centro Democrático, interpelando a las graderías y a concejales de la oposición.
Desde la bancada del movimiento político Creemos, del alcalde Gutiérrez, el concejal Juan Carlos de la Cuesta analizó en profundidad las cifras de la compañía, señalando que los números le daban la razón a EPM en pretender salirse del negocio de UNE cuanto antes.
Dentro de los puntos destacados por el corporado estuvieron sobre todo variables como la depreciación del patrimonio, que pasó de $3,1 billones en 2014, $1,7 billones en 2020 y a un mínimo histórico de $358.732 millones en 2023.
De igual forma, el concejal resaltó el comportamiento de las utilidades netas, que solo tuvieron una cifra positiva de $26.699 millones en 2019, pero que casi todos los años desde la fusión ha arrojado cifras negativas.
“Este es un negocio con unas grandes demandas de capital, que requieren de un inversionista que tenga la capacidad financiera para capitalizar. Las telecomunicaciones tienen un riesgo muy grande en comparación con otras industrias del mercado de la misionalidad de EPM. Los costos del espectro y los gastos de operación son completamente grandes, requieren amplia inversión, ya sea deuda o capitalización. EPM no tiene el control de la compañía y adquirir ese control se hace muy complicado y difícil”, dijo De la Cuesta.
Desde la orilla de la oposición, el concejal del Pacto Histórico, José Luis Marín, hizo uso del derecho a la réplica y planteó que precisamente esa depreciación de UNE correspondería a una supuesta estrategia a largo plazo ejecutada por Millicom desde años atrás para hacerse al control de la compañía a “precio de huevo”.
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“La deprecación de UNE ha sido a pasos aceleradísimos, ha sido absurda en números, mientras que las demás empresas no se deprecian de esa manera”, expresó Marín, aludiendo a otras compañías públicas de telecomunicaciones como ETB y Emcali, cuyo patrimonio no ha sufrido variaciones tan abismales como el de UNE.
En una línea similar a la de Marín, el concejal Juan Carlos Upegui también usó varias veces el derecho a la réplica para oponerse a la iniciativa.
Aunque los votos negativos de Marín y Upegui ya se preveían, tal vez el principal giro que se dio en el debate vino por cuenta de los partidos Liberal y Conservador, ambos en la coalición de gobierno y que anunciaron su voto negativo.
Desde las toldas azules el principal crítico fue el concejal Brisvani Alexis Arenas Suaza, que anunció la oposición de su bancada al proyecto (de la que también hace parte el concejal Juan Ramón Jiménez). Arenas ya había votado negativo la iniciativa cuando fue discutida en la Comisión Primera.
Según Arenas, las principales dudas de su bancada para dar el sí estarían en la falta de un dato certero que diera cuenta de la valoración de la compañía y la información presentada sobre la destinación de los recursos, los dos puntos más álgidos de la discusión.
“Yo creo que no necesitamos correr tanto. Necesitamos detenernos para tomar una buena decisión para el Distrito”, expresó el cabildante conservador, expresando sus reparos a que el proyecto fuera tramitado en menos de una semana en el Concejo y reprochando ser tildado de izquierda por algunos colegas por tener dudas sobre la enajenación.
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Por el lado del partido liberal, Farley Jhaír Macías Betancur también expresó de forma anticipada su voto negativo.
Desde la bancada del Centro Democrático, el concejal Sebastián López Valencia le replicó al conservador Arenas sosteniendo que en el cuatrienio anterior la enajenación no se había aprobado por la desconfianza que había hacia la administración Quintero, aludiendo a la denuncia que entonces planteó sobre que los recursos serían desviados.
Por su parte, durante las intervenciones de la comunidad, organizaciones ciudadanas como la Veeduría Todos Por Medellín hicieron un llamado para que la valoración de las acciones de la compañía estén respaldados por una robusta valoración técnica, al igual que la destinación de los recursos.
Aludiendo a las cuatro líneas estratégicas presentadas por la Alcaldía, Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría, planteó que de ir a inversiones sociales y no a las operaciones internas de EPM, los recursos deberían tener una discusión más amplia.
“Consideramos que una forma más transparente de desarrollar los proyectos de carácter social es traerlos a este recinto más adelante, al Concejo de Medellín, vía excedentes extraordinarios y programas sociales adicionales al Plan de Desarrollo y discutir la prioridad de dichos recursos para las entidades estratégicas de la ciudad”, expresó Restrepo.
“En aras de la transparencia y la generación de confianza que guían el actual plan de desarrollo es menester que haya una discusión pública que brinde suficiente claridad sobre el criterio de selección de dichos proyectos y su alineación con el plan de desarrollo. Su ejecución debe estar alineada con el objeto social de las entidades que ejecuten los recursos. Finalmente, como veeduría estamos comprometidos a vigilar todos los pasos de darse esta enajenación, incluyendo la destinación de los recursos de esta venta”, añadió.
Cabe recordar que sobre este punto ya se había pronunciado ampliamente tanto el alcalde de Medellín como el gerente de EPM, John Maya Salazar, quienes se mantuvieron en que el camino para los cerca de $1,6 billones que se esperan recaudar no debería ser en las afugias financieras de la compañía, sino en proyectos para la ciudad.
“Yo no estoy de acuerdo con que entonces se crea que porque dejaron un hueco esta plata se convierta en plata de bolsillo y que vaya simplemente a tapar unos huecos que tiene EPM. EPM tiene que ir solucionando problemas, que los estamos solucionando. Estamos buscando salidas para todas estas crisis y el despelote en el que la dejaron”, expresó entonces Gutiérrez, aludiendo a los problemas financieros que se heredaron de la alcaldía pasada.
Tras la aprobación en el Concejo, se espera que el proceso de la venta de las acciones de UNE se materialice en 2025.
Según informó EPM el pasado 12 de agosto, el cronograma de la transacción apunta a que para abril de 2025 empiece la primera etapa, que consiste en ofrecer las acciones a destinatarios especiales, y entre julio y septiembre de ese mismo año se llegue a la segunda etapa, que consiste en ofrecer las acciones al público en general, paso en el que también podría presentar una oferta Millicom.
En caso de que luego de que dichos pasos la venta no se haya concretado, EPM podría invocar la cláusula de protección al patrimonio público, en la que la compañía antioqueña tiene la potestad de obligar a Millicom a también ofrecer sus acciones al mercado, permitiendo que un tercero pueda hacerse al control de la empresa.
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