Este lunes inició oficialmente en el Concejo distrital el debate en el que se determinará si Empresas Públicas de Medellín (EPM) podrá vender las acciones que tiene en Tigo-UNE. El trámite quedó formalizado luego de que el alcalde Federico Gutiérrez radicara finalmente un proyecto en ese sentido.
Durante esa primera sesión de socialización, el mandatario distrital presentó los primeros detalles de su iniciativa, haciendo énfasis precisamente en uno de los puntos más sensibles, asociado a la destinación de los recursos productos de esa transacción.
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“Si se aprueba el proyecto y se concreta el proceso, los recursos de la venta no vendrán al Distrito, porque nosotros tenemos el plan de desarrollo ya aprobado por el Concejo. Estos nos son recursos para financiarlo. Queremos que los recursos pasen a EPM y se conviertan en un fondo, para que este no se vuelva plata de bolsillo”, dijo Gutiérrez este lunes.
Según la alcaldía, en total serían cuatro ejes a los que se destinarían dichos recursos: el primero, asociado a programas educativos en habilidades digitales; el segundo vinculado a la creación de fondos de capital semilla para emprendimientos de base tecnológica; el tercero, en inversiones para programas de gestión de residuos sólidos; y el cuarto en inversiones de infraestructura para dotar de internet a espacios públicos e instituciones educativas.
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“Consideramos desde EPM y la Alcaldía de Medellín que es importante que se enajenen esas acciones para proteger ese patrimonio público. De aquí en adelante lo que sigue es una discusión ciudadana, con técnicos y con personas que conozcan del área de las telecomunicaciones, que se dará alrededor del proyecto ya radicado ante el Concejo”, añadió el alcalde.
El relanzamiento de la iniciativa para vender las acciones de EPM en Tigo-UNE ya había sido anunciado desde el pasado 4 de julio, cuando Gutiérrez señaló que en EPM se estableció la necesidad de irse de la compañía, que desde su fusión con la multinacional Millicom no ha logrado levantar cabeza en materia financiera y le ha demandado a la entidad antioqueña cuantiosas inversiones, entre ellas una capitalización por $300.000 millones el año pasado.
Este mismo contexto financiero había aparecido en escena en 2022, cuando ese proyecto intentó tramitarse cinco veces en el Concejo y finalmente terminó hundiéndose por la desconfianza de la mayoría de los concejales a la destinación que tendrían esos recursos en manos de la administración del exalcalde Daniel Quintero.
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Si bien durante ese debate varios concejales insistieron en que la mitad de la empresa de comunicaciones debía seguir en manos públicas, otras bancadas, entre ellas la del Centro Democrático y las de la entonces coalición de gobierno llegaron a un acuerdo preliminar sobre la necesidad de sacar a EPM del negocio y aprovechar una ventana abierta por una cláusula de protección del patrimonio público que expiraba en 2024.
Aunque ese acuerdo inicial terminó rompiéndose en medio de acaloradas sesiones, a finales del año pasado esa misma cláusula fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2026, extensión que ahora busca ser aprovechada por la nueva administración.
Además de las cuantiosas capitalizaciones, que de acuerdo con Tigo-UNE obedecen a las condiciones de un mercado muy competitivo, a EPM la compañía no le ha representado mayores rendimientos desde la decisión de fusionarse. Durante los últimos doce años, la empresa solo ha arrojado utilidades en 2013 y 2019 (por $45.200 millones y $519 millones respectivamente).
Hace dos años se calculó que dichas acciones de EPM estarían valoradas en entre $2,3 y $2,8 billones, pero hasta ahora no se conoce una valoración actualizada.
