La veeduría Todos por Medellín nació unos pocos meses después de haberse inaugurado la alcaldía de Daniel Quintero en la ciudad y se convirtió en una de las voces más relevantes para denunciar en escenarios públicos y hasta en instancias penales los casos de presuntos malos manejos y corrupción dentro de la administración.
En particular, fue artífice del caso más sonado, el de Buen Comienzo, que tiene con imputación de cargos por peculado por apropiación e interés indebido y celebración de contratos sin llenar los requisitos legales contra la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo; la ex directora técnica del programa, Lina María Gil, y el representante legal de la corporación Colombia Avanza, Paulison Gómez.
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La directora de la veeduría, Piedad Restrepo, habló con EL COLOMBIANO y reveló que no bajarán la guardia en el periodo de Federico Gutiérrez.
¿Qué balance hace de este año y del cuatrienio?
“Con las denuncias que hemos llevado a las autoridades, tanto Fiscalía como Procuraduría, Contraloría, etcétera, que han sido sustentadas y argumentadas, creo que pasamos del chisme o el voz a voz a dar argumentos y pruebas, y mostrarle a la ciudadanía que hubo una corrupción sistemática en el conglomerado distrital”.
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¿Qué fue primero, la certeza de que había esa corrupción o la creación de la veeduría?
“Muchas de las organizaciones que finalmente crean a Todos por Medellín participaron en el empalme del gobierno de Federico Gutiérrez al de Daniel Quintero y empezaron a tener información de los servidores públicos en el sentido de que había mucha opacidad en la información, de que había problemas con ciertos contratos que se estaban demorando más de lo normal, todo lo que estaba sucediendo en EPM, en Ruta N... Y la respuesta fue crear una organización que permitiera hacer un control social a la gestión de lo público con énfasis en lo que hacen usualmente las veedurías, que es prevención, pero también desde el control. Es ahí donde finalmente nosotros encontramos elementos suficientes en muchas entidades del conglomerado, en muchas secretarías, para llevar denuncias de presunta corrupción”.
Por esas circunstancias de la creación, algunos los tomaron como veeduría, pero otros, como un bloque de oposición a Quintero. ¿Qué opina de eso?
“Las veedurías no hacen oposición, hacen contrapeso, que es muy distinto. La Constitución y las leyes en Colombia les permiten a los ciudadanos la libre asociación y a entidades sin ánimo de lucro juntarse y hacer veeduría, control al manejo de los recursos públicos. Yo creo que la ciudad cada vez es más consciente de la necesidad de tener contrapesos fuertes, porque quien ejerce la alcaldía en Medellín, llámese cómo se llame, tiene un gran poder para nombrar directores, gerentes y secretarios en el que es el segundo conglomerado público más importante del país —EPM—. Manejando billones y billones en contratación anualmente.
Esa forma en la cual nos catalogaron desde la administración municipal, ahora distrital, fue muy nociva para nosotros porque nos tocó defendernos en muchos escenarios y la defensa más importante no fue lo que dijimos con palabras, sino efectivamente la acción que desarrollamos”.
También los catalogan como una veeduría de élite debido a sus asociados y recursos.
“Esta es una organización que arrancó con 38 afiliados y hoy tiene 52, y muchos representan a gremios económicos o a fundaciones empresariales, pero también a organizaciones de la sociedad civil, ONG y ciudadanos interesados por lo público. Una característica muy especial de la veeduría es que logra tener ideologías distintas, por ejemplo desde lo político; esa diversidad enriquece, y por eso nosotros nos autoproclamamos como una plataforma de participación ciudadana diversa. Y sobre el segundo punto, sí tenemos una financiación importante que nos permite ser una veeduría moderna y producir información y análisis todo el tiempo. Eso es para destacar, no para criticar, y por eso es tan importante ahora la continuidad de la organización con el fin de mostrar ese compromiso con una veeduría a lo público, de nuevo sin importar quién esté en la administración”.
Es decir que hay un reto mayor a futuro para demostrar que no era solo un tema contra la administración de Daniel Quintero.
“Sí, sin duda. El primer reto era contarle a la ciudadanía que efectivamente nosotros no cerramos la veeduría el 31 de diciembre del 2023 y hay un compromiso ratificado por los afiliados, por el consejo asesor y por las organizaciones, que hasta ahora han permitido entregar recursos para el funcionamiento, de que la organización sigue y que estaremos haciéndole veeduría a este gobierno distrital durante cuatro años.
De hecho al inicio de la veeduría, cuando la lanzamos, hubo preguntas de que si nos estaban asimilando con el Centro Democrático y la revocatoria, ¿ustedes son eso? Uno puede decir que no, pero lo tiene que demostrar, y eso es lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, demostrar que no pertenecemos a ningún partido político; que no éramos revocatoria y hemos ejercido los deberes y las responsabilidades que otorga la ley frente al trabajo de las veedurías”.
¿Cuál ha sido el logro más grande en este tiempo?
“Logramos varios hitos. Uno es que nuestras denuncias, cuatro en total, son las únicas que han llegado hasta la imputación y acusación. Pero hay otras dos cosas que quiero destacar: que nuestras denuncias llegan al punto de entender una de las formas de operación de la corrupción, que es el caso del presunto cartel de la contratación en Metroparques. Y por último, el reconocimiento como víctimas que nos hizo un juez de la República en el proceso sobre Buen Comienzo es un hito porque ni en el país ni en Latinoamérica una veeduría es partícipe de un proceso penal como víctima, entonces también es un reconocimiento al trabajo realizado en torno al cuidado de lo público”.
Por otro lado, ¿qué les genera frustración?
“Hay dos aspectos en los que hubiéramos querido avanzar más. Uno, es que sabemos que estas formas de corrupción, por ejemplo lo de presunta cartelización, no solo operó en Metroparques, sino en otras entidades del conglomerado y no tuvimos la capacidad en tiempo ni en personal para abordar otras entidades del conglomerado, pero creo que seguiremos en esa tarea más adelante. Lo otro es que sin duda sabemos, por todo lo que encontramos en las investigaciones, que hay una cúpula de toma de decisiones para apropiarse de recursos públicos y aún no hemos llegado allá. Descubrir eso es otro reto que tenemos, no solo como veeduría sino como sociedad”.
¿Esa es una cúpula que estuvo en la administración Quintero o que ha estado en varios periodos?
“Una de las mentiras más grandes que dijo Daniel Quintero fue decir que era independiente; él no era independiente, trabajó de la mano en grupos políticos poderosos de la región metropolitana y del departamento; y tuvo muchos contactos con políticos a nivel nacional, pero hablando acá de lo que nosotros pudimos encontrar, entendemos que no trabajó solo, con su grupo más cercano, que fueron candidatos a alcaldía y a gobernación, sino que hay unas estructuras que ya tenían unos aprendizajes sobre la corrupción y en ese orden de ideas, entender bien ese engranaje, ese sistema, es todavía un reto”.
¿Haber sacado tantas denuncias que no avanzaron en organismos de control no es otra frustración?
“Uno quisiera mayor celeridad de las entidades del Estado que hacen investigación, pero también entiende que hay unos tiempos y que el nivel de eficiencia del sistema judicial no es el mejor. Entonces yo creo que lo que más echamos en falta es que no hubiese, en mi concepto, una decisión más explícita de investigar la contratación en Medellín, más allá de un caso puntual o de una denuncia puntual, lo que fue un pedido, porque nosotros, como veeduría, tenemos muchas limitaciones en términos de investigación, en cambio las entidades de control del Estado no; poseen muchas herramientas y una enorme capacidad. Fue muy tardía la respuesta de los medios de comunicación de Bogotá, que de alguna manera tienen una alta injerencia en decisiones de ese tipo, casi que fue a partir del segundo semestre de 2023; yo confío en que de verdad las autoridades sí hagan su labor, así se demoren un poquito más”.
Destacó cuatro investigaciones, ¿pero cuántas emprendieron en total?
“Hasta el momento, son 17 denuncias en la Fiscalía”.
¿Hay más denuncias en capilla?
“Sí, nosotros no hemos parado, seguimos en ese proceso y uno de los retos que quedan es que sabemos que esa forma de operación, de cartelización, está en otras entidades del conglomerado. Habrá que seguir investigando”.
¿Qué retroalimentación tuvieron de la gente?
“Esto es un asunto de doble vía. Desde que arrancamos creamos la Línea de la Confianza, donde los ciudadanos podían acercarse, sin importar su condición, a contarnos posibles actos de corrupción. Para nosotros eso fue muy importante; gran parte del trabajo que realizamos se basó en esas denuncias. Hay que agradecerlo y seguimos manteniendo la Línea de la Confianza, pero de otro lado está que al final el balance de la ciudadanía en relación con el trabajo que hicimos desde la asociación es muy positivo: hemos recibido agradecimientos, respaldo, gratitud, y ahora se nos pide que sigamos haciendo nuestro trabajo. Más de un 90% de quienes agradecen nuestro trabajo esperan que sigamos. Además, en la línea social se maneja un voluntariado en el que han participado más de 30 personas en nuestros eventos, actos simbólicos, en nuestros recorridos de veeduría callejera”.
¿Qué les dice la gente que denuncia?
“La mayoría no quiere ir a la Fiscalía sino que nosotros seamos los intermediarios. Nos aportan la información y nosotros estructuramos las denuncias cuando hay suficientes argumentos, y al final somos los que damos la cara”.
¿Ese dar la cara por los otros los ha vuelto blanco de agresiones o intimidaciones?
“Agresiones, sí; en redes sociales recibimos todo el tiempo, pero creo que lo normal en las redes sociales se ha vuelto que agredan a la gente porque piensa distinto o porque no están de acuerdo; pero amenazas hasta ahora no hemos tenido. Sin embargo, lo llamativo es que muchos de los que vienen y nos dan sus denuncias nos dicen: “Yo no voy a la Fiscalía , no denuncio porque tengo miedo, porque sé que las personas que están detrás de esto son muy peligrosas y mi familia e integridad están en riesgo’. La mayoría no va a la Fiscalía por miedo”.
¿Ha habido persecución judicial contra ustedes?
“En el macro caso del presunto cartel de la contratación, Metroparques nos pidió rectificación y le dijimos que no había lugar, que nos mantenemos en los resultados de nuestra investigación, y a renglón seguido pusieron una tutela invocando el derecho al buen nombre y la honra de la entidad jurídica. La juez en primera instancia nos dijo que debíamos aclarar ciertas cosas, por ejemplo no habla de peculado sino de presunto peculado, y aclarar unos temas de contexto. Nosotros acatamos esa decisión pero el alcalde salió en un video prácticamente solicitando cárcel para mí. Esas son formas de presión y de intimidación”.
¿Qué plan de trabajo tienen para 2024, qué podrá ver la gente?
“Cuando decimos que seguimos es porque continuamos con nuestras tres líneas de trabajo, el equipo de trabajo no se ha debilitado, hay un interés y una apuesta de las entidades por seguir financiando la organización para garantizar el trabajo y control social durante estos cuatro años.
Podrán ver que vamos a seguir solicitando ser víctimas en los procesos penales y coadyuvando a las autoridades con toda la información que tenemos”.
¿Se centrarán para eso en los cuatro casos que hay más avanzados?
“Sí, porque es ahí donde la Fiscalía ya ha avanzado. Seguiremos con el interés de actuar como víctimas en esos procesos y con el interés de coadyuvar a las entidades del Estado para que sigan ahondando en la investigación de nuestros casos. Tenemos todo el interés en que las denuncias lleguen a buen término, y adicionalmente seguiremos analizando cuál es el plan de desarrollo sobre el cual nos moveremos durante estos cuatro años y en el cual se definirá cómo se van a gastar los recursos del Distrito en ese periodo.
Estaremos ahí y con unos intereses especiales en algunos temas. Seguiremos con Buen Comienzo, Presupuesto Participativo, infraestructura, todos los temas de transparencia y acceso a la información pública, y estaremos entregando a la ciudad un manifiesto anticorrupción y esperamos que la administración se comprometa con él. Ese manifiesto es el resultado del aprendizaje que tuvimos durante estos casi 4 años frente a cómo se desvían recursos públicos sin cumplir los intereses de la ciudad sino para atender intereses privados”.
¿En el manifiesto está, por ejemplo, que los convenios interadministrativos sean excepción y no la regla, o que los contratos se saquen por licitación?
“Por ejemplo, esto de los convenios interadministrativos en supremamente importante, porque vimos que es una de las herramientas utilizadas para desviar recursos públicos, entonces estos per sé no son malos, pero el uso que se le está dando sí es perverso, porque estamos poniendo en entredicho la idoneidad de las entidades del conglomerado cuando se les entregan recursos para luego subcontratar y subcontratar y subcontratar; ahí desde el punto de vista solo de costos de transacción se está perdiendo mucho recurso.
De otro lado, está el acceso a la información pública. Si tú quieres ir hoy a ver cómo está contratando Metroparques los últimos eventos de ciudad, no tienes esa información. Es decir que sigue existiendo una opacidad. O sea, hablamos de una ciudad muy moderna, muy innovadora, muy cool, y hay cosas básicas que no se están haciendo”.
¿Hay propuestas de ampliar su marco de acción o su alcance, por ejemplo a Todos por Antioquia, o Todos por Colombia?
“Hasta el momento, que yo sepa, no. Algo importante es que Medellín Cómo Vamos llevaba más de 15 años hasta el momento en que migró o dio cuenta de una ‘Antioquia Cómo Vamos. Esta organización es muy joven, pero sin duda creo que, como sociedad, deberíamos tener también los ojos puestos en la gobernación y en cómo se invierten los dineros públicos en el departamento. Es decir que hay que fortalecer el control social, fortalecer las veedurías; no podemos hacernos los de la vista gorda, estar mirando un escenario y que al lado haya otros desatendidos.
Veo mucho interés en ciudadanos del sur y el norte del Valle de Aburrá en tener veedurías, pero la institucionalidad todavía no es tan fuerte como para que ese propósito efectivamente se cumpla. Lo ideal sería que cada municipio en Colombia tuviera una buena veeduría”.
