Desde que estalló el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) el exalcalde de Medellín Daniel Quintero ha jurado por múltiples vías no tener velas en ese entierro. Sin importar que múltiples de sus antiguos subalternos terminaron trabajando en esa entidad y que otros alfiles suyos como los exsecretarios Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez y el representante a la Cámara, Alejandro Toro, incluso acudieron a reuniones a puerta cerrada en esa entidad, según denuncias del director Carlos Carrillo, el exmandatario local ha insistido en no ser aliado político de Olmedo López y ha planteado que todo se trataría de un montaje en su contra.
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Aunque en semanas recientes los reflectores públicos han estado sobre otras aristas de ese escándalo, en el que cada vez resultan salpicados funcionarios de más alto nivel, este mes salieron a la luz nuevos indicios cuyos caminos conducen a Medellín y que enlodan a dos cuestionadas exfuncionarias que venían pasando de agache: la exdirectora del Dagrd, Alethia Carolina Arango Gil, y la exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), María Antonia Sánchez Rave.
Este nuevo capítulo lo protagonizan también dos firmas que contrataron a manos llenas con la EDU durante la era Quintero y que recibieron varios contratos priorizados precisamente por la exdirectora del Dagrd, una de las primeras funcionarias del distrito que tuvo la fortuna que caer parada en el Gobierno Petro y ejercer por varios meses como subdirectora de la Ungrd, con la bendición del exdirector Olmedo López.
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Además de estar relacionadas con un jugoso monto de contratos que asciende a por lo menos $106.000 millones entregados de forma directa, las empresas en cuestión arrojan más sorpresas, como por ejemplo una que tiene vasos comunicantes con la exgerente Sánchez Rave. Se trata de la empresa Kaliza Arquitectos S.A.S., que pese a un enrevesado trasegar por al menos tres cámaras de comercio aún conserva en sus registros mercantiles el nombre de esa cuestionada exlíder de la EDU como una de sus representantes legales en 2017. Esta última empresa ya había quedado recientemente en entredicho luego de que el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, la señalara como una de las beneficiarias de un contrato por $16.017 millones en Jericó que Olmedo López entregó en elecciones regionales.
Por primera vez desde el comienzo del escándalo de la Ungrd, este nuevo caso ya no pondría solamente a exfuncionarios de Quintero a defenderse de señalamientos de llegar a esa entidad como cuotas burocráticas, sino a rendir explicaciones concretas por el manejo de contratos.
Las nuevas pistas
Para comprender esta historia hay que remontarse a mayo de 2023, mes en el que Alethia Arango aterrizó en Bogotá para trabajar con Olmedo López, quien la nombró como subdirectora de Reducción del Riesgo en la Ungrd.
En ese cargo, Arango comenzó a apalancar un paquete de millonarios contratos en los departamentos de Boyacá, Córdoba, Guajira y Antioquia. Así lo documentó la periodista Paula Bolívar en una investigación publicada por W Radio el pasado 25 de julio, en la que se publicaron apartes de una ficha en la que se relacionaban 16 contratos priorizados por Arango por más de $402.000 millones. En el caso de Antioquia, los contratos incluyen obras de mitigación en Valdivia, Angelópolis, Carepa, Dabeiba, Itagüí, Jericó y La Ceja.
En dicha investigación, dentro de la lista de contratistas que más se repetían, sobresalió la firma Kaliza Arquitectos, que se quedó bien fuera sola o en consorcio con contratos en Angelópolis ($4.936 millones), Valdivia ($7.112 millones), Jericó ($16.017) y hasta Puerto Boyacá, en Boyacá. Este último el más jugoso de todos, por $79.142 millones.
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De ese paquete el contrato que más ruido había generado hasta ahora había sido el de Jericó, que también incluía un contrato de interventoría por $1.121 millones entregado a la Constructora KPB S.A.S.
Si bien el pasado 12 de junio el concejal bogotano Daniel Briceño ya había alertado con suspicacia que estos dos contratos de Jericó habían sido entregados en plena época electoral –en una visita además encabezada por el propio director Olmedo López el 23 de octubre de 2023 y en la que también estuvieron Alethia Arango y el polémico excontratista José Fernando Tobón Roldán– el caso dio un giro y se centra ahora en los contratistas y su largo historial con el conglomerado público Medellín en la era Quintero.
La firma de la exgerente
La entidad en la que confluyen tanto Kaliza Arquitectos como la Constructora KPB es la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), una de las entidades que más preocupación han despertado en el proceso de empalme y los primeros meses del cambio de gobierno, no solo por arrastrar graves problemas financieros, sino por haberse convertido en verdaderas máquinas de contratación directa.
Es en este punto de la historia en el que aparece el nombre de la exgerente de la EDU, María Antonia Sánchez Rave, quien estuvo a cargo de la entidad por un fugaz periodo comprendido entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, luego de la salida del recordado Wílder Echavarría, uno de los artífices del manual de contratación con el que esa entidad aumentó en un 1.900% el tope para entregar contratos de forma directa.
Además de ser célebre por incrementar la planta de cargos de la entidad e iniciar un supuesto plan de austeridad que dejó a los empleados sin papel higiénico y aire acondicionado, Sánchez Rave fue objeto de denuncias internas hasta diciembre de 2023, tras ser señalada de seguir conservando influencia burocrática y contractual en la entidad incluso tras su salida.
Tal como lo contó este diario en agosto de 2022, Sánchez aparecía como exrepresentante legal de la firma Kaliza Arquitectos, que recibió de manos de la EDU entre 2020 y 2021 unas 5 obras por $2.773 millones, según aparece en el portal Gestión Transparente de la Contraloría de Medellín.
Esas intervenciones van desde adecuaciones en el edificio y los parqueaderos de la EDU en el Parque San Antonio, mantenimientos en un museo del Cerro Nutibara y trabajos de demolición, hasta obras de espacio público en el barrio San Benito, entre otros. Cuatro de esos cinco contratos fueron estructurados a través del modelo de invitación privada.
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Según puede verse en los registros mercantiles, Kaliza Arquitectos fue constituida en 2012 en la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño, primero bajo el nombre de Forestaciones Agropinos S.A.S. y con una sede ubicada en la calle 49 del municipio de Vegachí.
En septiembre de 2016 la empresa canceló su matrícula mercantil en esa subregión y se trasladó a la Cámara de Comercio Aburrá Sur. Después, en junio de 2017, la empresa volvió a trastearse, esta vez para Medellín, y se matriculó en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de cambiarse otra vez el nombre.
Durante su paso por la Cámara Aburrá Sur, en donde la empresa se llamaba Baum Construcciones S.A.S., la identidad de la exgerente Sánchez Rave quedó plasmada en los últimos registros, antes de que la matriculara se cancelara.
Por el lado de la empresa Constructora KPB, que se quedó con la interventoría del contrato en Jericó, los caminos también conducen a la EDU. De un total de $7.090 millones que esa firma contrató con el Distrito de Medellín entre 2019 y 2023, 11 corresponden a contratos directos con la EDU.
En esta última lista, sobresale uno firmado para hacer la interventoría a varios contratos de infraestructura en los colegios de Medellín, uno de los frentes en que la nueva gerencia de la EDU precisamente ha denunciado como uno de sus principales dolores de cabeza y escenario de una feria de contratos a dedo.
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En declaraciones a Caracol Radio, la exgerente Sánchez Rave aseveró no tener relación con Kaliza Ingeniería desde 2018 y aseguró no estar involucrada en las gestiones que llevaron a que esa empresa contratara con la EDU y con la Ungrd.
Este diario buscó a la exsubdirectora Alethia Arango, pero su antiguo número privado ya había sido desactivado. Se envió consulta a un comunicador que tramitaba sus requerimientos de prensa, quien señaló haber perdido contacto con la exfuncionaria.
