Un tribunal de arbitramento declaró a EPM responsable por los retrasos y sobrecostos del proyecto hidroeléctrico Ituango y le ordenó desembolsar más de $781.828 millones en favor de la Sociedad Hidroituango en medio de un pleito que sostienen ambas entidades desde octubre de 2020.
La decisión no solo representa un baldado de agua fría para EPM, que ya viene con sus finanzas golpeadas por varios frentes, sino para el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien luego de provocar la renuncia de la junta directiva de esa compañía en 2020, puso en riesgo el gobierno corporativo de la empresa, y terminó desatando la demanda que ahora pone a EPM entre la espada y pared.
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Si bien la decisión aún contempla un plazo de 30 días en el que se podría invocar una intervención del Consejo de Estado para tumbar su validez, la misma aparece como una victoria para la Gobernación de Antioquia, que tras iniciar una batalla legal con EPM para dirimir el conflicto se alzó como la vencedora.
Las claves del fallo
Para comprender esta historia hay que remontarse al 15 de octubre de 2020, fecha en la que la Sociedad Hidroituango entabló la primera demanda contra EPM, buscando que esta respondiera por los efectos colaterales que dejó la contingencia de Hidroituango.
Esta primera acción, cabe recordar, se produjo en un ambiente político muy caldeado, marcado por la crisis corporativa que detonó el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, al interior de EPM.
A comienzos de agosto de 2020, luego de varios meses de desencuentros con la administración Quintero, los ocho integrantes de la junta directiva de EPM decidieron renunciar de forma conjunta, cuando salió a flote que el exmandatario había dado la instrucción de que la compañía demandara a los constructores de Hidroituango, pasando por encima de ese órgano corporativo.
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Meses atrás, otras iniciativas que terminaron siendo abortadas, como la de cambiar el objeto social de EPM, terminaron colmando la paciencia de los integrantes de aquella junta.
En el caso de Hidroituango, esas turbulencias también resquebrajaron varios acercamientos que venía adelantando la Sociedad Hidroituango con EPM, con los que se buscaba arreglar por las buenas una serie de conflictos jurídicos, económicos y contractuales que se arrastraban desde la contingencia de 2018, cuando el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) generó una reacción en cadena que terminó obligando a EPM a inundar la casa de máquinas y generar un retraso irreversible en el proyecto.
A este punto debe recordarse que el proyecto de Hidroituango si bien es propiedad de la Sociedad Hidroituango (entidad conformada a su vez por la Gobernación de Antioquia, que tiene un 52%; EPM, con un 46%, y otros accionistas minoritarios), desde 2011 había recaído bajo la responsabilidad de EPM, cuando se firmó el contrato BOOMT para levantar la hidroeléctrica (que por sus siglas en inglés significa construir, poseer, operar, mantener y transferir).
En octubre de 2020, en medio de esa fracturada relación, la Sociedad Hidroituango desistió de llegar a un acuerdo con EPM y formuló una primera demanda, buscando que la compañía antioqueña asumiera los sobrecostos de la contingencia y no se los cargara al proyecto.
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En su acción, que también comprendió otra demanda instaurada el 25 de febrero de 2021, la sociedad también exigió el pago de las cláusulas penales estipuladas en el contrato, a raíz de los hitos constructivos que EPM había dejado de cumplir por los retrasos.
Ambas acciones fueron precisamente las que terminaron aterrizando en el tribunal de arbitramento que funciona en el centro de conciliación de arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, cuya decisión inicial se conoció este jueves.
Aunque el fallo completo quedó plasmado en un documento de más de 300 páginas, en las que se dirimieron más de 70 pretensiones y se hizo referencia a innumerables minucias de un caso de más de 20.000 folios, la decisión más importante giró en torno precisamente a las responsabilidades y sobrecostos asociados a la contingencia.
Luego de revisar la letra menuda del contrato BOOMT, sumado a múltiples actas de modificación bilateral que también se firmaron, el tribunal consideró que EPM es el doliente del proyecto y sus sobrecostos.
“Declarar que Empresas Públicas de Medellín está obligada a asumir los costos, mayores costos y gastos de toda naturaleza, incluidos los financieros por causa u ocasión del colapso de la obra de desviación denominada Sistema Auxiliar de Desviación - SAD- y su Galería Auxiliar de Desviación GAD-, hasta su completa superación y restitución, incluyendo, y sin limitarlos, el valor de los deducibles y de las sumas no reparadas por las compañías aseguradoras conforme a las pólizas en los que es beneficiaria y a la transacción que celebró con las mismas”, se lee en la decisión.
De igual forma, frente a las cláusulas penales por los hitos constructivos incumplidos, el Tribunal también le ordenó a EPM resarcir con $781.828 millones a la sociedad por los mismos. Este monto se suma también a otros $2.547 millones que deberá pagar EPM por las costas del proceso.
Cabe recordar que EPM ya había tenido que pagar anticipadamente un crédito de más de 400 millones de dólares al BID por la decisión que había tomado el entonces alcalde Quintero de no contar con la Junta Directiva.
Aunque la decisión aún tendría un plazo de 30 días en los EPM podría acudir al Consejo de Estado para tumbar su validez, el mismo se muestra como un duro golpe a las finanzas de la compañía, que durante los últimos años no solo ha tenido que meterse la mano al bolsillo para seguir con las obras de Hidroituango, sino que se ha embarcado en otros proyectos problemáticos que tienen sus cuentas bajo un alto estrés.
Aunque hasta el cierre de esta edición, ni la Gobernación de Antioquia, ni EPM se habían pronunciado sobre el tema, se espera que este fin de semana ambas partes entreguen más detalles de las decisiones que adoptarán.
