Esta semana Emvarias anunció la renovación completa de su flota de vehículos recolectores, 71 nuevos carros que operan a gas natural, con tecnología Euro 6 y que estarán a disposición de la empresa por los próximos siete años bajo la modalidad de arrendamiento.
La renovación de la flota que comenzó el año pasado llega a apagar el incendio que se propagó entre la ciudadanía por cuenta de la crisis de recolección de basuras que, aunque Emvarias lo ha desestimado, puso en riesgo la estabilidad sanitaria de la ciudad.
Este nuevo parque automotor tiene la obligación de garantizar la eficacia de la tercera frecuencia de recolección que comenzó a ejecutar la empresa de manera progresiva por comunas desde octubre pasado.
Pero el parte de tranquilidad que entregaron el gerente de la empresa, Carlos Borja, y el alcalde Daniel Quintero no parece tener una garantía duradera, a juzgar por las preocupaciones que suscita entre directivos y personal técnico de EPM y la propia Emvarias el rumbo que planean darle a la empresa, con proyectos cuya viabilidad está en entredicho y con decisiones que levantan dudas sobre el futuro del relleno La Pradera.
Un piloto polémico
Y es que la renovación de la flota requirió una alta inversión de $300.000 millones y supuso un desgaste administrativo tremendo, en medio de denuncias sobre irregularidades en el mantenimiento de los vehículos de recolección y la creciente insatisfacción ciudadana frente al servicio ofrecido por la empresa.
Por eso, fuentes consultadas señalan que tanto entre el personal técnico de Emvarias como del Grupo EPM hay enormes dudas y preocupaciones por la decisión de la Junta Directiva de darle visto bueno a un proyecto: la implementación de vehículos de cargue lateral para la prestación del servicio público de aseo que, según las voces consultadas, presenta serios reparos y vacíos frente a su viabilidad.
El cargue lateral es un sistema de recolección de residuos ampliamente difundido actualmente en ciudades de todo el mundo. Su principal ventaja frente a la carga trasera (el que opera en la ciudad) es que tiene mayor capacidad de recolección en menor tiempo y reduce la proliferación de olores y caídas de residuos.
Lo que tiene Emvarias en mente es desarrollar un piloto de cargue lateral, que requiere la reposición de 16 vehículos de cargue trasero por el arrendamiento de cuatro carros recolectores con cajas desmontables, cuatro tipo amplirrol, cuatro remolques, dos lava contenedores y 166 contenedores de 3.200 litros.
Para llevarlo a cabo, el gerente Carlos Borja fue a pedirle vigencias futuras a la Junta Directiva y esta le aprobó, el 12 de agosto del año pasado, un total de $135.383 millones de vigencias futuras excepcionales por un plazo de siete años, hasta 2030.
Siete años, es el extenso y llamativo periodo que estableció Emvarias para llevar a cabo el piloto de este sistema. La empresa lanzó solicitud privada e invitó a cuatro empresas a participar: Themac Colombia, RosRocca, Renting Colombia y Ramonerre. Vencido el tiempo para entregar una oferta llegó una de Themac por $251.076 millones más IVA, así que Emvarias fue a pedir nuevamente a la Junta de EPM más vigencias futuras.
A ese monto hay que sumarle otros costos como los conductores, tripulantes, operarios, supervisión y combustible. Y para completar, hay que invertir en el alistamiento, es decir, permisos e instalación de las cajas y equipos para operar la recolección de cargue lateral y la capacitación sobre su utilización en los barrios donde se implementaría.
Las dudas en el Grupo EPM alrededor de este proyecto son de hondo calado. ¿Por qué un piloto tan largo? ¿La operación cubrirá el costo del proyecto? ¿Y qué pasa si en uno o dos años se muestra inviable? ¿Es compatible la implementación de estos vehículos de cargue lateral con la operación que justamente llegaron a cumplir los 71 carros arrendados?
Las versiones conocidas señalan que los informes que deberían sustentar este proyecto arrojan grietas importantes y los recursos en juego no son pocos.
Números que preocupan
Y a esta preocupación sobre semejante cantidad de plata comprometida hasta 2030 se suman algunas otras cifras inquietantes. Por ejemplo, aunque desde 2019 los ingresos operacionales vienen aumentando progresivamente, los resultados netos, por el contrario, vienen recortándose desde entonces.
En 2019 el resultado neto fue de poco más de $28.000 millones, pasó en 2020 a unos $20.000 millones, en 2021 a poco más de $15.000 millones y según el estado del resultado integral del periodo anterior, a noviembre de 2022, el resultado neto del ejercicio apenas pasaba los $500 millones con unos ingresos operaciones que hasta entonces sumaban casi $258.000 millones. Lo que se evidencia es que los costos de prestación del servicio y los gastos de administración se han incrementado considerablemente.
De hecho, uno de los temas al que le echan ojo desde EPM es al aumento de vinculación de personal, así como el aumento de salarios y honorarios en Emvarias. Y es que a partir de 2020 el crecimiento del personal de planta tuvo un insólito incremento pasando de 252 a más de 300.
Ese aumento de gastos administrativos también fue por cuenta del monto de arrendamiento de la sede administrativa. La Junta, de hecho, aprobó en julio de 2022 vigencias futuras de funcionamiento por $2.893 millones para el arrendamiento de la sede, así como también le dio luz verde a vigencias futuras de inversión por $42.357 millones, hasta 2025, para recolección y transporte, barrido y limpieza y disposición final.
Los ojos puestos sobre el relleno
Y hablando de disposición final, el otro gran frente que preocupa en varios sectores del Grupo EPM es el futuro del relleno sanitario La Pradera.
Aunque Emvarias, en respuesta a este medio, ha querido difundir una idea contraria, lo cierto es que la construcción del nuevo vaso para la ampliación del relleno del cual depende hoy el Valle de Aburrá y casi medio departamento para disponer sus residuos está abrumadoramente retrasada.
El mismo alcalde Quintero dijo en enero de 2021 que al comenzar 2023 el nuevo vaso llamado Piñuela estaría operando, y así constaba en los cronogramas que manejaba Emvarias. Pero ahora, según la empresa, apenas en abril próximo empezaría la construcción, que se extendería hasta marzo de 2024.
Como medida de urgencia Emvarias debió solicitar una ampliación de la vida útil del actual vaso Altaír, que en septiembre próximo iba a quedar obsoleto, pero al que se le hizo un ajuste para que pueda recibir 1.450.000 toneladas de basura adicionales, para que los tiempos alcancen a que entre en funcionamiento el nuevo vaso.
La gravedad del retraso y los problemas alrededor del relleno, derivados de los líos en el trámite de licenciamiento del vaso, por la incapacidad de la empresa de llegar a acuerdos sociales y ambientales con las comunidades afectadas, no parece ser comprendida en su total dimensión por parte de la opinión pública.
Si el vaso Piñuela no entra a operar lo más pronto posible y no se encuentra la forma de garantizar su vida útil, para recibir 8 millones de toneladas de basura, no se agotará antes de 2029, el Aburrá y de paso la mitad del departamento (que no debería estar disponiendo sus residuos en La Pradera) estarán en serios aprietos ambientales y sanitarios.
El asunto es que, según las versiones consultadas, la operación del nuevo vaso podría terminar en manos de un tercero, algo que hasta ahora no ha ocurrido pues Emvarias ha operado directamente el relleno sanitario desde hace dos décadas que existe.
Este tema amerita la lupa de la ciudadanía, veedurías y control político por dos razones: primero porque en la práctica significaría que un privado domine la única solución de disposición de basuras que existe en el departamento (la tendencia es que los municipios de todo Antioquia lleven su basura a La Pradera).
Y segundo, porque las versiones que se tejen al interior de Emvarias y EPM, en torno a la posibilidad de que La Pradera termine concesionado, apuntan a nombres polémicos asociados a monopolios del negocio de las basuras.
Cabe recordar que ya en 2020, en el Concejo de Medellín, alertaron la aproximación del emporio del empresario William Vélez –el zar de las basuras– con EPM, luego de que esta entidad le entregara un contrato a Interaseo (del conglomerado de Vélez) para adelantar labores específicas de aseo en Medellín que, a juicio del concejal Daniel Duque, estaban dentro del portafolio de Emvarias que, extrañamente, no se presentó a dicha licitación.
Hace dos semanas, consultada específicamente sobre la posibilidad de que el nuevo vaso lo operara un tercero, Emvarias respondió ambiguamente que, como propietaria del relleno, adelantaba la construcción, adecuación y operación de los vasos a través de “aliados estratégicos”.
¿Quién vigila? ¿Quién gestiona?
La gerencia de Emvarias, desde diciembre de 2021, está a cargo de Carlos Borja, quien aterrizó en la empresa después de oficiar como subsecretario Operativo en la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín. Hasta ahí podría ser un enroque normal de los que se dan en las administraciones.
Resulta que Borja hizo parte del equipo del concejal Jaime Cuartas. Y para decirlo sin rodeos, es cuota directa de Cuartas (gran aliado de Quintero). Quien se encargaba de vigilar las actuaciones de Borja en la Secretaría era Laura Ortíz, en calidad de contralora auxiliar de auditoría fiscal de obras civiles. Ortíz, además, es otra cuota fuerte de Cuartas.
Pero a Borja no le faltó familiaridad cuando llegó al Grupo EPM. Allí ya estaba su esposa Bibiana Estrada, contralora de auditoría Fiscal para EPM Filiales energía. Estrada es compañera de Alejandro Gallego Hernández, pareja de Liliana Ramírez (prima del alcalde Quintero) y quien después de dejar la gerencia de Emvarias se fue para la vicepresidencia de Auditoría Corporativa de EPM en enero de 2022.
También en la familia de Esteban Restrepo, hoy candidato a la Gobernación, conocen de estos enroques. Su tío, Carlos Andrés Restrepo Vargas, fue el director administrativo y financiero que firmó el informe financiero de Telemedellín en 2021 que arrojó pérdidas por casi $1.000 millones, crisis que se agudizó en 2022 con $6.500 millones en pérdidas.
Tras cinco meses en Telemedellín, el tío de Esteban Restrepo se marchó para una jefatura en Emvarias donde está desde enero de 2022.
Expertos consultados en la serie de artículos y denuncias publicados desde 2021 sobre la situación de Emvarias han advertido la necesidad de robustecer la empresa con directivos con perfiles idóneos y decisiones netamente técnicas pues señalan que, aunque la ciudadanía no lo dimensiona, Emvarias tiene un papel fundamental en la lucha contra la crisis climática que enfrenta el Valle de Aburrá y que, en consecuencia, los próximos años hasta 2030 la entidad debe entrar en una etapa de transformación científica y tecnológica, comenzando por un cambio total del modelo de disposición de residuos, pasando de enterrar basura, que es lo que hoy hace, a generar energías y liderar la economía circular del departamento.
Desde la entidad señalan que sí lo están haciendo y mencionan un contrato financiado por Minambiente y ejecutado por Findeter para desarrollar los estudios y diseños a nivel de factibilidad, para un sistema de aprovechamiento energético y material de residuos sólidos orgánicos bajo la tecnología de biodigestión anaerobia para Medellín.
Pero los conocedores del tema apuntan que no son apuestas suficientemente ambiciosas frente a la capacidad de Emvarias y del Grupo EPM.
Tal como lo ha hecho siempre con cada denuncia y artículo publicado sobre la situación de la empresa, EL COLOMBIANO le envió un requerimiento periodístico a Emvarias indagando sobre los temas señalados en la nota. La respuesta que entregó a través de la oficina de comunicaciones es que se tomarían el tiempo de ley para responder al cuestionario.
Además de las preguntas que debe resolver Emvarias a la opinión pública, la cantidad de dudas que recaen sobre el futuro de la empresa ameritan que la ciudadanía y el Concejo también eleven interrogantes.
