En la filosofía paisa es claro que nadie compra huevos para vender huevos, pero la norma dictada por la sabiduría popular mucho menos consiente que uno compre algo para venderlo luego por la mitad del precio que pagó inicialmente, como parece que ocurrió con la Clínica de la 80.
Por esa razón, actualmente cursa una denuncia penal en la Fiscalía contra tres altas exfuncionarias de la administración de Daniel Quintero, por haber invertido en mejoras y equipos para ese centro hospitalario $23.744 millones y luego haberlas negociado en $12.007 millones, es decir, poco más de la mitad.
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Los presuntos delitos de la exsecretaria de Salud, Jennifer Andree Uribe; la General, Natalia Andrea Jiménez; y de Suministros y Servicios, Karen Bibiana Delgado son falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado.
Vale la pena recordar que cuando inició la emergencia por la pandemia del covid-19 los hospitales del Valle de Aburrá estaban colapsados por la llegada de personas afectadas por el coronavirus y era necesario contar con más capacidad en las áreas de urgencias y más camas en las unidades de cuidados intensivos.
En medio del estado de emergencia que decretó el Gobierno Nacional, el exalcalde Daniel Quintero optó por firmar un comodato con el liquidador de la EPS Saludcoop, con el fin de utilizar unas instalaciones que estaban abandonadas y sin uso en el occidente de Medellín, con el fin de saldar el déficit que había.
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El documento se firmó el 26 de marzo de 2020 con Saludcoop, una EPS de cobertura nacional que estaba en proceso de liquidación desde el año 2015. Pero como el inmueble, ubicado en Belén, estaba en estado de abandono, se requirieron adecuaciones importantes que consistieron en pintura general, impermeabilización de la cubierta, reparación de ascensores; reemplazo total del sistema eléctrico, de acueducto y desagüe, así como de las redes hidrosanitarias y eléctricas, también, la reposición de las luces, entre otras obras. La idea era que los bienes adquiridos fueran de propiedad del Municipio y que se los reconocieran al final.
Dicho sea de paso que los trabajos no estuvieron libres de controversia porque el contrato se lo dieron, sin licitación, a una firma unipersonal sin mucha trayectoria en la región y finalmente la Alcaldía abrió la clínica en noviembre de 2022. Ahí también ha habido debate porque el costo de operación no se compadecía con el alto costo y muchos de los equipos se habrían quedado sin desempacar.
Luego, en noviembre de 2021, el Distrito le manifestó al agente liquidador de Saludcoop la intención de comprar el inmueble, pero un mes después recibió la negativa y en marzo de 2022, Saludcoop le vendió el edificio de la clínica a la Fundación Colombiana de Cancerología para que funcionara allí la Clínica Vida -nombre que conserva hoy día- y le solicitó de manera perentoria al Municipio que le devolviera la edificación.
Así también, eso desató la necesidad de comenzar a reclamar el pago de las mejoras que se habían acometido con recursos de los medellinenses.
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Las actuaciones que pondrían a las exsecretarias Uribe, Jiménez y Delgado a dar explicaciones comenzaron el 11 de mayo de 2022. En esa fecha se reunió el Comité de Conciliación del Distrito a discutir una propuesta que proponía que la Clínica Vida le pagara al Distrito $12.007 millones, es decir, una cifra de apenas la mitad de lo que antes se había invertido en la Clínica de la 80 y para acabar de completar, otorgándole además plazo hasta julio de 2025 para saldar $7.007 millones en cuotas mensuales, con una tasa del 10,4% anual de interés. Como si fuera poco, tampoco se habló de ninguna tasa de interés para el caso de que el comprador incurriera en mora con los pagos.
Hay que decir además que el monto acordado no estaría sustentado en ningún estudio o avalúo oficial que diera cuenta del valor real de los bienes que intervenían en el negocio. El único posible atenuante es que la Fundación de Cancerología ha pagado cumplida sus obligaciones.
Al equipo de la alcaldía que ha estudiado el caso a partir de la posesión de Federico Gutiérrez, y que hizo la denuncia ante el ente investigador en febrero pasado, le ha llamado la atención esa actitud tan dadivosa, que podría configurar un interés indebido en celebración de contratos y un peculado por el evidente detrimento patrimonial en contra del Distrito.
Pero además, sustenta que podría configurarse una falsedad ideológica en documento público, toda vez que en el contrato que se firmó de manera apresurada el 12 de mayo de 2022, al día siguiente de una sesión extraordinaria del Comité de Conciliación citada por solicitud de las secretarias Uribe y Jiménez, asegura que el trato fue aprobado en dicha instancia y, sin embargo, EL COLOMBIANO conoció la respectiva acta en la cual se observa que no se adoptó ninguna decisión y, por el contrario, dicha instancia recomendó revisar ítems como el de los intereses y un cálculo de la cifra a conciliar comparando los gastos con el valor de la transacción.
Este medio de comunicación le escribió el jueves a la exsecretaria de Salud pidiéndole una entrevista y ayer contestó que no sabía de la denuncia penal en su contra por los hechos mencionados y que apenas se enteró por los periodistas de EL COLOMBIANO realizó un derecho de petición a la Fiscalía. Pidió además que le enviáramos el cuestionario para tramitarlo con su abogado, pero al cierre de esta edición no había respuesta.
Quien sí dijo conocer de la indagación fue la exsecretaria Delgado, quien afirmó que no ha sido llamada a declarar, pero que estará lista a acudir cuando sea requerida. “Mi deseo es contribuir con la investigación”, acotó, a la vez que su participación en “dicho proceso contractual se limitó a la suscripción de la transacción en el marco de las competencias que entonces tenía como secretaria de Suministros y Servicios y de las normas vigentes sobre la materia”.
Este diario también consultó con la Clínica Vida, que no contestó al cierre de esta edición.
