En medio de una acalorada sesión, el Concejo de Medellín aprobó este miércoles 15 de noviembre girarle cerca de $78.000 millones de trasferencias extraordinarias de EPM al Colegio Mayor de Antioquia, el Pascual Bravo y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM).
La decisión fue aprobada por la plenaria con el apoyo de 13 concejales y 4 votos negativos, en una sesión llena de duros señalamientos de parte y parte.
Y es que mientras desde la administración distrital se insistió en que dicho proyecto de acuerdo sería el único camino para sacar de una severa crisis a esas tres instituciones, varios concejales del bloque opositor señalaron al gobierno local de esconder información sobre su presupuesto y presionar al Concejo para aprobar una iniciativa que estaría llena de baches.
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Desde esta última orilla, varios de los cabildantes que expresaron sus reparos fueron Simón Pérez, del movimiento Todos Juntos, Daniel Duque Velásquez, de la Alianza Verde, y Leticia Orrego y Alfredo Ramos, de la bancada del Centro Democrático.
Por el lado de Pérez y Ramos, ambos corporados acusaron a la Secretaría de Hacienda de no ser clara con los traslados presupuestales que se han efectuado al interior del gobierno durante los últimos meses, que, a su juicio, eran la figura expedita para inyectarle recursos a las universidades, evitando sacarle más recursos a EPM.
Ramos, por ejemplo, proyectó incluso en la sesión un documento en el que constaría que, con corte a junio pasado, el distrito habría aprobado traslados por un total de $829.000 millones, dejando por fuera a sus instituciones de educación superior.
De igual forma, la concejala Leticia Orrego acusó al gobierno de presentar el proyecto sin un Conpes propio, sosteniendo que esa sería una irregularidad que lo viciaría.
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Por otra parte, cabildantes como Carlos Mario Mejía, de la bancada Liberal y quien ejerció como secretario de Movilidad durante la administración Quintero, señaló estar decepcionado del legado que dejaba dicho gobierno, pero expresó que aprobaría la iniciativa para que las universidades no pagaran los platos rotos.