Hace 11 años, 260 familias tocaron el sueño de tener una casa propia en Medellín, pero nunca lograron hacerlo realidad y hasta perdieron dinero. Eran en su mayoría personas de escasos recursos económicos que recibieron con esperanza subsidios estatales para hacerse a un hogar en el proyecto de vivienda de interés prioritario Torres del Este, con un costo proyectado de unos $10.500 millones y ubicado frente a la estación Miraflores, a cinco minutos del Centro.
Ahora, muchas ni siquiera deben saber que las obras se reactivaron en las mismas dos torres que les habían prometido, pero con capital privado, pues en medio de múltiples irregularidades los subsidios fueron retirados y las familias beneficiarias en un primer momento quedaron en el aire. Para entender esta historia hay que ir por partes.
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Rosa* recuerda que la noticia del proyecto, que empezó a ejecutarse en 2013, la entusiasmó mucho porque era la oportunidad de tener un hogar para ella y sus hijas tras llegar a Medellín desplazadas por causa del conflicto armado. Era una iniciativa promovida por la Fundación Colombiana de Desplazados y Etnias (Funcodent), bajo la representación de Teófilo Palacios Mena, y que contó con el respaldo del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), entidad que asignó subsidios a los beneficiarios, quienes además, en medio de sus carencias, pusieron una parte de recursos para ajustar. Rosa puso en total $2’850.000 y hoy considera que las víctimas no han tenido respaldo, por lo cual muchas ya se desanimaron y no siguieron buscando reparación.
Pero algunas aún están a la espera de que les devuelvan el dinero que aportaron de su propio bolsillo y que la justicia y los órganos de control actúen con contundencia en respuesta a las denuncias por presuntos malos manejos de los recursos y fallas en la supervisión, por lo menos, como precedente para que situaciones así no sigan ocurriendo.
El edificio contempla dos torres. Para la primera se asignaron 102 subsidios, mientras que para la segunda fueron 158. En medio de las múltiples aristas de este caso, el Isvimed tenía la función de aprobar el desembolso de los subsidios a Funcodent para el desarrollo de ambas torres, con la condición de que la plata se giraba dependiendo del avance de obra, de acuerdo con los informes de supervisión e interventoría.
Pero entonces, empezaron a evidenciarse irregularidades financieras, de organización y supervisión que terminaron con el proyecto paralizado por falta de plata, pese a que el Isvimed aprobó y desembolsó en total para ambas torres casi $3.500 millones, suma superior al avance real de la obra. Y fue cuando salió a la luz un pleito por parte del dinero entre Palacios Mena y el contratista encargado de la ejecución de la obra, en medio de señalamientos que hoy están bajo investigación de la Fiscalía.
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Algunas versiones dan cuenta de que Palacios Mena, incluso, habría seguido actuando ante el Isvimed a nombre de Funcodent, pese a que la gobernación de Antioquia le quitó la representación legal de la fundación entre agosto y septiembre de 2014. A esto se suma que, al parecer, la fundación no tenía en su asamblea general ni en la toma de decisiones a los beneficiarios del proyecto, pues ni siquiera contaba con libro de socios.
Palacios Mena le dijo a este diario este martes que el Isvimed habría aprobado varios desembolsos de recursos sin su consentimiento como representante legal de Funcodent. Dijo también que luego este dinero habría llegado al contratista encargado de la obra y que este, a su vez, lo habría invertido en otro proyecto. Aseguró que lo denunció en la Fiscalía, así como a una persona de su fundación que, al parecer, actuó a sus espaldas para autorizar y solicitar dichos desembolsos.
Pero la otra cara de la moneda, como quedó consignado en notas que ha publicado este medio en el pasado, es que el contratista presuntamente entregó altas sumas de dinero a gente que se hacía pasar por socio de Palacios Mena y que, al final, parte de la plata que no se invirtió en la obra sí habría llegado a Funcodent y su representante legal, sobre lo cual también hay procesos penales vigentes. En su momento, Humberto Iglesias, exdirector del Isvimed, afirmó que el instituto solo le consignaba subsidios a Funcodent y que era el representante legal quien debía responder por su correcta utilización.
Al final, tras la evidencia de las falencias, el Isvimed retiró los subsidios y en mayo de 2021 emitió una resolución en la que, entre otras cosas, priorizaba a los beneficiarios afectados de Torres del Este para asignarles subsidios municipales de vivienda en otros proyectos con cupos.
Desde la actual administración del Isvimed indicaron que en 2021 les ofrecieron a 241 hogares afectados ser parte del proyecto habitacional Breeze, pero no pudieron sumarse porque no tenían capacidad económica para hacer el aporte requerido, pues ya no era un proyecto de interés prioritario, sino de interés social, que es más costoso.
“Los 19 hogares restantes no acudieron a la cita para la oferta manifestando que no se encontraban interesados, dado que al igual que los demás hogares no podían realizar ningún tipo de cierre financiero”, agregaron desde el instituto.
Sobre el dinero de las familias y los subsidios, Palacios Mena aseguró que nunca lo recibió en sus cuentas personales ni de otra forma y que no estafó a ninguna persona: “Dijeron que Teófilo se gastó la plata, no, yo no me la gasté, porque yo no la autoricé y yo no la invertí en la obra. Se la giraron a un contratista que había. Con un solo informe de la interventoría hicieron cinco pagos y la obra suspendida”.
Según un documento elaborado por el equipo jurídico de algunas víctimas, para la torre I se llegó a desembolsar el 71% de los subsidios, pero la obra no llegó sino al 50%, mientras que para la torre II fue un desembolso del 64% pero un avance del 16,7%. En consideración de las víctimas, como lo han sustentado en sus denuncias, la fundación habría acreditado avances de obra superiores a los reales y el Isvimed no habría hecho bien la tarea de supervisar con rigor.
Dichos desembolsos para la torre I fueron de unos $1.443 millones, en cuatro montos, y para la torre II fueron otros cuatro por un total de $2.032 millones, todos aprobados en distintos momentos por Manuel Fernando Correa, Adrián Felipe Becerra, María Eugenia Lopera y Sixto Naranjo, para ese entonces funcionarios del Isvimed. Entre las presuntas irregularidades también se encuentra que se habrían hecho por lo menos dos pagos a un tercero que presuntamente nada tenía que ver con el proyecto.
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A Funcodent le quitaron la personería jurídica en medio de este proceso, pero Palacios Mena aseguró que la fundación forma parte del proceso aún porque está dentro del patrimonio autónomo y el lote del proyecto, que es privado, está en un patrimonio autónomo. Adicionalmente, contó que están devolviendo el dinero que los beneficiarios pusieron de su bolsillo, a los de la torre I falta devolverles unos $84 millones en total, mientras que a los de la torre II les deben alrededor de $255 millones, según señaló.
Sobre la nueva fase de la obra, dijo que la ha adelantado con recursos propios y préstamos, que su licencia sigue siendo para vivienda de interés prioritario y que está en proceso de vender el proyecto a un privado, para luego buscar a personas que quieran ser beneficiarias y se arriesguen pese a los múltiples escándalos que rodean esta iniciativa. Por otro lado, expresó que apenas encuentre un inversionista privado se empezarán a devolver los recursos a las víctimas y que al Isvimed deben devolverle también alrededor de $1.400 millones para quedar “limpios”. En efecto, desde el instituto indicaron que no han recuperado el dinero.
El exrepresentante de Funcodent dijo finalmente que cuenta con todos los permisos y licencias que le han permitido avanzar con la obra en esta nueva fase y que hará un préstamo para contratar nuevos estudios que den cuenta del estado de la edificación y hacer una repotenciación para garantizar que es segura. La proyección es terminar en junio próximo la torre I y empezar la II, cada una será de 20 pisos aunque tienen licencia para 26.
Por su lado, Rosa* y el sacerdote Fray Guillermo León Correa, de la comunidad de los Carmelitas de la parroquia El Señor de las Misericordias (Manrique), que ha acompañado a algunas familias afectadas, ven con tristeza cómo no se ha dado una efectiva respuesta de las autoridades ni se ha reubicado a la mayoría de las familias afectadas en otros proyectos de vivienda.
Están a la espera de los avances de la investigación en la Fiscalía y de acciones concretas de parte de Procuraduría o Contraloría. Y creen que la sanción que impuso la Personería por este caso es mínima en comparación con el daño causado: entre dos y cuatro meses de suspensión a funcionarios del Isvimed.
Desde la nueva dirección del instituto informaron que en 2023 verificaron con la oficina de Catastro Distrital que 46 hogares de los afectados por Torres del Este ya cuentan con una solución habitacional y que están revisando los proyectos habitacionales en ejecución, para establecer si existen unidades disponibles que puedan ofrecerse a los afectados y otros ciudadanos interesados en subsidios de vivienda.
Rosa y el padre Correa le hacen el llamado a la nueva administración para que los reciba y busquen soluciones a las familias afectadas por este proyecto de vivienda popular que no tuvo buen puerto.
*Nombre cambiado por petición de la fuente.
