En medio de la crisis del Hospital General donde sea que se levante una piedra es posible dar con un problema. Ahora resulta que los reclamos que le hizo el gerente del hospital, Mario Fernando Córdoba, a Savia Salud y al Gobierno Nacional por incumplimientos en el pago de sus deudas no solo tienen poco asidero, según los hallazgos del interventor de Savia, sino que ocultarían posibles irregularidades que incluyen aumentos unilaterales en las tarifas por más del 1.700% en la prestación de decenas de servicios médicos a usuarios.
A finales de diciembre pasado, Córdoba, quien se niega a renunciar a pesar de la crítica situación que atraviesa la entidad bajo su cargo, buscó descargar en Savia Salud parte de la responsabilidad en la situación financiera de la institución, asegurando que la EPS que atiende a usuarios del régimen subsidiado le debía al hospital $87.354 millones de los $260.000 millones que tenían de cartera morosa, y que tienen al hospital financieramente en serios problemas.
El gerente incluso responsabilizó el Gobierno Nacional en una carta enviada al superintendente de Salud, Ulahy Beltrán López, en la que sugirió que el supuesto retraso indebido de los pagos era culpa la intervención del Estado a Savia, por ejercer supuestas prácticas dilatorias con los recursos de la salud, por lo que, palabras más, palabras menos, señaló que si la EPS no estaba girando lo correspondiente por un déficit o porque no le alcanzaba el UPC era obligación del Gobierno Nacional de entrar “a solventar esta situación tan delicada que hay”.
Las declaraciones de Córdoba fueron entendidas por parte de empleados y agremiaciones del hospital como una cortina de humo para tapar los malos manejos.
La directiva del hospital le había solicitado a Savia que le hiciera un abono urgente que fuera independiente de los giros directos. La respuesta llegó el viernes, en cabeza de su interventor Edwin Carlos Rodríguez. Este documento, en el que Savia refuta a Córdoba y señala que viene cumpliendo a cabalidad los pagos, surgió tras una reunión adelantada por el Gobierno Nacional que se dio casi en simultánea con la junta extraordinaria que citó el pasado viernes el alcalde Federico Gutiérrez, en la que el mandatario anunció un plan de choque para poder pagar deudas a trabajadores y proveedores.
Así como el plan de choque fue calificado como de vital importancia para el futuro inmediato del hospital, también tienen trascendencia las aclaraciones y hallazgos que hizo el gerente interventor de Savia sobre la facturación que, a juicio del presidente del sindicato Asohgm, Juan Camilo Toro, son muy graves.
Savia señala en el documento que entre enero y diciembre de 2023 recibió 66.017 facturas del H. General para ser auditadas, y en ellas evidenció inconsistencias. Dicha facturación tuvo un valor radicado por más de $180.000 millones. Sin embargo, Savia les devolvió facturas por un valor de $15.879 millones, mientras que parte de esa facturación presentó glosas por $31.184 millones. Son más de $47.000 millones los que tienen que ser aclarados.
La mayor parte del enorme hueco que deja esa factura glosada tiene que ver con una situación que advirtió la gerencia interventora de Savia. Resulta que desde junio de 2023 el Hospital General de forma unilateral aumentó en algunos servicios las tarifas en hasta un 1.710%, lo que conllevó a mayores valores facturados.
Por ejemplo, exámenes de microscopia electrónica en biopsia, fundamentales para detectar enfermedades renales y establecer tratamientos oportunos, fueron contratados por $291.547 pero fueron cobrados a $536.987, una diferencia del 500%. Y así ocurrió con decenas de servicios.
Este aumento unilateral y desproporcionado en la tarifa de decenas de servicios obligó a Savia a incurrir en reprocesos en la auditoria de la prestación del servicio, para dar solución a las diferencias de esas glosas, por lo que el gerente interventor de Savia, Edwin Rodríguez, anunció que seguirán realizando la auditoria técnica del General factura por factura para prevenir “futuros posibles hallazgos fiscales de los entes de control por presuntos mayores pagados por Savia a la red prestadora”.
Cumplimiento en los pagos
La gerencia interventora de Savia también aseguró que están cumpliendo con los acuerdos de pagos y, con cifras en mano, contradijo las declaraciones del gerente del hospital, quien había señalado que Savia apenas estaba pagando al hospital en promedio entre $5.000 y $7.000 millones mensuales durante 2023. La información de Savia dice lo contrario y evidencia que durante 2023 pagó al General $137.263,522, entre enero y diciembre, por facturación recibida, auditada y avalada, lo que refleja un promedio de $11.438 millones pagados mensualmente.
También, el pasado 4 de enero, tras recibir recursos del Ministerio de Salud y Protección Social por concepto de Presupuestos Máximos, Savia Salud desembolsó al Hospital General $1.746 millones, correspondientes a la cartera corriente de entre 60 y más de 360 días. Con esto, según Savia, queda saldada la totalidad histórica que se tenía como deuda por el concepto de servicios no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud.
En lo que respecta a la gerencia interventora de Savia, queda zanjada la responsabilidad que quiso endilgarle el gerente Córdoba a la EPS por la crisis del hospital. Ahora le corresponde al equipo técnico del General aclarar en la mesa técnica junto a Savia los problemas en las facturas para seguir acelerando los pagos de la EPS durante 2024.
Y si las glosas evidenciadas en la facturación de Savia se repiten con el resto que tienen correspondientes a las demás EPS entonces las cuentas que hacen las directivas del hospital de una cartera morosa de $260.000 millones podría cambiar considerablemente.
Por lo pronto, esta semana empieza a regir el plan de choque que ordenó el alcalde Gutiérrez y que incluye un acuerdo de pagos por $9.400 millones para ponerse al día con los salarios atrasados de los trabajadores; otro acuerdo por $24.000 para mitigar las acreencias con los proveedores y así el General pueda volver a abastecerse con los insumos necesarios para operar como un hospital de primer nivel; y finalmente una restricción para que el gerente Córdoba pueda firmar contratos que superen los 20 salarios mínimos.
Córdoba, por su parte, se mantiene firme en atornillarse al cargo hasta que se acabe su periodo en marzo próximo. Pero el círculo se va cerrando alrededor suyo. Primero con sus argumentos desestimados, tal como ocurrió en el caso de Savia. Segundo con la decisión de la alcaldía Gutiérrez de respirarle en la nuca, que quedó clara cuando en la reunión del pasado viernes la junta directiva encabezada por el alcalde ubicó a Córdoba en una silla lejos de la mesa central, una imagen que los trabajadores del hospital celebraron como un gesto de que, al menos en lo que le resta de su gerencia, no podrá tomar determinaciones sin que lo vigilen desde la alcaldía.
