En el barrio Santa María de Los Ángeles, en el Poblado, hay una casa que domina una esquina. Es una de las últimas exponentes en la ciudad de la arquitectura moderna californiana que llegó a partir de los 50 a ayudar a transitar a Medellín de su faceta colonial y republicana al desarrollo contemporáneo. Es una de casas más bellas aún en pie en toda Medellín, pero pronto caerá. Y aunque los residentes lamentan que con su demolición se irá uno de los últimos signos de identidad arquitectónica y singularidad de El Poblado y de la ciudad, lo que más les preocupa es la construcción que la reemplazará.
A inicios de febrero pasado apareció una valla que muchos de los residentes sintieron como un mazazo. El cartel amarillo les avisaba que la Promotora de Proyectos Río S.A.S había solicitado a la Curaduría Urbana Primera licencia urbanística para construir un edificio llamado Unik con 162 suits hoteleras, 27 apartamentos y 10 locales comerciales. Desde ese momento casi todas las conversaciones cotidianas entre los vecinos están permeadas por ese proyecto que muchos consideran como una amenaza para el futuro del barrio, uno de los últimos fortines de la vida residencial y barrial de El Poblado ante el innegable avance de la gentrificación y la turistificación en toda la Comuna 14.
Para entender parte de los temores que tienen los vecinos hay que hablar del Plan Parcial de Santa María de Los Ángeles. El Plan Parcial fue aprobado en julio de 2007 y cobijó en su polígono un área delimitada por las carreras 44 y 48 (Avenida Las Vegas), y las calles 15 Sur y 17 Sur (manzana 010, manzana 011, manzana 019). A grandes rasgos, su objetivo fue lograr un modelo de desarrollo urbano en el que se lograra una alta densificación de una zona de rica como pocas en El Poblado en infraestructura y servicios; que las nuevas edificaciones tuvieran como eje conector un parque a escala barrial y que en su núcleo el uso del suelo fuese predominantemente residencial con baja mixtura (comercio minorista y de baja afluencia), con la posibilidad de una mixtura media en el uso de suelo en sus ejes principales (servicios y comercio mediano). En palabras simples, que se aprovechara esa centralidad para construir la mayor cantidad posible de viviendas en una ciudad que ya en aquel entonces, hace 17 años, acusaba la pobreza de suelos realmente aptos para abordar su expansión urbana.
Por eso el anuncio de un proyecto ubicado en el corazón del sector, cuya destinación anticipaba ser en un 85 por ciento hotelero y comercial, prendió las alarmas.
Ahí empezó la movilización de los residentes; derechos de petición y participación de diez unidades residenciales vecinas como terceros interesados en el trámite de licenciamiento. Entre la información a cuenta gotas que lograron conseguir de la Curaduría conocieron los requisitos que estaba analizando el curador Marco Antonio Jaramillo Ospina y que, tras pedir ajustes en la destinación del proyecto, todavía seguía en estudio el trámite de licencia.
Efectivamente la valla amarilla fue ‘mutando’ en estos meses con algunos injertos que anunciaban los ajustes. El proyecto pasó de 162 suits, 27 apartamentos y 10 locales a 108 suits hoteleras, 27 apartamentos y un local comercial.
Según apunta Andrés Franco, uno de los detractores, el único interés de la gente detrás del proyecto es encontrar el resquicio, el tecnicismo, que les permita acomodarse a la normativa y levantar su edificio. La discusión sobre la viabilidad jurídica y normativa del polémico edificio tiene múltiples aristas e interpretaciones, pero hasta ahora ninguna definitiva. Lo que sí están haciendo, sin revelar sus cartas, es preparar sus siguientes movidas jurídicas y administrativas en caso que la licencia sea aprobada.
También dicen tener claro que, más que una discusión sobre la minucia normativa y jurídica, este caso es ofrece de fondo una discusión sobre lo que está en juego en el futuro de la ciudad.
Los “monstruos del turismo”
“Viendo la problemática que atraviesa la ciudad frente a la explotación sexual, en medio de la dinámica del turismo, ¿a quién se le ocurre permitir un proyecto de renta corta ubicado a todo el frente de una escuela de música donde hay decenas de niños, niñas y adolescentes?” Esa es la pregunta que lanza una de las residentes y que parece encontrar eco entre la mayoría de los habitantes del barrio.
Efectivamente, solo una pequeña calle separaría a los estudiantes de la Escuela de Música (que hace parte de la Red de Escuelas de la Alcaldía) del flujo de cientos de turistas que entrarían y saldrían de Unik todos los días.
Los padres de familia señalan que se perdería completamente la tranquilidad para permitir la movilidad libre de sus hijos en el barrio, en vista de la forma en la que operan de manera camuflada las mafias de explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes.
Entre los habitantes del barrio parece haber consenso en que la estrategia que adelanta el alcalde Federico Gutiérrez para enfrentar la explotación sexual no tendrá un impacto de fondo si la alcaldía no toma posición real y activa frente a este tipo de proyectos y situaciones.
“Por un lado la alcaldía emprende estrategias contra esos monstruos que vienen con el turismo: la explotación sexual, el consumo y tráfico de drogas, pero por otro lado la institucionalidad permite que el turismo lo traspase todo y encuentre todas las facilidades para instalarse en un barrio de vocación residencial y frente a una escuela de arte para niños y jóvenes”, recalca una residente.
Otro de los propietarios señala que ha identificado siete grandes problemáticas que se derivarían de la construcción de este edificio. Entre estos, problemas de convivencia, basado en los cientos de casos ocurridos en apartamentos de renta corta y suits en la ciudad; aumento en la inseguridad por las dinámicas de ilegalidad que migran hacia donde se asientan estos proyectos; cambio de vocación residencial de un barrio llamado a ser modelo de densificación urbana; el deterioro en la movilidad, pues efectivamente las vías del sector están infartadas y la dinámica de domiciliarios y servicios públicos ahorcaría más el tránsito; la gentrificación y, con esta, la expulsión progresiva de los residentes ante el aumento de arriendos y el metro cuadrado; la llegada de la oferta complementaria que suele aparecer con estos negocios de renta corta como bares y sitios de rumba (el mismo Unik contempla un bar entre sus espacios).
Jorge Iván Osorio, residente de una de las tres unidades colindantes con el lote de la discordia, señala que casos como este evidencian que la alcaldía tiene que tomar un papel activo y establecer medidas preventivas frente a proyectos como Unik, mientras Medellín discute de fondo la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial. Sostiene que proyectos de renta corta como este han proliferado en la ciudad amparados en las grietas que tiene un POT aprobado hace una década cuando el fenómeno turístico, la gentrificación y otros factores no existían tal como hoy. “La alcaldía tiene que tener herramientas para actuar con prevención, porque estos proyectos van a un ritmo arrollador y cuando tengamos POT actualizado el caos urbanístico va a ser difícil de reparar”, apunta.
¿Quiénes están detrás de Unik?
La alcaldía aterrizó a este tema apenas esta semana. Aunque los vecinos ya habían intentado contactarla para pedir su mediación, solo tuvieron noticias de la secretaría de Gestión y Control Territorial el pasado viernes cuando funcionarios adelantaron una visita al lote luego de que EL COLOMBIANO consultara a la dependencia por este caso.
Según respondieron desde la Secretaría, en su visita encontraron documentación y situación del lote en orden y, además, señalaron que si bien en el POT vigente el sector figura como área predominantemente residencial y de baja mixtura, el Plan Parcial, en su artículo 36, establece que “los alojamientos se encuentran dentro de los usos complementarios compatibles con el uso residencial”.
No obstante, señalaron que la Subsecretaría de Control Urbanístico verificará que las acciones del curador urbano en este proceso se ajusten a la norma y no existan irregularidades y que “brindará el apoyo necesario a los ciudadanos, realizando los informes técnicos y normativos a que haya lugar”.
La empresa que adquirió el lote también se pronunció. Hasta ahora los residentes lo llamaban “un proyecto fantasma” por la escasa información disponible en internet sobre la solicitante Promotora de Proyectos Río S.A.S. y la falta de algún canal con el cual establecer contacto. EME Propiedad Raíz, una empresa fundada en 1997, es la que firma que pretende construir Unik en esa apetecida esquina.
La empresa respondió de manera escrita que los cambios en la valla obedecieron a un tema de forma: “por un error involuntario del proveedor de la valla, al momento de la impresión se indicó que el proyecto tendría 10 locales comerciales, cuando realmente era 1”, asegura. Y señalan que el segundo cambio “obedeció a la actualización del número de suites con el fin de ajustarlo de acuerdo con las observaciones plateadas por la Curaduría al respecto (...), para dar cumplimiento a los parámetros estipulados en el Plan Parcial de Santa María de los Ángeles”.
Respecto a la pregunta de por qué desarrollar un proyecto de renta corta en una zona de amplia vocación residencial, respondieron que se ciñen al Plan Parcial que “determinó que sobre los ejes principales del barrio, habría mixtura de usos (vivienda, comercio y servicios)”. Y complementaron que “que si bien hace más de 10 años Santa María de los Ángeles era un barrio netamente de casas residenciales, desde el 2007 hemos visto cómo esto ha venido cambiando con la llegada de grandes edificaciones residenciales, centros de negocios como la Cámara de Comercio, centros de salud como la Clínica del Campestre y Sanitas, oficinas y comercios sobre la Avenida del Poblado, parques de esparcimiento y centros de culto y arte, incluyendo la iglesia y la escuela de música, entre otros”. Y hablaron de las bondades del barrio como atractivo para construir su proyecto. “Hablar de Santa María de los Ángeles hoy es imaginar el ideal de una ciudad donde todo está a menos de cinco minutos, no solo por su proximidad a dos de las vías más importantes del Poblado (Avenida Poblado y Las Vegas)”.
Frente al interrogante por la falta de diálogo e información clara ante la comunidad manifestaron que “la información del proyecto ha sido socializada mediante los canales establecidos en normatividad vigente, particularmente, en el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda No. 1077 de 2015” y que los vecinos se han hecho parte interesada en el proceso de licenciamiento. La respuesta, sin embargo, más allá del tecnicismo no aclara realmente por qué no han buscado a la comunidad para establecer un canal de diálogo frente a la manifiesta incertidumbre que desató el proyecto ni si piensan hacerlo.
A la espera que conocer la decisión de la Curaduría y de poder sentarse a tratar de convencer a los nuevos dueños de la esquina de que le apuesten a la continuidad del desarrollo residencial del sector, los vecinos que se han movilizado contra este proyecto dicen que quieren que este caso aliente una discusión que la ciudad no puede evadir más: ¿La prioridad de Medellín es ofrecer confort a toda costa a los turistas o hacer cuanto esté a su alcance para garantizar hábitat digna a sus ciudadanos?.
“¿Hasta dónde debemos aceptar que penetre el turismo en detrimento de la posibilidad de vivienda y un entorno saludable para los habitantes de una ciudad con un déficit habitacional gigante? Solo en El Poblado, Medellín ya le entregó al turismo el Lleras, Provenza, Manila y Astorga, ¿cuánto más hay que entregarle?”, cuestiona Franco.
