La noticia de que el restaurante San Carbón le está cobrando a la fuerza alrededor de 20 millones de pesos al Distrito de Medellín por concepto de comidas que no ha pagado tiene haciendo cuentas a mucho funcionarios que critican el aparente derroche, justo en momentos en que el alcalde Daniel Quintero repite el estribillo de que el retraso en varios programas y la cancelación de actividades de su Plan de desarrollo obedece a que el Concejo no le dio el visto bueno para que EPM le transfiriera al Municipio una tajada más grande de sus rendimientos.
En los alrededores de La Alpujarra un corrientazo normal se compra a precios que van desde los 13.000 hasta los 14.000 pesos y los fines de mes, aprovechando que llega el pago, probablemente un empleado público de mediano perfil se permite sacar 20.000 o 25.000 pesos para un menú un poco más gourmet, es decir que no sea un simple plato con papitas, arroz ensalada y carne, acompañado de su respectiva sopa y el jugo de una fruta que esté en cosecha, sino un menú con una ensalada que tenga más elaboración y hasta champiñones. Muchos más llevan la comida al trabajo.
Mientras tanto, en San Carbón, en donde come algunas veces Quintero con invitados que le llegan de visita y, al parecer, parte de sus colaboradores, para cancelar la cuenta con fondos del mismo erario, una crema de tomate o de champiñones marca 32.500 pesos y un ceviche de camarones vale 47.500 pesos. Son las entradas más baratas porque todas rondan los 50.000 pesos.
En el área de carnes que trae la carta publicada en internet, lo más barato son unas alitas de pollo apanadas y en salsa BBQ, que cuestan 53.000 pesos, porque de resto casi ninguna presa rebaja de los 80.000 pesos y hasta existen platos como el Tomahawk que es un corte grueso de lomo con costilla, “entre la sexta y la decimosegunda vértebra, de marcada suavidad, jugosidad, sabor y textura” que asciende a 495.000 pesos, y eso que si el comensal quiere pasar con una cerveza o una gaseosa, lo debe pagar como un adicional.
El primero en informar de las cuentas en mora de la Alcaldía con San Carbón fue Ruta Noticias, un portal que aseguró que el saldo por “viandas y placeres” que llegó a acumular el Distrito se acercaba a los 60 millones de pesos.
El motivo para que los administradores dejaran subir la cartera a esos niveles sería la cercanía afectiva con el círculo cercano al alcalde Quintero, pues el copropietario del establecimiento era el suegro de Albert Corredor, el exconcejal del Centro Democrático que es uno de los alfiles del mandatario.
Por esa cercanía, San Carbón habría pasado a convertirse en la sede social alterna por excelencia del Alcalde. Vale la pena recordar que fue allí donde, en junio del año pasado, el jefe de escoltas de Quintero, Sergio Andrés Yepes, hizo sacar a una mujer y conducirla a la estación de policía de El Poblado, todo porque hizo un comentario crítico contra el mandatario mientras este veía un partido de fútbol con un grupo de amigos.
Pero pasaron dos cosas que provocaron que todo cambiara. Falleció el socio con el que el compadre Corredor “tenía vara” quedando la viuda solo como socia minoritaria. De esta manera, los accionistas mayoritarios fueron perdiendo la paciencia al ver que las facturas se acumulaban a medida que transcurrían los meses y el Distrito no se manifestaba.
Una de las razones del abundante consumo, según Ruta Noticias, es que aparte de lo que efectivamente correspondía a Quintero, comenzaron a remitir también al piso 12 de la Alpujarra lo que consumía el mayor Yepes los fines de semana cuando iba con amigas o con otro funcionario de alto nivel en el Distrito. Y al parecer por esa razón fue que pararon los pagos a San Carbón mientras que desenredaban el entuerto.
EL COLOMBIANO trató de conocer la versión de las partes pero el gerente de Inversiones Alimenticias La Pampa, firma que no solo es dueña de San Carbón sino de la carnicería de alta calidad La Pampa (pero no del restaurante homónimo), no contestó. Tampoco del Distrito habían respondido al cierre de esta edición.
No obstante, dos fuentes cercanas al tema, desde ambos lados, confirmaron que la historia relatada es verídica aunque el monto de las acreencias es de una tercera parte de lo afirmado, es decir, que llega a casi 20 millones de pesos por cuentas no saldadas de todo 2023 y algunos meses de 2022. La reclamación está en una fase de cobro prejurídico, es decir, que las partes tratan de llegar a un acuerdo amistoso; esa ha sido la intención con el fin de no volver este un asunto mediático... hasta que alguien en la cadena de descontentos rompió el silencio.
Hay una segunda arista de este relato. Resulta que siempre la plata para pagar las cuentas cotidianas en el Distrito ha provenido de una especie de caja menor, que de menor poco tiene porque su tope es de alrededor de 23 millones de pesos (hasta 20 salarios mínimos mensuales) y se reembolsan cada que haya necesidad.
Su nombre es Fondo Fijo Reembolsable y el decreto 1645 de 2006 autoriza que haya uno en cada dependencia de alto nivel de la administración. En este caso son 23 secretarías más el Departamento de Planeación y el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres (Dagrd).
En teoría, se trata de un “instrumento administrativo de ágil trámite” para gastos de funcionamiento “imprevistos, urgentes y necesarios con el fin de asegurar el giro normal de las operaciones de las unidades administrativas del Municipio”. O sea que no son para sufragar gastos que se conviertan en ordinarios o que sea posible prever y presupuestar, tampoco para los “gusticos” del funcionario, así se trate del alcalde.
Por supuesto, el fondo de más movimiento es el de Secretaría Privada que se encarga de suplir las necesidades de Quintero.
“Mientras que los ‘mortales’ cargamos coquita de almuerzo, el alcalde no paga ni un buñuelo de su bolsillo”, se quejó un funcionario con este medio, advirtiendo que el salario básico de Quintero es de unos 19 millones de pesos que le quedan casi libres porque también recibe viáticos y ni paga gasolina para moverse.
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Hay opacidad en el registro de gastos
El año pasado, el concejal de oposición Alfredo Ramos (Centro Democrático) elevó un derecho de petición para conocer cómo se movían los Fondos Fijos Reembolsables desde 2020. En un vistazo a esos documentos, EL COLOMBIANO encontró que eran frecuentes los pedidos de comida a distintos restaurantes, la mayoría caros, lo mismo que las compras a panaderías, cigarrerías y almacenes de cadena. En el registro, mientras que los pagos al pasar por el peaje del Túnel de Oriente parecen escuetos con el nombre, el resto casi todo figura solo como “gastos de atención y representación” y sin el funcionario que los hace. Eso dificulta la trazabilidad para ver si corresponde o no al servicio y aplicar correctivos en caso de que se quieran efectuar por la administración.
