El río Medellín, casi siempre noticia por desbordamientos, por su estado moribundo, por el hallazgo de muertos y por la negligencia endémica que padece traducida en riesgos ambientales y amenazas contra la infraestructura hasta del propio metro, esta semana finalmente fue noticia por algo alentador: buscarán que el Congreso lo declare sujeto de derechos.
¿Eso qué significa? Que se reconoce por ley que este río es una entidad viva y, como tal, el Estado debe garantizar que sus derechos se cumplan a cabalidad, igual como debe hacerlo con cualquier ciudadano colombiano.
El proyecto de ley que pretende declarar al río Aburrá-Medellín, sus cuencas y afluentes como sujetos de derecho lo lideran los congresistas del Centro Democrático, Paola Holguín y Juan Espinal, y cuenta con el apoyo de la bancada antioqueña en el Congreso.
Según explicaron los congresistas el propósito es otorgarle al río la importancia que tiene como el gran eje estructurante de todo el Valle de Aburrá, de los 3,3 millones de habitantes que están en su área de influencia (el 60% de toda la población de Antioquia), y que a través de esta declaratoria se reconozca que sin el bienestar del río no es posible alcanzar la conservación de la biodiversidad, ni los servicios ecosistémicos que necesita el Valle de Aburrá para su desarrollo social, cultural y económico.
Concretamente, lo que se busca una vez se apruebe la declaratoria es adquirir el Alto de San Miguel, donde nace el río, y blindarlo de las presiones antrópicas que pueden acelerar aún más el deterioro del río. El proyecto de ley también pretende que las 16.100,22 hectáreas de vegetación secundaria y 10.568,52 hectáreas de bosques fragmentados que conforman la cuenca del Aburrá se mantengan como ecosistemas estratégicos.
Eso en términos ecológicos. Pero la iniciativa también busca definir las obligaciones que tiene cada doliente del río: (14 alcaldías, Área Metropolitana, Metro, Corantioquia, Cornare) y garantizar que se metan la mano al bolsillo.
En medio de la construcción del proyecto, quien apuntó que es fundamental definir un mecanismo de financiación fue el el gerente del Metro, Tomás Elejalde.
Lo que planteó Elejalde es que se incluya la figura de Prevención y Gestión Responsable de Riesgos Ambientales e Hídricos que establezca la obligación de asignar un presupuesto anual para obras de recuperación y conservación. Que exista un comité que rinda cuentas sobre esta plata y su ejecución y que el Gobierno Nacional regule su funcionamiento.
La propuesta de Elejalde es clave, pues precisamente en los últimos años, a medida que los 84 puntos críticos en la margen del río siguen provocando daños, destruyendo la estructura hidráulica y generando deterioro en la infraestructura de los municipios, todas las entidades y administraciones se han tirado la pelota a la hora de responder a quién le toca poner plata para intervenir al río.
Ahora bien, el río Medellín no sería el primero que sea declarado sujeto de derechos en Colombia. De hecho, ocho ríos han recibido esta declaratoria en los últimos ocho años, así como la Amazonia, el Valle del Cocora y el Parque Nacional Los Nevados, todos ellos, por vía jurídica y no legislativa.
La madre de la figura de la naturaleza como sujeto de derechos es la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional que declaró al río Atrato como sujeto de derechos a la protección conservación, mantenimiento y restauración. Fue un fallo histórico porque cambió para siempre en el país el exclusivo enfoque de una justicia antropocéntrica (centrada en el hombre) a una biocéntrica (que reivindica el papel de la naturaleza).
Además le ordenó a la Nación convertirse en representante legal del río y coordinar las cientos de acciones y a las decenas de entidades y personas que tenían que devolverle la vida al Atrato: erradicar el mercurio, garantizar nuevamente su vínculo social, cultural y económico con las comunidades.
Pero ocho años después han sido pocos los avances. De hecho, el Atrato sigue envenenado con mercurio. Igual historia ha ocurrido con el resto de ríos y ecosistemas cobijados por estas declaratorias.
Por eso en este caso del río Medellín lo relevante no es si se convertirá ley, pues es casi seguro que sí. Tiene bancada sólida a su favor y una causa que no debería encontrar detractores. El verdadero debate es para qué puede servir.
El experto en derecho ambiental, Gustavo Guerrero Ruiz, hoy procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, ha sido uno de los principales críticos de esta figura. En su opinión, más allá del valor simbólico y del fortalecimiento de una jurisprudencia en uno de los países con más conflictos socioambientales del mundo, la naturaleza como sujeto de derecho es una figura que no tiene un impacto real, porque no logra resolver los problemas de fondo: la falta de articulación de las entidades: la Nación, entidades territoriales, autoridades ambientales, institutos de invesigación y sociedad civil; y muchos menos resuelve el problema de falta de presupuesto para abordar soluciones.
Lo único que puede resolver de fondo la falta de articulación de las entidades es la reforma total del Sistema Nacional Ambiental –SINA– que se sustenta en una ley promulgada hace 32 años y sostiene una maraña burocrática que se ha resistido a morir en las decenas de intentos legislativos para cambiarla.
Paradójicamente, en el mismo Congreso donde seguro se convertirá en ley la declaratoria a favor del río Medellín, cursan tres proyectos para reestructurar el SINA, todos pisándose las mangueras y con pocas posibilidades de ver la luz en el corto plazo.
