Cuando falta medio año para el cambio de gobierno, y en plena antesala de las elecciones regionales, el alcalde de Medellín Daniel Quintero anunció ayer que EPM rebajará por unos meses las tarifas de energía para sus usuarios en Antioquia, plan para el que se apuntó a medias el año pasado cuando el Gobierno Nacional lo pidió encarecidamente.
Este alivio para los usuarios podría valerle a la empresa hasta $400.000 millones, en un momento en que las finanzas no andan bien. El alcalde se valió de varias resoluciones de la Creg a las que la empresa les dio la espalda durante el Pacto por la Justicia Tarifaria el año pasado.
El plan es ya una decisión consumada y, según Quintero, EPM tendría la suficiente caja para asumir el golpe financiero que traerá.
En plata blanca, se trataría de una reducción gradual del -0,6% que empezaría a aplicarse a partir de junio y que tendría una vigencia de cuatro meses (hasta septiembre), momento a partir del cual la empresa volvería a incrementar mes a mes las tarifas hasta diciembre de 2023.
Según expresó el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, con el mecanismo se buscaría que en lo que queda de este año las tarifas de ese servicio público no sobrepasen los valores alcanzados en junio.
“Si hoy un usuario estrato tres paga $100.000 por el servicio de energía, con un consumo de 130 kilovatios/hora, el siguiente consumo va a ser más bajito, probablemente alrededor de los $99.000. De pronto en el siguiente mes $98.000 o $97.000 o $96.000, y en octubre vamos a empezar a subir y vamos a llegar en diciembre a los mismos $100.000. Hay un alivio inmediato y después hay una estabilización”, dijo el gerente ayer en una rueda prensa realizada en el edificio inteligente de EPM.
Aunque desde comienzos de este año EPM ha sido cauta en informar los detalles de esa movida, que despierta incertidumbre por impactar directamente sus ingresos en Antioquia, ayer la empresa reveló algunos datos nuevos.
Por ejemplo, según informó Carrillo, los cálculos preliminares de la compañía apuntarían a que con la reducción de esos cobros habría un impacto en caja que oscilaría entre los $130.000 millones y los $400.000 millones, sobre todo dependiendo del comportamiento que tenga el precio de la energía en bolsa en lo que resta de 2023.
Tal como lo ha venido contado este diario, este último factor es clave, dado que de acuerdo con las previsiones climáticas hay una alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño, por lo que no se descarta que el nivel de los embalses se reduzca y deban encenderse las térmicas, lo que implicaría un repunte en los precios de la energía.
Tanto Carrillo como Quintero insistieron en que el impacto en caja de esa reducción de las tarifas podría ser asumida con los recursos de la empresa.
“Si no hubiera habido el deterioro en el registro de Une, que es un deterioro contable, EPM le habría tenido que girar $2.1 billones al distrito. Cómo se produjo el deterioro se giraron $1.67 billones, entonces uno puede decir que se liberó caja, $550.000 millones. De esos $550.000 millones lo que solicitó el distrito para cubrir esos programas sociales fueron $330.000 millones. Eso quiere decir que nosotros ya estábamos preparados para esa transferencia”, aseguró Carrillo.
Las declaraciones del gerente, en las que aludió al proyecto con el que la Alcaldía busca luz verde para tener transferencias adicionales de EPM, ponen sobre la mesa la alta presión financiera que hoy afronta la empresa (Ver claves).
Y es que además de registrar una disminución anual en sus ingresos del 10% al cierre de 2022 en su empresa matriz, EPM también está embarcada en varios proyectos e inversiones problemáticas que tienen sus cuentas al límite, que van desde la culminación del proyecto de Hidroituango (aún pendiente de resolver su segunda licitación), el plan de inversiones de su filial en la costa Caribe Afinia (proyectado a 2031 por hasta $10 billones) y hasta su incursión en la compra de acciones de la Triple A en Barranquilla.
En paralelo a este panorama, otro detalle que salió a flote durante la rueda de prensa de ayer fueron las normas en las que la empresa se basó para estructurar ese alivio tarifario, que según expresó Carrillo se fundamentó en las resoluciones CREG 101 031 del 2022 y CREG 012 de 2020.
Como dato curioso, estas dos mismas normas fueron el eje central del proyecto que en octubre pasado encabezó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, con el que buscó que las empresas de energía bajaran voluntariamente sus cobros a los usuarios.
En medio de esa discusión, uno de los hechos que más llamó la atención fue la decisión de EPM de no acogerse a la resolución 101 031 del 2022, tal como lo plasmó la misma compañía en un comunicado de prensa que publicó el viernes 7 de octubre de 2022.
Pasados más de siete meses y medio de esa negativa, la empresa pareciera haber regresado su vista a atrás y acogerse a la misma, dando explicación también a por qué la reducción presentada ayer solo iría inicialmente hasta septiembre (plazo máximo establecido en esa norma).
Por otro lado, la segunda resolución mencionada por Carrillo (la CREG 012 de 2020) fue aquella que estableció la opción tarifaria, a la que el Grupo EPM ya se había acogido en el pasado para diferir cobros por cerca de $2.5 billones, que posteriormente fueron asumidos por los usuarios.
De acuerdo con las cifras entregadas por la empresa, las zonas en las que aplicará el cambio tarifario serían los 125 municipios de Antioquia más el municipio de El Carmen del Atrato, Chocó, que suman cerca de 2.7 millones de clientes.
Luego del anuncio de EPM, varios sectores expresaron algunos reparos al proyecto, sobre todo por aparecer a pocos meses del cambio de gobierno y por los impactos que podría tener sobre la salud financiera de la empresa.
Desde esa primera óptica, Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, consideró tardía la medida, asegurando que, según sus cálculos, en las últimas 41 facturas que han pagado los usuarios de EPM las mismas aumentaron un 55%
“Esta ‘estabilidad’ no significa alivio, porque deliberadamente se encareció al máximo, en contra de la voz de los usuarios que agobiados por la alta inflación siempre reclamaron rebaja significativa de las tarifas, pues la falta de capacidad de generación de ingresos, por desempleo e informalidad, exigía tarifas de servicios públicos pagables para poder cumplir con otras obligaciones domésticas, como alimentación, vivienda, salud, educación y movilidad”, expresó Gaviria.
