Todo está listo para el inicio de una nueva fase de excavaciones en el sector de La Escombrera, ubicado en la comuna 13.
Así lo informó durante su visita a Medellín el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal López, señalando que luego de varios meses de trabajo conjunto con la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas y la Alcaldía de Medellín se espera reanudar cuanto antes los trabajos de búsqueda en ese importante terreno.
Aunque el banderazo para el inicio de estas diligencias se espera sea dado este jueves 25 de julio en medio de una audiencia pública que tendrá lugar en el Museo Casa de la Memoria desde las 8:00 a.m., tanto desde la JEP como desde la Alcaldía hay optimismo por la reanudación de la tarea, sobre todo por cuenta de la conclusión de varias obras de infraestructura que se adelantaba en la zona.
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“La Alcaldía ha honrado sus compromisos. Lograron hacer unas obras para proteger el terreno, sobre todo el tema de las filtraciones, que impediría a futuro encontrar nada. Han avanzado en construir unas locaciones para que las víctimas puedan estar ahí siguiendo el trabajo. Entonces ya es una primera fase”, le dijo el presidente Vidal López a EL COLOMBIANO.
Asimismo, desde la JEP se informó que desde este miércoles en La Escombrera ya fue desplegada maquinaria especializada para iniciar con los trabajos de remoción y análisis de material.
Esta nueva fase de búsqueda se produce cuatro meses después de que la JEP, el Distrito de Medellín y el Departamento de Antioquia firmaran un memorando de entendimiento para impulsar proyectos de reparación de víctimas del conflicto armado en la región.
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En un acuerdo compuesto por varias líneas de trabajo, que ambas administraciones prometieron incorporar a sus respectivos planes de desarrollo, se acordaron desde el lanzamiento de estrategias para fortalecer la atención de víctimas, los trabajos de memoria, justicia y reparación y, en terreno, principalmente redoblar los esfuerzos de búsqueda en La Escombrera.
Según información entregada por la alcaldía desde marzo pasado, durante las primeras semanas de gobierno ya se había destinado una partida de $2.175 millones para la construcción de un sistema de drenaje en el terreno y un sistema de monitoreo, ambas labores a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
De igual forma, la estrategia incluye la construcción de un complejo de campamentos para que las víctimas puedan permanecer en condiciones dignas en el sitio mientras se adelantan los trabajos.
De acuerdo con cifras recientemente entregadas por el gobierno local al Concejo, se proyecta que dicha inversión ascienda hacia finales de este año a los $3.000 millones.
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Según las estimaciones de la JEP, en la comuna 13 por lo menos 435 personas habrían sido víctimas de desaparición forzada entre 1978 y 2016.
Entre el segundo semestre del 2002 y el primer semestre del 2023 habría sido uno de los momentos más críticos, cuando se reportaron 126 desaparecidos en el marco de por lo menos 124 operaciones militares como la Operación Orión (realizada en octubre de 2002), la Operación Mariscal (realizada el 21 de mayo de 2002) y la Operación Antorcha (realizada en agosto de 2002), en las que también habría participado estructuras al margen de la ley.
Con base en previsiones similares, construidas también con base en testimonios de exparamilitares del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas como Juan Carlos Villada, alias “Móvil 8”, fue precisamente que en agosto de 2015 en la zona empezaron a hacerse las primeras excavaciones en un sector conocido como La Arenera.
A poco de cumplirse una década del inicio de esos esfuerzos, las autoridades se alistan para el inicio de una quinta fase, en la que se proyecta remover cerca de 10.000 metros cúbicos de tierra.
Sobre este proceso se espera que se conozcan más detalles en el marco de la audiencia que encabezará este jueves la Sección de Ausencia de Reconocimiento en el Museo Casa de la Memoria.
Cabe recordar que en septiembre pasado, la JEP ya había ordenado mantener el cerramiento y la prohibición de intervención de cualquier persona o el desarrollo de cualquier actividad en el sitio correspondiente al “polígono nuevo”, en La Escombrera, por un año. Además, le exigió a la Policía y a la Alcaldía, tomar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación y el cerramiento del lugar. Esta zona está protegida desde agosto de 2020, cuando la JEP determinó que en este lugar resultaba procedente realizar labores de búsqueda, prospección y posible exhumación de cuerpos.
