María* no explica con claridad por qué tendrá que salir de su casa en los próximos días. Habla de una promesa de compraventa, de una notificación oral de desalojo, de una firma que dio su mamá —de 84 años, titular de la propiedad— en la notaría de la Terminal del Norte. Lo que sí tiene presente es que por allí, por la calle 73, pasará el metro de la 80 y que su predio es necesario para esa obra. Pero es justo en esta parte donde la pita se enreda: “Nos están ofreciendo $300 millones por una casa que, según nos dicen, vale más de $500”.
María no está sola, la acompañan Robinson, Rubiela, Juan Carlos y hasta Liliana, la presidenta de la acción comunal de El Volador. Sentados a las afueras del negocio de Robinson, uno repleto de bolsos que no se venden muy bien por estos días, relatan en conjunto la situación que los trasnocha: dicen que la Alcaldía de Medellín, la EDU, el Metro y la Lonja están formulando avalúos por debajo de los precios de mercado; que el metro cuadrado (m2) lo quieren pagar “regalado”.
Algunos viven en el corredor por donde pasará directamente el metro ligero —son vecinos de María— y otros tienen casa y negocio a unos metros, sobre la carrera 69, donde se proyecta la construcción del intercambiador vial Rinconcito Ecuatoriano, una de las obras complementarias de la intervención. No viven bajo el mismo techo, es cierto, pero comparten como si fueran familias un ramillete de pancartas que exigen pagos justos, trato digno y reparación.
Algunos mensajes dicen: “No vemos las iguales o mejores condiciones, ¿dónde están?”; “Muy bonito el discurso, pero los hechos qué. ¡Exigimos coherencia”; y uno más: “La Lonja factura, la administración se enriquece y la comunidad se empobrece”. Las misivas son demoledoras y retratan la desconfianza que hay en el sector en medio de la negociación de más 1.000 predios para los que el Distrito dispuso de $935.000 millones —la obra completa se proyecta en $3,5 billones—.
La denuncia
La casa en la que María vive está integrada por seis apartamentos internos. Ella vive en uno de los que tienen planta en el primer piso. Su mamá construyó en vida una propiedad para cada uno de los hijos. “Hace 60 años vivimos acá y con todo el esfuerzo levantamos esta casa unifamiliar. A mí me tocó clavar, mover arena y cemento; de todo: ayudarles a los oficiales para construir tres pisos, cada uno con dos apartamentos”, cuenta.
Por uno de los apartamentos, a la familia le ofrecieron $36 millones. “¿Qué compra uno con $36 millones?”, se interpela ella de inmediato mientras revuelve las telas de su taller de modistería —que queda en su casa— en búsqueda de una carta. Cuando la encuentra cuenta que uno de los seis apartamentos estaba arrendado y que su mamá tuvo que pedirle al inquilino que desocupara para venderlo; también tuvo que asumir la titularidad completa del inmueble para afrontar un negocio que, según los vecinos de El Volador, es un “tumbe” a todas luces.
Y aunque la historia parezca repetida, dice luego Juan Carlos, la de María es una de las encrucijadas más dicientes: la propiedad familiar tiene 102 m2 en la primera planta, 98 en la segunda y 70 en la tercera. “Con lo que les ofrecen alcanzan a comprar una casa. Y eso, si se cuenta con suerte, porque con la burbuja inmobiliaria que hay en Medellín ningún lado tiene arrimadero”, afirma Juan Carlos.
Pero la inconformidad es más amplia. Dicen estos vecinos que los avalúos —a cargo de la Lonja— no se están haciendo de forma rigurosa. En algunos casos, alegan, no se han hecho bien las mediciones: “Llegan, toman fotos y se van. ¡Y uno esperándolos con metro y todo”, dice uno de ellos. Y otro agrega: “La preocupación es que cuando uno pregunta por ese tema, responden que la medición se hará con la ficha catastral, y a veces esa información no está actualizada”.
Parte de la respuesta
Sobre estas inquietudes no se pronunciaron la Alcaldía de Medellín ni el Metro, pese a insistir. Sin embargo, desde la Lonja compartieron algunas precisiones. Lo primero que dijo Federico Estrada es que ese gremio inmobiliario no asume labores de negociación con los vecinos, sino que adelanta las gestiones técnicas para determinar el avalúo de las propiedades: predio y construcción.
La información, en principio, la comparte la EDU y luego la Lonja hace las visitas respectivas para comparar los inmuebles con los precios del mercado. Lo que se tiene presente, y que en la zona los vecinos llaman como “congelamiento” del precio, es que las cuentas se hacen con base en el catastro de 2016, fecha en la que se anunció el proyecto. “Para el caso del metro de la 80, se apeló a una tasa de crecimiento que, a diciembre de 2021, acumulaba un incremento del 51%”, expresaron desde la Lonja.
En términos sencillos, con este tipo de medida se busca que en las zonas con futuras intervenciones públicas no se den especulaciones a la hora de vender el suelo. Eso lo saben los vecinos de El Volador. Lo que allí aún discuten es el precio: piden que sea equilibrado y que, a su vez, la política de protección a moradores por fin se cumpla: que aunque tengan que salir de sus casas, el proceso sea justo y conciba las medidas de reparación correspondientes. Y que no haya presiones: “Porque ese teléfono no para de sonar: ‘que si sí vamos a vender o que ya les toca expropiar’, nos dicen”, se lamentan todos los vecinos.
*Identidad bajo reserva.
