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Procuraduría investiga Secretaría de Comunicaciones por irregularidades en contrato con la U. Nacional en 2023

El ente de control hizo visita a la sede del mencionado despacho para recavar pruebas de este polémico proceso que habría beneficiado la campaña de Juan Carlos Upegui en octubre.

  • Miembros de la Procuraduría durante la visita a la Secretaría de Comunicaciones. FOTO: Cortesía
    Miembros de la Procuraduría durante la visita a la Secretaría de Comunicaciones. FOTO: Cortesía
04 de marzo de 2024
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El mismo día que Daniel Quintero se defendió del informe presentado por Federico Gutiérrez –diciendo que la Procuraduría General de la Nación había archivado una investigación en su contra–, la misma entidad realizó una inspección en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones de la alcaldía de Medellín, para ahondar en la investigación por presuntas irregularidades del contrato suscrito entre su administración con la Universidad Nacional, por $9.000 millones, para apoyar estrategias de comunicación de la ciudad, pero que habría terminado beneficiando a la campaña del entonces candidato a la Alcaldía Juan Carlos Upegui.

En la diligencia participaron funcionarios de la Delegación para la Contratación Estatal y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Los peritos buscaban recolectar y preservar pruebas dentro del proceso disciplinario que se adelanta.

Por esos hechos, el órgano de control investiga a la entonces secretaria de Comunicaciones de la alcaldía, Mónica María Orrego López, así como al exjefe de esa misma dependencia, Juan José Aux Trujillo, y el profesional universitario Juan Carlos Gómez Henao.

El órgano de control investiga si el contrato firmado fue utilizado para favorecer las campañas de algunos candidatos que aspiraron a la alcaldía y el concejo de la ciudad durante las elecciones del pasado 29 de octubre, entre ellos el hoy corporado Juan Carlos Upegui.

También se busca establecer si la entonces administración municipal habría desconocido las modalidades de selección previstas en la ley, pues contrató de manera directa a la universidad mediante la firma de un convenio interadministrativo, la cual es una figura excepcional para la suscripción de compromisos de esa naturaleza.

En el proceso disciplinario, el Ministerio Público también busca establecer si la entidad académica contaba con la capacidad suficiente para ejecutar los trabajos, pues a noviembre pasado había tenido que suscribir 280 contratos de prestación de servicios para efectuar las actividades que le correspondían.

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