La Procuraduría General de la Nación abrió dos nuevas investigaciones en contra de funcionarios y exfuncionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero el pasado 10 de noviembre por dos contratos firmados, uno con la Universidad Nacional, y otro con Telemedellín.
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Además, ya hay fallo de primera instancia en contra de la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, por el caso Buen Comienzo y se conocerá en los próximos días.
Ahora bien, las nuevas investigaciones recaen en contra de personas que han hecho parte de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía, pues es esta dependencia la responsable de los contratos firmados. Así las cosas, ya son once las pesquisas que el ente de control inicia en contra de la administración de Quintero.
El primero de los dos nuevos contratos objeto de investigación es el polémico y ya conocido convenio que firmó la administración con la Universidad Nacional por $9.050 millones de pesos en febrero de este año para que esta diseñara una estrategia de comunicaciones para la Alcaldía. Esto a pesar de que esa universidad ni siquiera tiene facultad de comunicaciones.
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Por esto son objeto de investigación el exjefe de la cartera de comunicaciones, Juan José Aux Trujillo, la actual secretaria de la misma dependencia, Mónica María Orrego López, así como el contratista Juan Carlos Gómez Henao.
De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la Alcaldía habría usado ese contrato para favorecer las campañas a la Alcaldía y al Concejo de los aliados de Quintero en las pasadas elecciones de octubre.
“El órgano de control investiga si el contrato, suscrito por un poco más de nueve mil millones de pesos, fue utilizado para favorecer intereses particulares”, informó la Procuraduría.
Las supuestas irregularidades de este convenio salieron a la luz el pasado mes de septiembre, cuando la abogada Gloria Jaramillo publicó en su cuenta de X (antes Twitter) algunos informes de supervisión del convenio, llamativo por su alto monto si se compara con lo que gastaban otros gobiernos en su estrategia de comunicaciones.
En estos informes de supervisión, Jaramillo encontró unas carpetas en línea que tenían acceso libre donde se mostraban como entregables videos y piezas publicitarias del entonces candidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui y de los candidatos al Concejo y la Asamblea del partido Independientes Ana María Valle, Carlos Mario Romero, Juan Daniel Pulgarín y Sergio Andrés López.
Luego, revisando con lupa el contrato, se encontró que la Nacional contrató a varios amigos y aliados de primer nivel del exalcalde Quintero, como Nathalia Saldarriaga, Lucía Beccasino y Juan Camilo Ortega.
La Procuraduría también busca establecer si la administración municipal habría desconocido las modalidades de selección previstas en la ley, pues contrató de manera directa a la Universidad mediante la firma de un convenio interadministrativo, la cual es una figura excepcional para la suscripción de compromisos de esa naturaleza.
Asimismo, el ente de control indagará si la entidad académica contaba con la capacidad suficiente para ejecutar los trabajos, pues en lo que va de ejecución el contratista ha suscrito, a su vez, más de 280 contratos de prestación de servicios, uno de los cuales fue firmado con una persona que aparecía como dueña de una página web que al parecer promocionaba la campaña del excandidato a la alcaldía y próximo concejal de Medellín, Juan Carlos Upegui.
Contrato con Telemedellín
La segunda investigación indagará también sobre las conductas de Juan José Aux y de la jefe de prensa de Quintero, Clara Inés Izquierdo, así como de los contratistas Juan Carlos Gómez y Víctor Manuel Quiroz por presuntas irregularidades en un proceso de contratación con Telemedellín, por un valor superior a los $18 mil millones ($12.496.159.017 iniciales y una adición por $6.248.079.508), para pautas publicitarias y el desarrollo de una estrategia de divulgación de resultados de la administración.
Esa adición se hizo días antes de que el ex alcalde Daniel Quintero anunciara su renuncia, y con esa plata se mandaron a hacer un millón de periódicos con información inexacta o manipulada que fueron el material de campaña que Quintero repartió en favor del primo de su esposa, Juan Carlos Upegui.
La semana pasada, en este diario se publicaron imágenes que mostraban cómo miles de estos ejemplares se estaban pudriendo en los sótanos de La Alpujarra, pues por un lado, la campaña, que fue el motivo por el cuál se imprimieron, ya terminó, pero también porque los contratistas de distintas dependencias no cedieron a las presiones de los alfiles de Quintero que les pedían abandonar sus labores para ir a repartirlos en las calles de la ciudad.
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En este millonario contrato el ente de control evidenció un presunto desconocimiento de los principios de contratación estatal, al suscribir el referido contrato bajo la modalidad de contratación directa con Telemedellín, eludiendo el procedimiento de ley (licitación pública), en el cual deberían participar varios oferentes para escoger el de mayor experiencia, idoneidad y capacidad necesaria y suficiente.
De acuerdo con el organismo, al parecer el canal regional no contaba con la capacidad para ejecutar el objeto del contrato, pues para la ejecución de este tuvo que subcontratar buena parte del desarrollo de las actividades con la empresa Maxempleos.
