El presupuesto participativo habría terminado convirtiéndose en un vehículo para que parte de los recursos públicos de Medellín entraran a la campaña a la Alcaldía del hoy concejal Juan Carlos Upegui, o al menos así lo sugieren nuevos indicios que salieron a flote este lunes durante la presentación de los primeros hallazgos de la auditoría forense que emprendió la Alcaldía de Medellín para esclarecer los alcances de los múltiples escándalos que marcaron el cuatrienio pasado.
Pese a que en aquel primer informe el gobierno distrital entregó avances de nueve grandes casos, que abarcan temas que van desde el programa de los Computadores Futuro o las movidas con el controvertido lote de Aguas Vivas, el caso del presupuesto participativo emergió con un matiz especial, dado que daría cuenta de un sofisticado sistema con el que se habría desangrado las arcas de la ciudad y favorecido intereses políticos.
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Dentro del material probatorio más sensible, un correo electrónico elaborado por uno de los contratistas de los proyectos de ese presupuesto abriría una nueva veta investigativa en medio de las pesquisas que ya realizan varios órganos como la Fiscalía y la Procuraduría.
La comunicación se trata de un pedido de una corporación para que se le honren los pagos en el marco de un contrato y en la misma aparece mencionada la campaña del entonces candidato Juan Carlos Upegui Vanegas, como la presunta beneficiaria de un pago que habría entorpecido el desarrollo del contrato.
Upegui, además de ser el primo hermano de la exprimera Dama de Medellín, Diana Osorio Vanegas, fue uno de los secretarios más cercanos al exalcalde Daniel Quintero y el ungido por su partido para competir por la alcaldía el año pasado.
“El señor [fragmento censurado] manifiesta que la factura no la puede pagar por ese valor ya que él tuvo que entregar un porcentaje para la campaña de Juan Carlos Upegui y el resto para la operación por ser líder comunitario”, se lee en la comunicación.
“Muy respetuosamente me dirijo a usted para que por favor me ayude a que este señor me pague la [fragmento censurado] por el valor asignado en la misma en la brevedad del tiempo, ya que le he solicitado por todos los medios, hasta por la Procuraduría, y responde que esa factura no será cancelada”, añade el contratista inconforme.
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Pese a que en la presentación de estos y otros hallazgos el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se abstuvo de mencionar el nombre de Upegui, sí precisó que por esos y otros hechos el Distrito había interpuesto una denuncia penal por los delitos de peculado y celebración indebida de contratos ante la Fiscalía.
“Este correo fue recibido en la línea ética de Plaza Mayor, donde una corporación manifiesta que no le han realizado un pago por un servicio prestado en el contexto de este caso del presupuesto participativo, porque quien debía realizar el pago supuestamente tuvo que entregar un porcentaje para una campaña política a la Alcaldía de Medellín. Este grave hecho ya está en conocimiento de la Fiscalía”, expresó el alcalde Gutiérrez el pasado lunes.
Financiación ya estaba bajo la lupa
Pese a mostrarse como uno de los elementos más relevantes de las nuevas pesquisas que se realizan en la Alcaldía, los indicios de presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Juan Carlos Upegui, que ya derivaron en la apertura de una investigación en el Consejo Nacional Electoral, se remontan a septiembre de 2023, cuando el gigantesco aparato publicitario que desplegó el exsecretario en la ciudad comenzó a llamar la atención.
Tras inundar las calles con vallas de gran envergadura, pasacalles, miles de volantes, y copar las redes sociales de videos y anuncios publicitarios, se cuestionó el origen de los recursos con los que se costeaba dicha avanzada, ya que para entonces la campaña de Upegui ni siquiera había comenzado a cargar reportes en el portal de Cuentas Claras.
Aunque entonces Upegui no entregó mayores explicaciones, sí lo hizo en una entrevista televisiva publicada por Noticias Caracol, en la que al ser interrogado sobre si contratistas activos de la Alcaldía estaban aportando a su campaña terminó admitiéndolo indirectamente.
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“Nosotros tuvimos una alerta, estamos sacando a los contratistas que pudieron haber incurrido en algún tipo de no correcta financiación, porque sabemos que si más del 50% de sus ingresos provienen de recursos públicos no lo pueden hacer. Estamos saneando las campañas. Hay que aclarar que el 29 de octubre se cierra Cuentas Claras”, expresó entonces.
A comienzos de septiembre de 2023, otro escándalo que salpicó la campaña de Upegui estuvo relacionado con un contrato de $9.050 millones firmado entre la sede Medellín de la Universidad Nacional y la Secretaría de Comunicaciones de Medellín, que pese a estipular una asesoría de comunicaciones para la Alcaldía terminó teniendo dentro de sus entregables carpetas con material publicitario para varios candidatos del Partido Independientes, entre ellos Upegui.
Más inconsistencias en contratos
Además de esos nuevos elementos probatorios, las investigaciones del presupuesto participativo trajeron a la luz más indicios de presunta corrupción, sobre todo asociados a varios correos electrónicos en los que se encontraron listados de corporaciones que concentraron contratos por más de $25.000 millones.
A manera de agravante, en dichos listados, cerca de 18 corporaciones aparecían identificadas con un código interno que se habría puesto desde las altas esferas de la Alcaldía, presuntamente para dar la orden de repartir los contratos.
“Se evidenció un presunto carrusel de la contratación en el que se habrían direccionado los recursos del presupuesto participativo para favorecer, por lo menos, a 18 corporaciones. Esto está soportado en correos electrónicos y testigos, a través de códigos internos que identificaban las corporaciones que se debían contratar”, denunció el pasado lunes el alcalde Gutiérrez, señalando que dichos códigos apuntarían a un sofisticado método para repartir contratos, a través de secretarías como la de Cultura, el Inder y la de Participación Ciudadana.
“Estos códigos se habrían creado en la administración 2020-2023, donde personas de nivel directivo daban instrucciones precisas para adjudicar contrataciones del presupuesto participativo a algunas corporaciones. Esto se hacía desde un correo de Gmail, no uno institucional”, añadió el alcalde.
Además de esos problemas, cabe recordar que el manejo de los recursos del presupuesto participativo también originaron uno de los procesos judiciales que tienen contra las cuerdas a varias cabezas de la pasada administración, este caso por un convenio interadministrativo firmado por Metroparques y el Inder avaluado en $21.826 millones.
Este último contrato quedó en manos de la empresa Cyan Eventos y pese a tener un plazo inicial de dos meses y medio terminó extendiéndose a 26 meses, es decir, un 900% más.
Además, según sostuvo la Fiscalía en las audiencias de imputación de cargos, esta última empresa habría comprado artículos como balones y otros implementos de dotación a precios muy por debajo de los que luego le cobraba a la entidad contratante, en este caso Metroparques.
En medio de esas movidas, la Fiscalía consideró que en dicho caso se habrían despilfarrado cerca de $3.700 millones.
Para conocer su versión ante las nuevos indicios que apuntarían a la financiación de su campaña con recursos del presupuesto participativo, EL COLOMBIANO consultó al concejal Juan Carlos Upegui remitiéndole un breve cuestionario a través de su número de WhatsApp. Hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.
