La Personería Distrital alertó sobre el déficit de personal de salud en la cárcel El Pedregal, lo cual podría poner en riesgo la integridad personal de la población interna; sin embargo, el tema podría ser peor, porque de acuerdo con otras fuentes no se trata solo de que haya insuficiencia de personal sino que ya todos los médicos y enfermeras habrían renunciado.
En ese Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad (Coped) hay más de 3.500 personas en condición de detención intramural, entre hombres y mujeres.
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Las dificultades con el personal de salud fueron evidenciadas por la agencia local del Ministerio Público en una visita que realizó a este sitio de reclusión el pasado 5 de agosto. Ese día constató la renuncia masiva del personal de salud por la inconformidad con las condiciones laborales propuestas por el nuevo operador que contrató la Fiduprevisora para que comenzara a partir del primero de agosto.
“La Personería de Medellín alertó a la dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– por el déficit de personal para la prestación del servicio de salud en el COPED El Pedregal, con el fin de que tome todas las acciones pertinentes e inmediatas en virtud de sus funciones para solucionar esta problemática a la mayor brevedad posible y evitar poner en peligro la vida de las más de 3.500 personas que se encuentran allí recluidas”, informó el líder Observatorio Penal Penitenciario y Carcelario de la Personería, Juan Pablo Padilla.
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Por su parte, Jorge Carmona, quien ha sido por años defensor de los internos en la ciudad, explicó que en este momento no están trabajando los dos médicos, las tres enfermeras, el odontólogo ni el regente de farmacia asignados a El Pedregal, que dejaron de prestar sus servicios desde hace tres días. Y la situación se habría extendido ya al resto de las 19 cárceles que hay en Antioquia porque la dimisión ha sido masiva. Serían unos 100 profesionales en total.
“El contrato de la Fiduprevisora y la USPEC con terceros está por encima de 50.000 millones de pesos y resulta que ahora les quieren desmejorar los salarios, que de por sí ya venían mal. Ellos dicen que no van a trabajar para que los vean”, apuntó Carmona tras explicar que de contratos con todas las prestaciones, ahora la vinculación buscaban hacerla mediante órdenes de prestación de servicios, con lo cual a los mismos miembros del personal de salud les tocaría asumir el pago de la seguridad social.
“Esto no deja de ser un riesgo, porque tenemos a los internos hacinados y con hambre, y enseguida ahora están sin atención médica; es una situación bastante precaria”, añadió.
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La mayor preocupación son los reos que padecen enfermedades crónicas y terminales como EPOC y Sida, que se quedan sin tratamiento.
Ante esto, la Personería había informado, ya que desde la cárcel se ordenó el traslado de urgencia de varios presos con problemas de salud para que puedan ser atendidos.
“Este déficit de personal representa un grave riesgo para la vida e integridad física de las personas allí recluidas, especialmente para aquellos que padecen diagnósticos que requieren revisiones, procedimientos y tratamientos continuos suministrados por el área de sanidad del centro carcelario. Además, pone en peligro la capacidad de respuesta ante emergencias que necesiten atención inmediata, traslados o el cumplimiento de citas médicas y odontológicas”, puntualizó por su parte Padilla, el funcionario de la Personería encargado de lidiar con el problema.
