De acuerdo con la versión de González, dicha exgerente se habría puesto en contacto vía chat con algunos contratistas instándolos a “legalizar ese asunto”, pero esas adiciones no habrían siquiera contado con el aval del personal técnico de la entidad.
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“Nosotros inmediatamente le preguntamos a la directora contractual, porque en la minuta no aparecía ninguna nota firmada en la casilla de ‘aprobó’, ‘revisó’ o ‘suscribió’ y ella nos tuvo que hacer un documento donde certificaba que de su parte no habían pasado adiciones ni prórrogas”, expresó entonces González.
Por esa razón, González interpuso una denuncia penal en contra de Contreras, argumentando que esta estaba asumiendo competencias que ya no tenía y estaba usurpando su cargo.
Según precisó entonces la EDU, el contrato en cuestión se trababa de una intervención de infraestructura en las instalaciones de la Cuarta Brigada del Ejército, con un monto de por lo menos $17.000 millones y un contrato adicional por otros $3.000 millones.
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Cabe recordar que a finales de 2023, precisamente bajo la gestión de la exgerente Contreras, al interior de la EDU se denunció una cascada de nombramientos para que contratistas afines a los gerentes nombrados durante la administración de Daniel Quintero fueran incorporados al personal de planta de la entidad.
Además de estos líos, la EDU también arrancó el año haciendo una purga interna por cuenta de varios procesos de contratación concentrados en un puñado reducido de empresas que estarían desangrando a la entidad.
Buscando precisamente revertir esa situación, y luego de que un juez tumbara las modificaciones de un manual de contratación aprobado en 2021, la EDU expidió un nuevo manual de contratación que volvió a bajar los topes para la celebración de contratos directos.
Frente al proceso por las obras en la Cuarta Brigada, la Personería señaló estar revisando los documentos asociados a los contratos 3302-320 y 3306-20 para determinar si formula cargos en contra de los implicados.
“Esta indagación se desarrollará con respeto estricto de la garantía del debido proceso, de tal manera que, si con las pruebas recaudadas se individualizan los presuntos responsables y se identifica la existencia de un reproche disciplinario, se procederá con la apertura formal de Investigación Disciplinaria y, de ser el caso, la formulación de pliego de cargos”, añadió el ente.
