El caso penal por el presunto fraude procesal del político antioqueño Julián Bedoya para recibir su título como abogado de la Universidad de Medellín sigue en firme, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmara este jueves 29 de febrero en segunda instancia la negativa a la preclusión del proceso.
En septiembre pasado la Fiscalía y la defensa de Bedoya habían solicitado la preclusión del caso bajo el argumento de que no contaba con las pruebas suficientes, pero el Juez 27 Penal del Circuito de Medellín consideró que esta solicitud era “improcedente”.
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No obstante, el fiscal del caso apeló la decisión del juez ante el Tribunal Superior de Medellín que este jueves 29 de febrero resolvió confirmar la decisión del juez en primera instancia y mantener vivo el caso judicial.
“Deberá pues el defensor preparar toda la carga argumentativa y aportar sus evidencias para que en la dinámica del juicio, pueda ahí sí pregonar la prevalencia de la presunción de inocencia”, dice el fallo.
Es de destacar que en contra de esta decisión no es posible un nuevo recurso de apelación y que ahora el caso regresará al Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín, de manera que Bedoya deberá ir a juicio para responder cómo fue que hizo para obtener su título de abogado presentando una serie de exámenes escritos y orales en tiempo récord.
Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia, antes de pasarle el caso a la Fiscalía (cuando Bedoya salió del Congreso en 2022) había concluido que se podía inferir que la cantidad de exámenes presentados por Bedoya en tiempo récord para obtener su título, luego de 11 años de suspender sus estudios en la institución, atentaba a todas luces contra la lógica. “Las pruebas permiten inferir que el senador Julián Bedoya habría gestado una idea criminosa para obtener su título”, dijo este alto tribunal en su momento.
Además, el pasado mes de enero la Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, sancionó con suspensión de 10 meses e inhabilidad especial al exsenador Julián Bedoya Pulgarín “por utilizar su investidura entre el 11 de octubre de 2018 y el 1 de marzo de 2019 para obtener de manera rápida y con una normativa ajustada a sus intereses su título como abogado”.
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La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular confirmó que el entonces parlamentario logró ventajas ante la Universidad de Medellín, que se materializaron en la obtención irregular del grado expedido, producto del trato preferencial que recibió por parte del centro académico.
De igual manera, el organismo de control comprobó que hubo manipulación de los reglamentos del ente educativo para regular los trámites y procedimientos del proceso formativo en beneficio de Bedoya Pulgarín, así como en el reintegro que permitió la posterior obtención del título profesional.
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En el mismo sentido, la entidad validó que hubo alteración de varios documentos, que la presentación de exámenes en un mismo día no se ajusta con los tiempos estándar de un alumno de pregrado e incluso que aprobó asignaturas sin estar registrado como estudiante para el periodo en el que supuestamente las cursó.
La Procuraduría estableció que el exsenador vulneró el principio de moralidad que regula la función administrativa y que con su actuación quebrantó su deber funcional, por lo que calificó de manera definitiva la falta como grave cometida a título de dolo, la cual será convertida a salarios de acuerdo con lo devengado en el momento de la comisión de la misma.
