La alcaldía de Medellín que se hizo elegir como de izquierda, alternativa, defensora de los más pobres y en contra de los poderosos, ordenó frenar sus programas sociales, buscar maneras para eludir a la justicia y mentirles a los medios de comunicación y a la opinión pública.
Eso es lo que revela el audio de una reunión ocurrida en las oficinas de la secretaría de Inclusión Social el 6 de agosto del 2021, cuando el alcalde era Daniel Quintero y el secretario de esa dependencia, Juan Pablo Ramírez, hoy contratado en el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Audios que están en poder de la Fiscalía desde hace más de dos años, pero que no han llevado a ninguna decisión judicial hasta la fecha.
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La reunión fue en la mañana de un viernes y allí estuvieron citados todos los directivos de esa cartera. Juan Pablo Ramírez, el secretario, no asistió porque estaba en su licencia de paternidad, pero en su lugar asistió Isabel Cristina Cadavid, que en ese entonces era la asesora jurídica de Ramírez y luego ascendió en la administración hasta llegar a ser secretaria de Inclusión y Derechos Humanos. La otra persona que dirigía la reunión era Santiago Preciado, subsecretario técnico y uno de los hombres de mayor confianza de Ramírez.
Estaban citados los seis directores de programas de la secretaría, entre ellos, Pilar Rodríguez, la líder del programa de Niñez y la testigo que tiene contra las cuerdas a Ramírez y a varios pesos pesados de la administración Quintero, pues los ha denunciado por exigirle a ella y a otros exfuncionarios coimas para aportar al proyecto político de Quintero a través de la fundación El futuro se parece a nosotros, propiedad del exalcalde y de su séquito político.
No hay plata
El propósito del encuentro era informarles a los líderes de programa que desde la secretaría de Hacienda habían hecho mal el presupuesto de todo el año y no tenían plata ni siquiera para llegar a final del mes, razón por la cual tenían que echarle tijera a programas sociales claves para la atención de la gente más vulnerable de la ciudad como los adultos mayores en condición de pobreza y los habitantes de calle.
Incluso a Rodríguez, que era la única que, según lo que se escuchó en los audios, tenía solvencia financiera en su programa, la obligaron a echarle tijera a los recursos para atender a los niños que pasan necesidades, como decía Quintero entre lágrimas que le había tocado a él, en época de campaña.
Isabel Cristina Cadavid dice en la reunión que en los días pasados se había reunido con el alcalde Quintero y con el secretario Óscar Hurtado, quienes le informaron que “la situación del municipio era muy compleja”.
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“El municipio está muy mal económicamente, el ejercicio del plan de desarrollo al parecer estuvo descoordinado”, contó Cadavid. La explicación que le dieron fue que desde la administración habían hecho el presupuesto del 2021 dando por sentado rentas que normalmente son variables como las transferencias de EPM y los superávits que queden del periodo anterior y estas se habían visto afectadas por la pandemia y por la contingencia de Hidroituango.
“En ese orden de ideas estamos muy deficitarios, la idea es que empecemos a mirar, si no nos llega la plata, que es probable que no llegue, o llegue en las fechas que no la necesitamos, qué vamos a hacer”, agregó Cadavid.
La funcionaria dijo que, por ejemplo, la plata que se necesitaba para el plan de alimentación escolar no iba a llegar antes del 30 del siguiente mes que era cuando se acababa el contrato, por lo que había que empezar un nuevo proceso de contratación de afán, saltándose la licitación pública, que es lo que sugiere la norma para garantizar la transparencia y la competitividad en el manejo de los recursos de todos los ciudadanos.
“El PAE, que en este momento tiene $24.000 millones, no lo hemos suscrito esperando que lleguen los otros recursos que faltan, pero dadas las condiciones yo creo que por licitación ya no te va a dar para montarla, esa es una realidad que tenemos que asumir”, le dijo al líder de ese programa.
La invitación que les hicieron a las directivas fue a que se pusieran creativos para buscar nuevas formas de contratación que saliera más rápida y barata: “Pon tu equipo a que revise, piense, sea creativo, imaginativo, sueña, consulta amigos en suministros para atender ese tema. O sea, hay que empezar a jugar tetris financiero”.
Una de las estrategias que la funcionaria recomendó para jugar a ese tetris fue parar los programas de atención a a las personas más vulnerables. “Tipo guardería de habitante de calle, tipo guardería de adultos, yo creería que eso es lo que no vamos a poder atender”.
La gravedad de la situación era tal que Cadavid les dijo que no había como llegar a diciembre y que no era una crisis exclusiva de los programas de inclusión social y derechos humanos, sino que había otras secretarías como Educación y Salud que estaban en las mismas, y a todas había que atenderlas “porque es un único alcalde”.
Cuidado con los medios
El siguiente punto en la agenda consistió en dar instrucciones para atender a los medios de comunicación en medio de la crisis que se les venía, pues, además de recortar programas, la instrucción era despedir a decenas de contratistas y quedarse solo con el personal de planta.
El que llevó la batuta en este tema fue Santiago Preciado, subsecretario técnico y mano derecha de Ramírez.
“Mucho cuidado con la atención a medios, de lo que se va a empezar a generar, sobre todo con el tema de los contratistas”. La instrucción fue que antes de atender a cualquier medio de comunicación debían de ponerse de acuerdo en todo el equipo con lo que iban a decir.
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Preciado habla de una unidad en el discurso y dice que está prohibido echarle la culpa de la crisis a la secretaría de Hacienda o a cualquier otra dependencia de la administración. “Esto taxativo, el alcalde lo dijo así: el que le eche la culpa a Hacienda se va, porque esto no es culpa de nadie”, ordenó.
La línea discursiva consistía en decir que lo que sucedió fue que en el primer semestre del 2021 se invirtieron recursos históricos para recuperarse de la pandemia y que en el segundo semestre ya no era necesaria una inversión tan grande, aunque eso fuera una mentira y todos adentro de la administración lo supieran.
“Esto nos sobrepasó a todos, pero no lo vamos a decir porque tenemos que cubrirnos como administración”, intervino en ese punto Cadavid, quien agregó que dejar de atender a los medios no era una opción, pues podrían levantar sospechas.
El daño jurídico
Los funcionarios eran conscientes de las implicaciones legales que les podían traer desatender programas sociales y escoger modalidades de contratación que no eran las que correspondían a la ley. Cadavid les dice a los directivos que, como en enero tendrán ley de garantías —que les prohibe a las entidades públicas hacer contrataciones directas cuatro meses antes a la elección presidencial—, tendrían que “sopesar el riesgo jurídico entre quedarnos sin atender o hacer contrataciones directas”.
En este punto la orden era poner a trabajar a los abogados para buscar maneras de saltarse la norma. “Empiecen a pensar con los abogados como buenas justificaciones, qué modalidades podemos modificar, mirar si de pronto podemos dividir objetos y que nos den para unas cuantías más pequeñas y sean más rápidas las elecciones. Es un ejercicio de alta ingeniería de proyectos y contratos que requiere gastarle tiempito”, les dijo la asesora jurídica de Ramírez.
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En la reunión, los funcionarios reconocen que serán objetos de investigación por parte de las ías (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) pero dicen que tendrán que estar preparados para que los encuentren por el mal menor. “A nosotros nos van a investigar, esa es una realidad que tenemos, le vamos a apuntar a que sean hallazgos administrativos y no que sean disciplinarios ni fiscales”, se escucha en uno de los fragmentos más escabrosos de la reunión.
Cadavid reconoce que lo que les dice podría llevarlos a una celebración indebida de contratos, lo que es un delito, y les dice a los directivos que “el riesgo es muy alto”, por lo que tendrán que preparar su mejor arsenal jurídico para que no los descubran o, de otra forma, hacerse los “muertos” hasta julio (después de las elecciones presidenciales) con los programas.
“Hay que ponerle mucho ojo de auditor, o sea, ustedes piensen al revés, como si fueran la contraloría de una vez revisando, aunque sabemos que hay que asumir un riesgo, pero que sea el menor posible”, les dijo Cadavid, a la que después premiaron con el cargo de secretaria.
