La solución que tenía que evitar que el árbol ubicado en la carrera 63B N° 32E - 115, sobre la Avenida 33, pusiera en riesgo la vida de vecinos y transeúntes nunca llegó. Aunque el árbol tenía orden de tala desde el 27 de diciembre de 2024, luego de que el Área Metropolitana concluyera en sus inspecciones que presentaba un crecimiento irregular que ponía en riesgo su estabilidad, finalmente la amenaza se materializó y en la mañana de este lunes 10 de febrero el árbol cayó sobre Juan Pablo Cano, un intendente jefe policía que se movilizaba en su motocicleta. Otras cuatro personas resultaron lesionadas en un día en el que los reportes de incidentes por caídas de árboles y ramas fueron masivas, tal como se hizo costumbre cada que vez que los chaparrones azotan la ciudad.
En la mañana de este martes 11 de febrero, en varias zonas de Medellín con masiva presencia de árboles como Tricentenario y Laureles, se vieron funcionarios de la Alcaldía haciendo inspección, tomando fotos, realizando cortes parciales y mantenimiento a varios árboles. Pero lo cierto es que el accidente en Laureles dejó nervioso a más de uno en la ciudad, y seguramente no fueron pocos los que salieron a la calle y miraron con desconfianza los árboles que rodean sus cuadras y hasta posiblemente se cruzaron de acera para evitarlos. Y razones no les falta para estar intranquilos. Según la Secretaría de Infraestructura, actualmente 496 árboles están pendientes de tala, de los cuales 32 tienen ficha de riesgo. Pero el problema que tiene la ciudad es mucho más complejo que los casi 500 árboles que necesitan ser talados por su deterioro y daños irreversibles.
Medellín tiene 425.000 árboles registrados. A semejante cifra se llegó gracias a un proceso espontáneo de los habitantes de la naciente Medellín, que comenzó hace unos 150 años y se extendió hasta hace medio siglo, un periodo de arborización entusiasta pero desordenada, según la explicación del profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Nacional, Guillermo Vásquez Velásquez.
Pero para la Medellín de hoy, esa siembra masiva en los tiempos de la incipiente urbe se convirtió en un problema, ya sea porque tratarse de especies inadecuadas para el entorno; por ser árboles cuyas ramificaciones se extendieron más de lo pensado afectando suelos, porque crecieron sin cuidado hasta morir de pie convirtiéndose en un riesgo latente o impidiendo el crecimiento sano de otras plantas o porque simplemente el crecimiento de la ciudad los acorraló hasta causarle daños que nadie atendió.
Según el Dagrd, en promedio cada año colapsan 1.000 árboles en Medellín. Muchos de los que se desploman no están en el radar de riesgo del Distrito y sucumben por condiciones fortuitas o simplemente porque no recibieron mantenimiento preventivo. Pero lo cierto es que incluso para los que están en el radar de autoridades como el Área Metropolitana y la Alcaldía, el manejo para evitar que se conviertan en amenazas es lento y complejo.
¿Cómo se detectan árboles en riesgo en Medellín y qué hacer para salvarlos o evitar que causen daños?
El Área Metropolitana tiene bajo su responsabilidad adelantar las inspecciones por toda la ciudad basándose principalmente de los reportes de la ciudadanía sobre el posible estado de riesgo de los árboles. El equipo de Unidad de Control y Vigilancia está conformado por diez profesionales forestales que recorren la ciudad haciendo inspecciones visuales, midiendo el nivel de riesgo y en algunos casos utilizando tecnología como tomógrafos, resistógrafos y espadas de aire que ayudan a mejorar el sistema radicular, a quitar taponamientos y elementos nocivos que impidan que el árbol reciba los nutrientes necesarios.
El diagnóstico no arroja necesariamente siempre la obligación de tala. De hecho, según el Área Metropolitana, la mayoría de los esfuerzos se centran en lograr mediante un trabajo entre la comunidad y las entidades la recuperación de los árboles que sufren daños por eventos climáticos o causados por las personas, que padecen por presencia de parásitos o comienzan proceso de descomposición interna. Incluso acciones simples a tiempo que pueden hacer los vecinos como sellar una zona descubierta del tronco evita que la exposición termine en un proceso masivo de pudrición, igual que cuando se cubre una herida para que cicatrice bien. Es más, con solo evitar violentarlos instalándole luces, letreros, haciéndole perforaciones o alterando su tronco o deformándolo a conveniencia se puede garantizar su bienestar y longevidad, y en consecuencia evitar riesgos, según reiteran desde el Área.
Pero cuando los árboles enfermos no responden a los tratamientos, sin importar la especie o incluso si se trata de árboles con declaratoria patrimonial, el Área entrega el aval para que sean talados, partiendo de la premisa de que la prioridad es preservar el bienestar de las personas, animales y de los bienes. La Secretaría de Infraestructura es la encargada directa de ejecutar las órdenes de tala. Ahí se arma otro cuello de botella.
En promedio, el Área Metropolitana otorga 150 autorizaciones mensuales de tala, es decir, el año cerca 2.000 árboles reciben como diagnóstico definitivo la necesidad imperiosa de ser talado. En 2024 la Secretaría de Infraestructura realizó 1.430 talas y en lo que va de 2025 van 68 intervenciones.
Según la Secretaría, entre las principales dificultades para dar celeridad a la atención e intervención de estos árboles enfermos están la oposición de la ciudadanía, la socialización de le medida y la implementación de los protocolos de ahuyentamiento de fauna. El Distrito asegura que estos procedimientos están tardando entre 45 y 60 días en promedio. Un emblemático caso reciente fue el del falso laurel de 90 años que puso a pelear durante meses a los vecinos del barrio Laureles con la alcaldía.
El árbol, que tenía declaratoria patrimonial, había recibido diagnóstico de insalvable y ya había causado alertas con la caída de gigantescas ramas. Luego de tres intentos fallidos, en diciembre de 2023, con presencia de policía y hasta antimotines, el árbol fue talado en medio de un ambiente caldeado que dejó cuatro personas detenidas. Catorce meses después del hecho, en el barrio siguen convencidos de que el derribamiento del querido falso laurel fue arbitrario y que el Distrito no entregó las evidencias de que, efectivamente, no tenía salvación.
Son tan complejos los procesos de socialización con la comunidad que el Área tiene entre su equipo de Control y Vigilancia un profesional en psicología social para adelantar la difícil pedagogía en comunidades que, generalmente, se resisten a aceptar con agrado las decisiones técnicas que implican la desaparición de los árboles.
Lo que concluyen expertos como el profesor Vásquez es que, aunque efectivamente implica un proceso dispendioso y que requiere inversiones, es indispensable que el Distrito desarrolle un robusto programa fitosanitario que garantice las condiciones de los árboles de la ciudad que brindan servicios ecosistémicos a los habitantes de Medellín. Lo cierto es que un accidente como el que cegó la vida del uniformado el pasado lunes o en el que murió un adulto mayor de 79 años, como ocurrió en Guayabal en 2019, o el que mató a un motociclista en 2018 en límites entre Envigado y Medellín no pueden volver a repetirse.
