La Personería de Medellín lanzó este miércoles 20 de marzo una nueva alerta sobre la precaria situación en la que siguen muchos indígenas que han llegado a la ciudad tras ser desplazados de sus territorios ancestrales, ubicados en Antioquia y otros departamentos.
En concreto, desde el Ministerio Público informaron que más de 100 personas de estas comunidades étnicas están en situación de mendicidad como única alternativa para subsistir, por lo cual hizo un llamado a la administración distrital a no bajar la guardia con acciones de caracterización y atención a esta población.
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La Personería evidenció, a través de recorridos del Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados, que se sigue viendo el flagelo de la mendicidad que afecta principalmente a mujeres, niños y niñas de estas comunidades.
La líder de esa dependencia, Sonia Peña, añadió que las comunas 10, La Candelaria; 14, El Poblado; 15, Guayabal; y 12, La América son los sitios de la ciudad donde más se evidencia esta situación. Los indígenas residen generalmente en inquilinatos de los sectores Prado Centro, Niquitao y Enciso El Faro, pero llegan a esos otros lugares en busca de sustento ante la falta de oportunidades en Medellín.
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La Personería Distrital también informó que 34 familias de las comunidades embera provenientes de El Carmen de Atrato (Chocó) han solicitado que se les incluya en actividades socioeconómicas que les permitan mejorar su situación y tener una calidad de vida por lo menos con las necesidades básicas satisfechas.
El Ministerio Público también criticó que en la ciudad han hecho falta acciones que contribuyan a que las comunidades étnicas, en este caso los indígenas, dejen de estar en condición de mendicidad, actividad que también pone en riesgo a los menores de edad porque están expuestos a la calle por largas horas.
Entre las medidas que dice la Personería que han faltado en Medellín está la implementación de estrategias de emprendimiento o desarrollo económico para esas 34 familias que lo han solicitado, pues asimismo han manifestado que no tienen deseo de regresar a sus lugares de origen.
Entre los planes que no han arrojado resultados en el tiempo están la disposición de un corredor ancestral con espacio público idóneo por parte de la alcaldía para que los indígenas comercialicen las artesanías y otros productos que realizan.
“Hemos logrado identificar que esta población no tiene voluntad de retorno porque hay un tema de desarraigo del territorio y encuentran en el distrito de Medellín una oferta institucional para poder habitar de manera permanente”, detalló la señora Peña. Hay que recordar que los indígenas se desplazan por problemas como la violencia, la invasión de sus tierras por distintos actores, el hambre y la pobreza, entre otros. Por eso, los retornos voluntarios solo se pueden dar cuando cuentan con todas las garantías para volver a sus territorios.
Entre tanto, para la Personería también falta articulación entre la administración distrital de Medellín, el departamento del Chocó y el Gobierno Nacional, con el fin de coordinar acciones frente al desplazamiento masivo que ocurre de manera continua desde El Carmen de Atrato.
La presencia de los indígenas en la ciudad no ha estado exenta de conflictos. Uno de los episodios más graves en ese sentido fue la toma violenta que hicieron varios de ellos a las instalaciones del Distrito, en La Alpujarra, en febrero del año pasado.
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En esa ocasión unos 500 indígenas, entre los cuales había alrededor de 300 niños, protagonizaron una movilización y de pronto entraron por la fuerza a la sede gubernamental, donde quebraron vidrios y dañaron mobiliario.
Rodrigo Vitucay Tequía, uno de los gobernadores indígenas que abanderó la protesta, afirmó entonces que su propósito era exigir que les respetaran el derecho a trabajar en las calles y a que no les pusieran impedimento para andar junto a menores de edad cuando se dedicaban al rebusque. Aseguró que ya habían tratado el tema con la Alcaldía y ante unos incumplimientos, los cuales no explicaron, decidieron hacer esta toma.
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Luego de una negociación, los líderes aceptaron ubicarse temporalmente en el coliseo Carlos Mauro Hoyos y devolverse para sus regiones de origen en el Alto Andágueda (Chocó). El acuerdo contempló así mismo una ayuda humanitaria de emergencia en alimentos mientras que recuperaban sus proyectos productivos para sobrevivir.
Esto fue solo una muestra de cómo en este problema se conjugan varios factores relacionados con derechos humanos, una situación que no es nueva, pero que exige grandes retos para cualquier administración, pues Medellín es una de las ciudades más receptoras del país, no solo de indígenas, sino también de población afro o campesina que sale huyendo de sus territorios por diversas causas.
