En medio del silencio de la mañana, varios vehículos repletos de policías y funcionarios del Distrito llegaron de sorpresa al barrio El Faro, ubicado en la parte más alta de la ladera oriental de Medellín para efectuar un desalojo que rápidamente se tornó violento.
Tras desembarcar en un ya desgastado sendero que hace poco más de ocho años construyó la Alcaldía, precisamente para evitar que la ciudad siguiera comiéndose las laderas, los uniformados comenzaron a bajar de sus vehículos herramientas de demolición.
En sus manos, los policías llevaban instrucciones para desalojar y derribar viviendas por no contar con los permisos debidos y ocupar una zona vedada para la urbanización.
En un territorio que ya viene acumulando tensiones desde hace varios años por cuenta de operativos similares, la llegada de las autoridades encendió de inmediato las alarmas y generó que varios vecinos salieran de sus casas e interpusieran sus cuerpos para impedir el desalojo.
“Ese miércoles, yo bajé de mi casa a ver qué pasaba. Me dijeron que un coronel dijo que venía a tumbar lo que viera a la vista. Entonces cogí el celular y me puse a grabar y le pregunté al coronel que procedimiento iban a hacer”, narra Claudia Patricia Chanci Vásquez, una de las vecinas que presenció lo ocurrido el pasado 14 de febrero.
Tal como quedó registrado en videos captados por la comunidad, en medio de la discusión que Chanci entabló con el coronel a cargo de la redada, se desencadenó un forcejeo en el que otro uniformado la empujó violentamente y la hizo caer de espaldas cuesta abajo.
Más allá de la violenta confrontación —que al difundirse por internet de paso sirvió para añadirle nuevos roces a la adusta relación entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez— el operativo volvió a poner en la agenda pública un viejo problema que hace muchos años se le salió de las manos a Medellín.
Y es que aunque El Faro se ha convertido en uno de los casos más críticos de asentamientos informales, en por lo menos otros cuatro puntos ese crecimiento luce igual de desbordado, como recientemente quedó en evidencia en el morro de Moravia y en otros puntos cercanos a la vía al mar, como Vallejuelos y Olaya Herrera, o el barrio El Paraíso, también en el Occidente.
Además de esos sitios, de acuerdo con los últimos sondeos del Distrito, el fenómeno está presente en por lo menos 65 puntos, en donde convergen todos los problemas posibles: pobreza extrema, la presencia de combos que se están haciendo su agosto gracias al loteo y una institucionalidad que no tiene los suficientes ojos y manos para atajar esa expansión. Todo esto, en medio de un repunte histórico en los precios de los arriendos y la propiedad raíz en Medellín, que ha obligado a miles de familias a desplazarse hacia la periferia y otros municipios del Valle de Aburrá para que la plata alcance.
Suma de males
Aunque la mayoría de estos asentamientos comparten los mismos problemas, el caso del barrio El Faro es un ejemplo especial por reunir todas las tensiones y paradojas posibles que puede tener un barrio informal.
Ubicado en los límites entre la comuna 8 y el corregimiento de Santa Elena, en un sector conocido como Alto de las Moras, este barrio comenzó a formarse a mediados de la década de 1990 gracias a campesinos que llegaron desde diversos rincones de Antioquia, la mayoría expulsados de sus tierras por cuenta del recrudecimiento del conflicto armado.
Compartiendo la misma historia de múltiples barrios que empezaron a formarse en Medellín a partir de la segunda mitad del siglo XX, levantados a punta de tablas de madera, plásticos y adobes, los nuevos pobladores se organizaron en convites y se volcaron a domar las laderas en una ciudad sin más espacio hacia donde crecer y muy reducidas oportunidades de vivienda digna.
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Sin necesidad de arquitectos o expertos en urbanismo, los mismos habitantes de El Faro comenzaron a organizar su territorio.
En toda una paradoja urbana, mientras en las zonas centrales muchas constructoras le han hecho el quite a cumplir sus compromisos en materia de espacio público, pagando con dinero sus obligaciones urbanísticas o hasta asumiendo multas por proyectos que le hicieron el quiebre a las normas, los pobladores de El Faro planificaron su espacio no solo para construir una red de caminos que conectara a sus casas, sino que reservaron terrenos para una cancha de fútbol, un parque infantil y hasta una escuela de horticultura para niños, en donde además de las clases los vecinos también se reúnen a compartir sancochos y fortalecer sus lazos de amistad.
Para no quedar aislados de la ciudad, las familias lograron incluso recoger miles de firmas para que las empresas de buses que llegan hasta el Centro reconocieran su existencia y llevaran sus rutas hasta ese empinado rincón del oriente de Medellín.
En materia administrativa, los habitantes también lograron constituir una junta de acción comunal, para tener voz ante las autoridades y ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones públicas.
Por el lado de los servicios públicos el barrio tiene otra contradicción, ya que pese a levantarse alrededor de un gran tanque de agua potable de EPM, que abastece a esa zona de la ciudad, muy pocas casas de El Faro tienen servicio legal de agua potable, precisamente por cuenta de los líos normativos inherentes a ser un barrio de emergencia.
Con la energía es la misma historia. Como la ciudad no reconoce este asentamiento, la mayoría de las casas hicieron conexiones piratas que se trepan por la montaña y permiten alimentar sus electrodomésticos.
Para los que necesitan internet o televisión, dado que allí tampoco llegan las redes de ninguna empresa y la señal de telefonía móvil se cuela caprichosa sólo por algunos rincones, la opción más expedita es contratar servicios de internet y televisión satelital.
Experimento urbano
Al estar asentado en la zona de influencia del cerro Pan de Azúcar, hace una década el Faro quedó incluido junto a otros territorios en una estrategia de ciudad con la que se buscaba contener ese crecimiento.
Y es que más allá del lío legal, la amenaza latente para las miles de familias que siguen llegando es estar en una ladera que en cualquier momento puede venirse abajo.
Durante la alcaldía de Aníbal Gaviria, la última que se ocupó del tema en profundidad, esa estrategia se enmarcó en el programa del Jardín Circunvalar, un parque lineal que buscaba frenar esa colonización de la montaña a través de espacios para el esparcimiento.
Sin embargo, tal como advierten los habitantes, la obra no logró completarse, obligando por ejemplo a la comunidad a terminar de su bolsillo pequeños puentes que se quedaron sin doliente.
Tras el abandono de esa infraestructura, los pobladores de larga data coinciden en que las instituciones públicas nuevamente apartaron la vista de la zona y solo empezaron a volver cada cierto tiempo para mostrar su cara más dura, como sucedió durante el desalojo del pasado miércoles 14 de febrero.
En río revuelto
Aunque la suerte de este megaproyecto inconcluso en parte le da la razón a los habitantes que advierten que en la zona la institucionalidad brilla por su ausencia, la aparición de la pandemia en 2020 complicó aún más el panorama.
En una dinámica similar a la que ocurre en el morro de Moravia, que en menos de tres años volvió a poblarse, el alcalde Federico Gutiérrez denunció que desde 2020 la mayoría de estos barrios de invasión fueron coptados por los combos, que llegaron a imponer su ley y lotear los terrenos en un lucrativo negocio.
Aunque en terreno algunos líderes de la zona rechazan esa versión y otros evaden el tema prefiriendo no meterse en problemas, lo cierto es que durante los últimos tres años a muchos de esos barrios de invasión sí llegaron nuevas familias, luego de comprar lotes por hasta $15 millones.
A diferencia de los endebles ranchos de madera, estos nuevos pobladores aparecieron con ahorros y levantaron casas de adobe y cemento, que en su interior tienen lavadoras, televisores, comedores y salas recién sacadas de almacenes de cadena.
Estas construcciones, además, están acompañadas de accesos con escaleras de cemento y se ven mejor clavadas a la inestable tierra.
Si bien la presencia de estas estructuras armadas salta a la vista para cualquier extraño que se meta a caminar por las calles del barrio, repletas de ojos vigilantes por todas partes, el problema predial no se reduce a los combos.
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Por ejemplo, muchos otros pobladores rechazan con vehemencia que el alcalde los meta en la misma bolsa con esas estructuras armadas, reprochando que, al mismo tiempo que son tildados de “ilegales” desde La Alpujarra, en muchas casas llega sin falta el impuesto predial.
Así lo advierte por ejemplo Gloria Emilce Arango, quien lleva décadas en la zona. “Nosotros no estamos aquí hace dos días, ni un mes. Yo por ejemplo llevo en mi tierra 36 años”, advierte la líder, quien fue una de las impulsoras para que el barrio tuviera alumbrado público en 2010.
“Aquí hay unas escrituras de hace más de 40 años de unas personas que compraron por vía aérea, pero nunca tomaron posesión”, sostiene Arango, señalando que fue en ese contexto en que muchas familias llegaron, levantaron sus casas pacíficamente, tuvieron hijos y nietos, y fueron luego reconocidas legalmente.
“Yo tengo mi ficha catastral a mi nombre hace 15 años. Me pregunto, si somos una invasión, ¿por qué tenemos documentos?”, cuestiona Arango, advirtiendo además que, ante la ausencia de las instituciones, han sido los mismos habitantes del barrio los que han impedido que se construya en los terrenos del Pan de Azúcar. “Cuando hay un incendio, nosotros como comunidad corremos apagarlo. También velamos para que el terreno del cerro lo respeten y nadie se meta”, añade.
En busca de salidas
Aunque teniendo en cuenta todas esas variables el problema pareciera estar entrando en un callejón sin salida, para expertos consultados el debate de fondo es que la regulación de esos asentamientos hace mucho tiempo dejó de ser una prioridad de la ciudad.
Prueba de ello, advierten, es que no se sabe a ciencia cierta cuántas familias viven en estos asentamientos y muchos de los instrumentos que quedaron formulados en el más reciente Plan de Ordenamiento Territorial (POT), como los planes de legalización, se quedaron en el papel sin usarse.
Cabe anotar que por fuera de Medellín —que a pesar de su tecnificado aparato burocrático se queda corto para atender el fenómeno—, en Bello la situación es igual de crítica en barrios como Granizal y Nueva Jerusalén.
Tras el desalojo del miércoles, cuyos videos se regaron rápidamente por internet, el presidente Petro aprovechó para cuestionar la intervención policial e instó a la ministra de Vivienda a visitar Medellín para “buscar una solución digna a las familias pobres desalojadas”.
Durante esa visita, en la que el alcalde Gutiérrez y la ministra Catalina Velasco recorrieron El Faro, ambas entidades instalaron una mesa de trabajo en busca de soluciones en el corto y largo plazo.
En respuesta a un cuestionario remitido por EL COLOMBIANO, la Alcaldía de Medellín informó que dentro de esa reunión se estipuló el inicio de un análisis a la situación predial de los habitantes del El Faro y se comenzó con un proceso de caracterización por parte de la Secretaría de Inclusión Social para “analizar las diferentes opciones de oferta interinstitucional que se pudieran aplicar”.
De igual forma, el gobierno local señaló estar implementando una estrategia para que las labores de vigilancia en las zonas de alto riesgo y clasificadas como de protección ambiental y patrimonial sean más estrictas, así como estar avanzando en proyectos para mejorar los procesos de titulación de predios y fortalecer la oferta institucional en materia de vivienda.
Este diario también consultó con el Ministerio de Vivienda para conocer lo discutido con el gobierno de Medellín, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
$15
millones puede costar un predio en el barrio El Faro para construirse una casa.
