Martha Soto Gallo nunca ha dejado de buscar a su hermano Jorge Enrique. Durante casi cuatro décadas ha mantenido vivo su nombre, su rostro estampado en camisetas o carteles que cuelga en cada conmemoración, en cada plantón de víctimas, en cada lugar donde pueda para que nunca lo echen al olvido, para que todos sepan que ella lo sigue esperando, aunque sea un cuerpo lo que le entreguen, como una forma de mitigar el dolor que causa la incertidumbre.
Desde 1985, cuando empezó la búsqueda, también se convirtió en la voz de muchas madres, esposas, hijas, hermanas que buscan a sus seres queridos desaparecidos y que siguen luchando por sus derechos a verdad, justicia y reparación. Su papel ha sido clave en la defensa de los derechos humanos, en la construcción de memoria histórica y en la denuncia de los crímenes de Estado.
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Esta trayectoria fue motivo para que la eligieran como una de las finalistas del Premio Nacional de Derechos Humanos 2024, en la categoría Reconocimiento a toda una vida, que es otorgado cada año a un defensor “por su valor, perseverancia y presencia en la defensa de derechos humanos, con mínimo 30 años de trabajo en Colombia”. En esta categoría también están nominados Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y el padre Jesús Albeiro Parra Solís, sacerdote de la Diócesis de Quibdó desde 1988 y director ejecutivo de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) desde 2018.
“No esperaba la nominación, tampoco esperaba como tanto cariño, tanto amor de mucha gente que me escribió diciéndome que era muy merecedora de ello, estoy muy feliz. Pero quisiera resaltar que esta nominación no es solo por mi vida, es también por la vida de mi hermano, porque la mitad de mi historia es su historia”, dice Martha, quien comenzó su transitar en la defensa de los derechos humanos con el colectivo Semillas de Libertad y vinculándose a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfades).
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Posteriormente, en 2005, fue una de las cofundadoras del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), al que sigue perteneciendo desde el capítulo Antioquia y que ha sido fundamental en procesos como las denuncias de violaciones a derechos humanos en la comuna 13 y las medidas cautelares para buscar posibles víctimas de desaparición en La Escombrera y en otras zonas del departamento. También hizo una ardua tarea en la defensa de los derechos en comunidades de La Honda o La Cruz, en la comuna 3-Manrique, donde habitaban personas que cargaban con el terror del conflicto desde zonas como el Urabá antioqueño.
A Jorge Enrique lo desaparecieron el 17 de julio de 1985, cuando tenía 24 años y era militante del Partido Comunista, con una apuesta en construir lo que luego fue la Unión Patriótica. Martha recuerda que se dirigía de Medellín, donde vivía, hacia Bogotá, cuando le perdieron el rastro y casi 40 años después no tienen certeza alguna de las circunstancias ni los responsables de la desaparición.
