La crisis que durante la última década ha venido arrastrando el mercado de la energía en la costa Caribe colombiana terminó llegando a las puertas de EPM en una de sus formas más duras. Pese a que desde 2020 ya eran múltiples las voces que alertaban de que la herencia de la desaparecida Electricaribe podría convertirse en una bomba de tiempo, solo fue hasta esta semana que el tema estalló en las manos del gobierno de Medellín, esta vez por cuenta de una de las denuncias de corrupción más graves en la historia reciente de EPM.
Más allá del testimonio que ahora está en poder de la Fiscalía, según el cual la gerencia de esa compañía habría sido transada por un pago de 8 millones de dólares, el reciente escándalo volvió a enrostrar los hondos problemas que tienen sumida a Afinia en una crisis severa.
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Y es que aunque desde Medellín EPM ha venido sacando de su ya presionado bolsillo cientos de miles de millones para costear créditos, capitalizaciones y tapar todo tipo de huecos –en una inversión que es calculada en por lo menos $2 billones desde 2020– esta filial pareciera ser un barril sin fondo y este año requeriría de un desembolso de por lo menos otros $1,5 billones, según fue discutido recientemente en la junta directiva de EPM.
Dejando por fuera esta gruesa cifra, varios indicadores mensuales muestran también que la filial ha tenido que seguir subiendo de forma sostenida sus tarifas de energía, así como hacerle frente a pérdidas mensuales que recientemente fueron calculadas por la Alcaldía de Medellín en un rango entre los $80.000 y los $90.000 millones.
Así mismo, por el lado de las tarifas, mientras en abril del 2023 el kilovatio hora para el estrato 4 estaba en $845, en marzo este ya se había trepado a $1.096, lo que se traduce en un incremento del 29,7%, el segundo más alto del país.
Si bien en todo el país estas alzas han estado influidas por variables como el fenómeno de El Niño, en el caso de la costa Caribe ha estado especialmente impactada por la dependencia a las compras de energía en bolsa, que en el caso de EPM han implicado un esfuerzo financiero adicional.
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Aunque el año pasado, según informó la misma compañía, el salvavidas vino por cuenta de un crédito intercompañía de EPM por $450.000 millones, otra capitalización desde Medellín por $350.000 millones y créditos con entidades de la Nación como el Findeter por $280.000 millones, en el caso de esta última entidad este año la empresa ha tenido cerrada la llave.
“Afina está en una situación financiera que obliga de manera urgente convocar al Gobierno Nacional para que encontremos soluciones. De no ser así, tendremos una crisis en la filial que afectará la prestación del servicio de energía en cinco departamentos de la costa Caribe en un futuro inmediato”, alertó este lunes el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.
Pese a que es difícil calcular los impactos concretos que la situación de Afinia podrían representar en el futuro del Grupo EPM, que al cierre de 2023 valoró sus activos en $77 billones, la filial en la costa Caribe quedó reseñada en los últimos estados financieros como una de las empresas que sufrió deterioros en sus activos.
En una lista conformada por otras filiales como Aguas de Antofagasta, TICSA y Aguas de Morelia, el Grupo EPM calculó para Afinia un deterioro en sus activos por $111.638 millones al cierre de 2023.
Además de esas empresas, cabe recordar que dentro de la lista de dolores de cabeza que arrastra EPM sobresalen otros negocios como Tigo-Une, que impactó en las transferencias de la empresa al Distrito el año pasado; Hidroituango, que pese a encender sus cuatro primeras turbinas aún está pendiente de una inversión de por lo menos $1 billón para sus obras finales; y otros líos como un descuadre en caja de $5 billones, según alertó el gerente general John Maya Salazar.
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Junto a estos números, para otras voces la situación de Afinia también debe pensarse en función de los coletazos reputacionales que está dejando para su casa matriz, que este año arrancó también remando contra la corriente por cuenta de una maltrecha relación con la banca multilateral y nacional.
Mauricio Restrepo Gutiérrez, gerente de EPM entre 1995 y 1997, consideró por ejemplo que dado de que el buen nombre de EPM se ha conservado por más de seis décadas, escándalos como el de Afinia atentarían contra su credibilidad institucional, su confianza empresarial con la banca y, en consecuencia, con su solidez financiera.
“En ese aspecto, la tarea que tiene la actual administración es muy grande, porque es tratar de recuperar esos indicadores de gestión y devolverle a Afinia los pilares con los que se había construido, el rigor jurídico, técnico y financiero”, planteó.
De igual forma, en materia financiera, Restrepo apuntó que debe emprenderse un trabajo exhaustivo para establecer si hubo hechos que ocasionaran detrimento patrimonial en la filial, con miras a revisar cómo se manejó la empresa durante los últimos cuatro años, así como lograr que desde el orden nacional se inyecten recursos.
A propósito de dichos detrimentos patrimoniales, desde la Veeduría Todos Por Medellín, su vocera Piedad Patricia Restrepo, coincidió en que a la hora de estudiar la situación financiera de la compañía no debe dejarse a un lado el problema de la corrupción, ya que, de no emprenderse una intervención de fondo, el camino para que se recupere la infraestructura eléctrica de la región Caribe y se mejoren los indicadores seguirá estando cuesta arriba.
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Según argumentó Restrepo, recientemente la veeduría tuvo por ejemplo acceso a una fuente humana, que pidió la reserva de su identidad, que arrojó luces frente a un megacontrato firmado en 2022, por más de $300.000 millones, que tenía el objeto de construir y remodelar las redes del sistema de distribución.
“Pese a que Afinia tuvo el acompañamiento técnico por parte de la matriz, estos lineamientos técnicos y jurídicos se desconocieron, en un proceso en el que presuntamente hubo corrupción y favorecimientos a ciertas empresas, a través de los lineamientos para la adjudicación del proceso”, señaló Restrepo.
Posteriormente, alertó, se efectuaron cálculos para establecer que habría pasado si se hubieran atendido las recomendaciones de EPM y se llegó a la conclusión de que la empresa se habría ahorrado cerca del 10% del valor de dicho contrato. Todo esto sin dejar de lado que, en medio de ese proceso, también surgió una denuncia por el presunto cobro de coimas, que también ya fue instaurada en la Fiscalía.
En este punto, apuntó Restrepo, esos malos manejos claramente deben impactar las finanzas de Afinia, bien sea porque terminan generándose sobrecostos o, aunque los costos se mantengan, se resienta la calidad de la ejecución de los contratos.
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